Casa de la Memoria de Malvinas Argentinas

Fue el “último de facto”, como él mismo se definió. Su retrato fue sacado del patio de honor del Colegio Militar. En octubre pasado instó a los jóvenes a “terminar” lo que el terrorismo de Estado no había podido. Lo procesaron por sustracción de menores y se encontraba en libertad hasta ayer, cuando la Justicia ordenó su arresto en la megacausa Campo de Mayo. El dictador Reynaldo Bignone está preso junto al represor Santiago Omar Riveros en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, el mismo sitio donde funcionó el centro clandestino en el que se cometieron violaciones a los derechos humanos, que ahora se les imputan. También fue detenido en esta causa un torturador apodado “el Alemán”, cuya especialidad eran los interrogatorios a militantes del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Y los querellantes pidieron la elevación a juicio del tramo del expediente referido al asesinato del joven Floreal Avellaneda. La investigación de los crímenes cometidos en el mayor centro de exterminio del país –donde funcionó una maternidad clandestina, por donde pasaron unas cuatro mil personas que permanecen desaparecidas y del que casi no hay sobrevivientes– parece haberse reactivado. Y la nueva detención de estos jerarcas de la represión demuestra que quienes dieron las órdenes desde los escritorios también se mancharon las manos.

Durante una década y media los expedientes de la causa “Riveros” estuvieron paralizados por acción de las leyes de impunidad, los indultos y la posición de la Cámara de Apelaciones de San Martín, reacia a la persecución de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Sin embargo, con la anulación de esas normas la Justicia de primera instancia reaccionó. “Tras tanto tiempo de inacción, se puso a la delantera en citar, indagar y detener a los responsables”, expresó el abogado Pablo Llonto, uno de los querellantes de esta pesquisa que tiene más de 250 casos, muchos de ellos conocidos recién a partir de 2003.

Riveros fue indagado el miércoles por los casos de Héctor Ratto y Griselda Fernández. Bignone postergó para hoy su declaración, y le preguntarán por Serafín Barreira, Pablo Alberto García, Beatriz Castiglioni de Covarrubias, Ratto y Fernández. Sin embargo, el juez federal Martín Suárez Araujo ordenó su detención hasta que resuelva su situación procesal, para lo cual cuenta con diez días. El mismo destino tuvo el ex presidente de facto, y ambos pasaron la noche en el lugar donde funcionó el centro clandestino en donde impartieron órdenes, según confirmó a Página/12 una fuente judicial y ratificó el Ministerio de Defensa. Más allá de lo que puedan argumentar en su descargo, lo más probable es que el magistrado los procese con prisión preventiva, pero les concedería el beneficio del arresto domiciliario, en virtud de su avanzada edad. Riveros, de 83 años, será sometido hoy a los exámenes psicológicos previos al otorgamiento de ese tipo de concesión.

Según pudo reconstruir este diario, el represor Néstor León López, de 66 años, alias “el Alemán”, fue detenido el martes tras el allanamiento de su domicilio en Ramos Mejía. Está acusado por los casos Barreira, Castiglioni, Covarrubias, Ratto, Romero, Bianchi, Aliberti y Scarpatti, entre otros. La Justicia llegó a él tras una intensa labor investigativa, con la participación de una testigo reservada y la intervención de los querellantes, entre ellos la Secretaría de Derechos Humanos nacional. “La detención del Alemán es importantísima porque es un torturador que forma parte del grupo que actuó en Campo de Mayo y podría permitir la identificación de otros represores que sólo se conocen por apodos y siguen en las sombras”, comentó el abogado Llonto. “Esta causa se empezó a mover, esperamos que se mueva más, hay muchos cruces posibles, por ejemplo todo lo que pasó en Escobar a partir de 1976”, afirmó el jefe de gabinete de la secretaría, Luis Alén. También son parte de la querella los abogados Rodolfo Yanzón, Alcira Ríos, Adrián Gómez y Jorge Brioso, entre otros.

Riveros, ex comandante de Institutos Militares y jefe de la zona IV que abarcó el norte del conurbano bonaerense, sufrió un revés cuando en agosto pasado la Cámara de Casación anuló el indulto menemista de 1989, con el que había logrado evitar la acción de la justicia. Y será la Corte Suprema el ámbito que tenga la última palabra.

Uno de los casos que se investigan en esta causa, que ahora lleva el número 4012, es el de Matilde Lanuscou, ocurrido en 1976. Un grupo de tareas del Ejército ingresó a la casa familiar y asesinó a sus padres y a sus dos hermanos, de 6 y 4 años, procediendo además a la apropiación de la nena, que tenía seis meses. En esta megacausa también se investiga el destino del “Negrito” Avellaneda, un adolescente de catorce años cuyo cuerpo apareció en el Río de la Plata tras su muerte por empalamiento. Tras su reapertura, fue agregado el expediente del líder del ERP Mario Roberto Santucho y, la semana pasada, se inició la querella por el asesinato del ex diputado Diego Muñiz Barretto.

Reynaldo Benito Bignone sucedió a Leopoldo Fortunato Galtieri, tras la derrota de Malvinas, y fue el encargado de borrar las pruebas de la represión. A través del decreto 2726/83, ordenó la destrucción de documentación referida a los secuestros y las desapariciones cometidas por sus subordinados, y llegó a ser enjuiciado por este delito. Sin embargo, lo salvó uno de los indultos del ex presidente Carlos Menem. Claro que su responsabilidad comenzó mucho antes. Desde diciembre de 1975 fue director del Colegio Militar de El Palomar, correspondiente a la zona IV. El 28 de marzo de 1976 estuvo a cargo del operativo en el hospital Alejandro Posadas, donde fueron secuestradas 40 personas, despidieron a todo el personal y se convirtió el lugar en un centro clandestino de detención. Entre 1976 y 1977 fue jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, y en 1980 se convirtió en jefe del centro clandestino de Campo de Mayo. “En la guerra sucia hay inocentes que pagan por los culpables”, hijo Bignone en una visita, según una de sus víctimas.

Con la llegada de la democracia fue imputado por siete privaciones de la libertad y tres tormentos, y su primer encarcelamiento se produjo en 1984 por la desaparición de los conscriptos Luis Daniel García y Luis Steimberg, casos que integran la megacausa Campo de Mayo. Pero la ley de Obediencia Debida le devolvió la libertad. La segunda vez que la perdió fue en 1999 cuando el ex juez Adolfo Bagnasco lo responsabilizó, como ex presidente de facto, por haber otorgado la garantía de impunidad inherente a la esencia del plan de apropiación de menores, a través de la Ley de Amnistía, el llamado “Documento Final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo”, y la orden de destrucción de documentación. En diciembre de 2005 la Cámara Federal lo liberó porque había pasado seis años con arresto sin ser juzgado. Ayer Bignone faltó a la citación del juez Rodolfo Canicoba Corral, que lo acusa de apología del crimen por su exhortación para que la juventud prosiga el proceso de la dictadura.