Alejandro Aliaga realizó ayer una denuncia
ante un fiscal de Instrucción al entender que la marcha del 24 de marzo pasado,
en la que se recordó el 29º aniversario del golpe militar de 1976, le impidió
ejercitar su derecho a ejercer el culto católico, por lo que aseguró que se
cometió una violación a la Ley 23.592 que reglamenta la descriminación
religiosa, racial e ideológica.
Aliaga narró que cuando fue el jueves a la
iglesia Catedral con sus 5 hijos, los 
manifestantes
“tirados sobre las escalinatas del templo, con música estruendosa en el día
más importante y de dolor para el catolicismo y luces psicodélicas, agredieron
verbalmente a mi hija e impidieron que pudiera orar”. Además el letrado
constató a través de un escribano que se estaba utilizando luz eléctrica de
un tablero público, cuyo “candado había sido cortado con una sierra”, lo
que constituye un acto de “robo y destrucción de propiedad pública”, a lo
que hay que sumar “la inacción de la Policía que no actuó cuando se le
notificó del ilícito”. Reclamó Aliaga que, así como “en otros templos
son cerradas las calles y hasta revisadas las personas, en determinados días de
celebración, como católicos nos gustaría tener esa custodia”.
El letrado denunció ante el fiscal general de la Provincia a la
Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, co-organizadora del acto.
La presentación también incluye a la Policía porque el abogado no pudo conseguir
que el policía al que se dirigió para denunciar la agresión verbal, los
insultos a la Iglesia y el robo de electricidad, actuaran para hacer cesar todos
esos delitos.
En declaraciones a Cadena 3 Aliaga anticipó que el viernes formalizará la presentación ante el Inadi