El Impuesto a la Riqueza

El impuesto a los bienes personales –ley que rige hasta el 2005- establece una carga del 0,5% sobre el excedente de 102.300 pesos en bienes personales, tope ridículamente bajo como no podía ser de otra manera, ya que fue sancionado en 1991 y prorrogado más tarde por diputados y senadores del Modelo.

Según el Ministerio de Economía, hay 450.000 contribuyentes inscriptos, cifra insólita por lo baja, ya que el propio Ministerio de Economía estima que debería ser más del doble.

Efectivamente, ¿cómo se puede admitir que solo 450.000 personas posean bienes por más de 102.300 pesos que se superan con una casa, un departamento y un automóvil? Ya sabemos cómo se trampea en las Declaraciones Juradas de Bienes. Para tomar un ejemplo, la declaración de bienes de Rodriguez Saá o de Menem oscilan en Un millón de pesos, de manera que sólo pagarían $ 5.000 por año.

En el año 2001 este impuesto solo recaudó 769 millones de pesos, mientras que en los primeros siete meses de 2002 sólo se habían recaudado 292 millones. Pero al aumentar los valores de los inmuebles y los autos, mucha gente tendría que autoincluirse en el regimen y los contribuyentes ricos deberían pagar más en términos absolutos. Por ejemplo, un departamento que en diciembre’01 costaba 80.000 pesos, ahora cotiza en 40.000 dólares, es decir unos 145.000 pesos.

Si nos atenemos a las cifras de la pobreza (ver datos publicados en nuestra edición anterior, página central) por lo menos la mitad de la población no llega a la cifra imponible, mientras que una gran masa de la población que ha acumulado riqueza en esta última década (countrys, bienes en el exterior, capital financiero, etc.) está eludiendo un impuesto directo ínfimo para su riqueza; y que por otra parte es un delito de evasión. Nos preguntamos cuánto pagan los que todavía tienen más de 50.000 dólares en el corralito.

¿Y qué hace el gobierno para controlar la evasión de este impuesto? Nada.

Hay que decir que el impuesto es del 0,50% para la diferencia entre $ 102.300 y $ 200.000, y que se eleva a 0,75% cuando supera los $ 200.000 tanto para los residentes como para los radicados en el exterior por bienes situados en el país. De manera que el impuesto no alcanza a los bienes que los ricos tienen en el exterior, que suele superar ampliamente a los bienes declarados en el país.

Es decir que además de la levedad de este impuesto, los ricos y poseedores de los bienes, servicios, tierras y demás medios productivos de la Argentina, evaden el impuesto a los bienes personales que acumulan con las ganancias que se originan en la renta o en la explotación de la mano de obra asalariada.

Un Plan de Emergencia Económica, como el que plantea el Partido Socialista Auténtico, debería plantear el aumento sustancial y progresivo de las alícuotas a medida que aumenta la riqueza de los poseedores de la Argentina.

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