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La
Sociedad Rural Argentina
El
más importante de los concesionarios, por la localización y
calidad de las tierras, era la Sociedad
Rural Argentina entidad por acciones, creada en julio para
explotar la enfiteusis y hacerse dar las mejores concesiones.
Rivadavia, presidente de la República y administrador de la
provincia de Buenos Aires por la ley de Capitalización, "no le
escatimó su apoyo" dice su biógrafo Piccirilli.
Era uno de sus fuertes accionistasSus hábiles agrimensores - destacábase Ambrosio
Crámer entre ellos - localizaron ciento veinte y cinco leguas
repartidas en Lobería, Volcán, Tapalqué, 25 de Mayo y Saladillo,
que el gobierno les concedió de inmediato. Además compra los
derechos de otros enfiteutas hasta llegar a ser "un
pulpo agrario cuyos tentáculos se extendían a varios partidos de
la provincia"
No explotaba establecimientos ganaderos, pues su negocio consistía
en subarrendar, pleitear con vecinos y esperar la valorización.
Desalojo
de los intrusos
Las
tierras ganadas a los indios estaban desiertas, pero no ocurría
igual con las localizadas dentro de la primera línea de fronteras. Eran
"baldíos" ocupados por criollos sin más título que una
larga posesión, un rancho y algún rodeo de vacas. Muchos de
ellos, sino todos, eran propietarios por posesión larga y pacífica,
pero no habían gestionado su título.
El
28 de septiembre (1825) el gobierno de Las Heras dispuso que
"quienes sin previo aviso se hallasen ocupando terrenos del
Estado" gestionasen dentro de seis meses su concesión en
enfiteusis bajo amenaza de desalojo. Ninguno lo hizo: posiblemente
se creerían propietarios, o no leerían el Registro
Oficial, no tendrían la extensión mínima de una
"suerte de estancia" para pedir la enfiteusis, o carecían
de padrinos hábiles para sacarles adelante el expediente. En
consecuencia el 15 de abril del año siguiente (1826), Rivadavia, ya
presidente de la República y dueño de Buenos Aires por la ley de
capitalización, "en vista de no haberse ejecutado con todo
rigor" el decreto del 28 de septiembre pasado, dispuso
"desalojar irremisiblemente" por la fuerza pública a los
intrusos y entregar sus tierras a "quienes
las habían solicitado en enfiteusis".
Anotemos
el primer efecto social de la enfiteusis: el desalojo de los que
trabajaran la tierra para dársela a quienes especulaban con ella.
La
ley de enfiteusis de 1826
Ya
estaba todo dispuesto para estabilizar las concesiones. La ley de
enfiteusis dictada por el Congreso Nacional el 18 de mayo de 1826,
estableció en veinte años la duración de las concesiones,
debiendo tasarse cada diez por un jury
compuesto por vecinos del partido y titulares de derechos; el monto
del arrendamiento anual sería el 8 % de la tasación en los campos
de pastoreo y 4 % en los de agricultura; se daban facilidades para
el pago del primer año abonándoselo en cuotas al solventarse la 2ª
y 3ª anualidades.
Tampoco
decía nada del máximo a conferirse ni de la obligación de poblar.
La de 1826, como la de 1822, no era una ley de colonización, sino
un expediente financiero para sacar provecho a una prenda
hipotecada.
No
gustó a algunos diputados que no se fijara un máximo de extensión
a la tierra a concederse: el viejo y sensato Passo habló así:
"Creo que no es
conveniente -dijo en la sesión del 11-5-26 - que
haya grandes propietarios y un montón de hombres pobres alrededor
(…) creo que en un buen
sistema de población las tierras deben repartirse procurando que se
formen fortunas mediocres". El cura apóstata y masón Agüero
(ex Lautaro I y Lautaro
II), ministro de gobierno, aceptó "que
hay ciudadanos que tienen en enfiteusis extensiones inmensas y todas
yermas en perjuicio de la población". Esto era para la
Historia, porque enseguida agregó que a su juicio el canon
movible cada diez años corregiría el abuso.
Que por supuesto no lo corrigió.
.
La
aplicación de la ley resultó un fracaso, aún desde un punto de
vista exclusivamente financiero. Las tasaciones, realizadas por los
mismos vecinos, fueron naturalmente bajas. Pero ni aún así los
enfiteutas pagaron la disminuida cuota de su canon.
En realidad el alquiler de la tierra no era pagado por nadie: en las
primeras concesiones de 1822 se había fijado $ 80 la legua que
nadie (o muy pocos) cumplieron. Rafael Saavedra, encargado
provincial de recibirlo, informaba al gobierno en 1825 que "este
ramo (el cobro del canon) es
un ente ficticio o fantasma inanimado (…) por
la poca delicadeza de los individuos a quienes se les ha concedido
(la tierra), o por efecto de la corrupción general de los años
que nos han precedido"
No
obstante haberse fundado en 1826 por decreto precedido de extensos
considerandos el Departamento
Topográfico y Estadístico que llevaría el Gran Libro de la Propiedad Pública (con cuatro mayúsculas para
que la gleba supiese que era importante), en sustitución de la
vieja Comisión de Tierras manejada a la criolla, el nuevo organismo
burocrático no sirvió para gran cosa. Lo denuncia el 13 de febrero
de 1828 el Colector de Impuestos de Dorrego, don Manuel José de la
Valle (padre del general Lavalle): al desorden administrativo de la
presidencia, dice la Valle, deberían sumarse "los
efugios de que se han valido los interesados para retardar el pago",
pese que los enfiteutas sacaban dinero de la tierra sin trabajarla,
"pues se han creído
autorizados para subarrendar los terrenos que no han querido o no
han podido poblar"
La
hipoteca de la tierra
Dorrego,
enredado en problemas internacionales, no pudo desgravar la hipoteca
sobre la tierra. Se limitó a reglamentar la enfiteusis tratando de
hacer con ella una política de colonización estableciendo un máximo
de doce leguas por concesión. Vencido el golpe unitario de 1828,
Viamonte hace dictar en septiembre de 1829 al Senado Consultivo una
ley (conjeturablemente proyectada por Rosas), dando en propiedad a
quienes cumplieron diversos requisitos de colonización y defensa,
pequeños lotes de “una suerte de estancia" (media legua por legua y media) en la
frontera con los indios. Fue la primera medida oficial que abrogaba la hipoteca sobre la tierra pública. No se pudo cumplir de
inmediato, tal vez por mediar ingerencias diplomáticas. Pero
llegado Rosas al gobierno, la pone en vigencia en junio de 1832
Quedando inaugurada así la Primera Tiranía Sangrienta. Pero don
Juan Manuel, el Tirano Inhumano, no les pidió a los patriotas
terratenientes de la Sociedad Rural que devolviesen al estado el
dinero habido de los subarriendos, cesión de los campos para
pastoreo y la cría de los ganados de ellos durante casi una década,
so pretexto de que quería pacificar el país. Bonachones, le
devolvieron la gentileza con siete guerras y en la última, cuyo epílogo
fue la Derrota Nacional de Caseros, casi lo matan.
FINAL
DEL CAPITULO IV
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