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¿Está la Argentina convirtiéndose en un
“santuario nacional para terroristas extranjeros”?. Esa es la pregunta que
se hace el sitio de internet Ambitoweb.com esta semana. Como sugiere el
provocativo comentario, es una posibilidad que alarma en estos días a más de
un argentino.
Es también una pregunta que merece la atención
de los políticos de Estados Unidos. La Argentina se parece cada vez más a la
Arabia Saudita de antes del 11 de Septiembre, pero en Sudamérica.
Aunque las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos son cordiales,
lo que se está cultivando en el Cono Sur difícilmente califique a la
Argentina como aliado en la lucha contra el terrorismo. Habiendo probado los
frutos del doble lenguaje saudí cuatro años atrás, Estados Unidos no debería
dejarse sorprender por segunda vez.
La preocupación despertada en Ambitoweb.com llega
inmediatamente después de una decisión de un juez argentino de rechazar la
solicitud de Chile de extraditar a Sergio Galvarino Apablaza. También
conocido por su nombre de guerra, Comandante Salvador, el chileno es un
antiguo jefe del grupo extremista de izquierda llamado Frente Patriótico
Manuel Rodríguez. Está acusado del asesinato del senador chileno Jaime
Guzmán en 1991, y del secuestro de Cristian Edwards, hijo del propietario del
diario chileno El Mercurio.
El gobierno del socialista chileno Ricardo Lagos
no es precisamente una junta derechista dedicada a capturar enemigos políticos,
particularmente uno de la ideología de Apablaza. Lagos es famoso porque una
vez desafió al General Augusto Pinochet a dejar el poder. Pese a esto, según
Ambito, el juez argentino que rechazó el pedido de extradición “asumió
que los crímenes atribuidos a Apablaza eran de naturaleza política”, y
ordenó su libertad inmediata.
El miércoles, Apablaza se presentó en el cuartel
general de un grupo de derechos humanos en Buenos Aires, proclamando que lo único
que lamentaba era “no haber hecho más para terminar con la tiranía de
Pinochet”. Eso suena muy valeroso, hasta que uno se entera del hecho de que
Guzmán fue asesinado mucho después de que el Gral. Pinochet voluntariamente
dejara el poder en manos de un gobierno civil elegido democráticamente. Su
asesino obviamente tenía algún otro objetivo en su mente, más que el
de liberar al pueblo chileno. Como era de esperar, el Partido Comunista de
Chile celebró la decisión argentina. El Comandante Salvador mantiene su
inocencia y el jueves pidió a las Naciones Unidas que le reconozca status de
refugiado político.
Lamentablemente, la decisión del tribunal federal
de proteger a un terrorista chileno buscado no es un evento aislado, sino un
rasgo distintivo que hoy prevalece en los niveles más altos de la
política y la jurisprudencia argentinas. En Mayo la Corte Suprema rechazó la
extradición de un terrorista que pertenece al grupo separatista vasco
conocido como ETA, que se ha cobrado más de 850 vidas desde 1968. Jesús María
Lariz Iriondo está acusado de un atentado con bomba en 1984 en Eibar. Sin
embargo la corte dictaminó que el acto terrorista que le es atribuido no es
un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, el delito ha prescripto y su autor
ya no puede ser acusado por el hecho.
En una editorial titulada “Crímenes de lesa
humanidad”, el diario La Nación, en su edición de ayer señaló que
esto es directamente contrario a la resolución de 1996 de las Naciones
Unidas, que define crímenes de lesa humanidad como “actos criminales con
objetivos políticos cometidos o planificados con el objeto de provocar un
estado de terror entre la población en general o en un grupo específico de
individuos”.
Una interpretación literal de la resolución de
las Naciones Unidas resulta inconveniente para el gobierno de Kirchner. El
grupo terrorista argentino conocido como “montoneros”, junto al ERP
(apoyado por Fidel Castro), cometió atrocidades -como las de ETA- contra
inocentes durante una década, antes de y durante el gobierno militar que tomó
el poder en 1976, produciendo más de 1.500 víctimas. Hoy, la Argentina
permite a muchos montoneros reconocidos circular por el país con impunidad.
Algunos son miembros del gobierno. Esto, por supuesto, es el núcleo del
problema de Kirchner: ¿cómo puede perseguirse a terroristas chilenos y
vascos mientras los antiguos montoneros gozan de absoluta libertad?.
La base de pensamiento de Kirchner es de extrema
izquierda, antinorteamericana, y durante los últimos dos años se ha movido rápidamente
para llenar el máximo tribunal argentino con jueces que piensen como él. En
nombre de la justicia la corte recientemente anuló la amnistía otorgada a
los militares en 1986 y 1987 por sus crímenes durante la “guerra sucia”.
Pero no ha dicho nada respecto de investigar a antiguos terroristas de ERP y
montoneros que utilizaron el mismo tipo de tácticas observadas ayer por la
mañana en Londres, hasta que fueron acallados por el gobierno militar.
Hoy en día Argentina tienen poco en común con países
serios como Chile, y más en común con Nicaragua, que está nuevamente bajo
el ataque sandinista. En mayo, jueces nicaragüenses se negaron a extraditar a
Italia a Alessio Casimirri, acusado del secuestro y asesinato del ex Primer
Ministro Aqldo Moro en 1978.
Para entender el porqué de las simpatías del
gobierno de Kirchner, es válido prestar atención a uno de sus más
importantes aliados políticos, Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de
Mayo, que festejó lo sucedido el 11 de Septiembre. Informes periodísticos
en Buenos Aires dicen que Bonafini luchó duramente para que le fuera
otorgado asilo político a Lariz Iriondo. El mes pasado estuvo en La Habana
con Fidel Castro, Hugo Chávez y el guerrillero salvadoreño Shafik Handel,
protestando contra Estados Unidos por no haber extraditado al anticastrista
Luis Posadas Carriles a la provincia cubana de Venezuela, para ser juzgado por
terrorismo.
La Argentina tiene una historia de haber protegido
a algunas de las figuras más oscuras del mundo, incluyendo fugitivos nazis
luego de la 2° Guerra Mundial. El Hezbollah, patrocinado por Siria e Irán,
está sospechado de haber orquestado en 1992 el atentado contra la embajada de
Israel en Buenos Aires, y en 1994 contra el centro comunitario judío AMIA.
Nadie ha sido llevado ante un tribunal por esos terribles eventos. Kirchner
dice estar investigando nuevamente aquellos atentados, pero los 11 años
transcurridos no dan muchas esperanzas.
A pesar de esa promesa, Kirchner se niega a
condenar a Chávez pese a que en 1994, el niño malo venezolano atacó
de palabra a la comunidad judía de su país, y apañó un ataque a una
escuela judía de Caracas. Según el sitio web del Departamento de Estado
norteamericano, en el año 2004, volantes antisemitas estaban “disponibles
al público en la sala de espera de los ministerios del Interior y
Justicia”.
Cuando la Secretaria de Estado Condi Rice se reunió
en Abril con el ministro argentino de Relaciones Exteriores, la agenda
contemplaba el tema de los derechos civiles en Venezuela. Pero un vocero del
ministro argentino dijo que, en lugar de eso, la conversación se centró en
lo que Argentina quiere: más préstamos del FMI, presumiblemente para
mantener a los simpatizantes de Kirchner provistos de banderas norteamericanas
para quemar. Los Estados Unidos deberían haber aprendido más de su
experiencia saudí.
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