S.Q.: Las nuevas ordenanzas de la FSSPX nos anunciaban la creación de Tribunales canónicos con los poderes de 1ª., 2ª. instancias (episcopales) y 3ª. instancia de la S. Rota romana (Papal), para decidir y fallar judicialmente con valor legal obligatorio. La Comisión Canónica, de la FSSPX, que creíamos ser un órgano consultivo y de asesoría, para ayudar a la unidad moral de los sacerdotes en los casos difíciles que se presentaran en el apostolado, pasaba a ser, junto con los nuevos "bureaux", todo un sistema judicial (cerrado) constituido, como lo afirma su presidente, con la "potestatem ligandi vel solvendi".

Se dice que las frecuentes dudas que pesan sobre las declaraciones de nulidad de los Tribunales eclesiásticos, llamados por la Comisión "Novus Ordo" darían lugar para legitimar un "derecho" a suplir con Tribunales propios funcionando en el seno de la FSSPX.

En un artículo aparecido en "COR UNUM" (publicación interna de la FSSPX) el presidente de la Comisión canónica, Mons. Tissier de Mallerais, intenta la justificación doctrinaria de la existencia y funcionamiento de dichos tribunales presentando como razón central el estado de necesidad de los fieles: "comme pour les sacres". ("como para las consagraciones" de obispos repiten aún ahora algunos sacerdotes, como justificación de los Tribunales, cuando no logran hacer creer, a quienes preguntan, de que sólo existe una Comisión consultativa).

Trataremos de seguir el mismo esquema de la argumentación para ver: si es suficiente para justificar esta novedad, si es válido, si se justifica su creación y cómo puede incidir en las relaciones con la Autoridad legítima de la Iglesia, en quien reside, por derecho divino, el poder supremo, el Papa que la Fraternidad dice reconocer como tal y finalmente si se puede decir estrictamente que la creación de los Tribunales corresponde también al mismo orden que para las consagraciones episcopales.

3- Como consecuencias prácticas: a) 80% de las nulidades declaradas por los tribunales se basan en el n. can. 1095 por lo que son "jugements nuls".(sic.) b) En los casos en que hay motivo serio de nulidad, difícil de probar, el tribunal escoge, como solución fácil, el can. 1095. No pudiéndose aceptar, (moralmente: si) para poder casarse de nuevo una persona, un juicio inválido.

COMENTARIO: Aparte de que en todo esto puede haber una generalización, si se aplica el criterio esgrimido para crear las comisiones, prácticamente, no habría ningún organismo de gobierno en la Iglesia que tenga legitimidad y que no deba ser suplido, y lo que habría que suplir es a la misma Iglesia, ¿adónde se va a parar?...(1) Pero: "el abuso no extingue el uso" dice el adagio Romano. El que un Tribunal aplique leyes de modo laxo y leyes basadas en una filosofía personalista, no hace ilegítimo al tribunal. La declaración excesiva de nulidades basadas en cánones incompatibles con la doctrina tradicional (cc. 1095 y 1098) tampoco hace ilegítimo al Tribunal; el mal proviene de la legislación que hay que denunciar y buscar por todos los medios legales su modificación. La tesis es que, a causa de estos males en la legislación y su aplicación, no hay tribunales legítimos en la Iglesia incluida la Rota Romana y esto, ipso facto, daría legitimidad, a los tribunales creados por la Fraternidad y los que puedan crear todos sacerdotes y obispos que piensen igual, para ejercer una jurisdicción supletoria al margen de la jurisdicción pontificia (plena por derecho divino) de jerarquía oficial.

Pero no hay causalidad jurídica necesaria entre ley mala, sentencias dudosas y jurisdicción para un tribunal ad hoc. Aceptando el diagnóstico de la situación, (hay casos dudosamente graves), ¿esta situación permitiría asumir de por sí la potestad a los miembros de la Comisión y darla luego darla los nombrados por ella, dándole a sus juicios fuerza de ley convirtiéndolos así en sentencias válidas y definitivas? ¿Por virtud de quién o de qué son nombrados jueces?...Esto implica desconocimiento o negación de la legitimidad, aunque se diga lo contrario, de la autoridad constituida y proceder a sustituirla. Por lo menos hay sospecha de cisma; lo que diferencia el juicio personal de un abogado o de un perito canónico y el juicio de un juez, es que el del juez, aunque fuera equivocado, tiene fuerza de ley, como sentencia, cuando falla en cuanto tal, haciendo uso de la autoridad recibida legítimamente de quien lo constituyó y a quien el representa al juzgar. Si la mala doctrina y los abusos en el ejercicio de la autoridad permitieran asumirla y ejercerla ad hoc, no habría ningún orden posible, ni civil ni religioso: viviríamos en plena vacancia. Ni la Escritura, ni el Magisterio han enseñado que se puede establecer una justicia ad hoc, por los particulares en el caso en que los jueces, en una sociedad, tengan una filosofía herética o den sentencias moralmente inaceptables; aunque así fuera, el poder, y en ocasiones el deber, de resistir no da derecho a erigir tribunales distintos por parte de quienes, reconociendo o no la Autoridad constituida, quieren pertenecer a dicha sociedad (en este caso a la Iglesia). En otras palabras, pretender establecer, en la Iglesia, una autoridad jurídica diferente de la establecida (que en últimas viene de Dios por Pedro), es salirse de la Iglesia; y quien reconozca valor jurídico a estas nuevas autoridades también, ipso facto, se separan de la Iglesia... este es el drama y la gravedad de lo que sucede.

Nuestro Señor manda, a los leprosos sanados, presentarse ante la autoridad, como lo mandaba la ley y bien sabemos, sin embargo, el daño que hacían a la fe y el peligro que representaban estos hombres sentados en la cátedra de Moisés; Y eso, ante la altísima (infinita) autoridad de Jesucristo; miremos el daño que causaban y la doctrina que profesaban los tribunales que Lo juzgaron; y a pesar de todo...su autoridad no se discute. Ellos responderían ante Dios por el uso de su autoridad, pero la autoridad la tenían...

En la Iglesia (es dogma de Fe) la plenitud de la jurisdicción, de derecho divino, la tiene el Papa; no existe ninguna jurisdicción fuera de ella; todo acto jurisdiccional, en cualquier nivel, es solo una parcela de la totalidad que se ejerce a nombre de él; por lo tanto de Jesucristo que se la dio; debe ejercerse en armonía con ella y del modo establecido. La autoridad viene de Dios al Papa directamente y por él pasa a los obispos y por ellos a los jueces, en el fondo toda jurisdicción es papal. No hay "by-pass" para tenerla por otra vía.

La llamada jurisdicción de la Iglesia es la misma; no existe otra, le viene por medio del Papa y se aplica en las condiciones que él, como Supremo legislador, lo ha dispuesto a través del Derecho el cual recibe su fuerza legal por su promulgación. (2)

1. No tienen derecho a ir a los tribunales nuevo Ordo: Es correr un riesgo de recibir un nulidad nula y volverse a casar y vivir así en pecado.

Comentario: La jurisdicción es un poder "para gobernar a los fieles en las cosas eclesiásticas" que se recibe del que la posee; es de fe que Cristo la confirió plenamente a Pedro y sus sucesores que la transmiten de manera ordinaria cuando está ligada a determinado cargo o por delegación cuando es atribuida a una persona determinada. Es la jurisdicción, y no el sacramento, la que da al sacerdote la facultad de ejercer legítimamente el poder de orden y el derecho a tomar parte en el gobierno de la Iglesia (cfr. Curso de Apologética Cristiana 2ª. Ed. vol. II, p. 39).

Cuando el sacerdote ejerce algún acto que exige la jurisdicción sin tenerla, el supremo legislador ha previsto para algunos casos la suplencia de la Iglesia dando legitimidad a esos actos, con miras a la salud espiritual de las almas. Para esto el CIC estipula en el n. c. 144 las condiciones y la materia de la suplencia. Es sorprendente que este canon que en documentos anteriores a la publicación de COR UNUM, era puesto como pivote de la argumentación, para justificar la existencia de los tribunales, ni siquiera sea citado ahora; por lo tanto limitémonos a dejar en claro que ni el "error común" ni la "duda positiva y probable"(condiciones exigidas por el Derecho para suplir la jurisdicción ordinaria o delegada) se aplican en este caso para que la Iglesia supla; además, que no hay suplencia para la potestad legislativa ni para la judicial; esta última exige siempre la certeza moral del juez al dictar sentencia. Si fuere necesario podríamos citar más de un comentarista al respecto.

1. y 2.: Los fieles, conscientes de la situación y del riesgo corrido, no pueden acudir a los tribunales ni juzgar por su propia cuenta o aceptar, como sentencia judicial, el concepto de un sacerdote amigo por más sabio y santo que sea (que si lo fuera, estará de acuerdo que así es). Pero... una pregunta: ¿porqué éste sacerdote, si es un sacerdote fiel, no tendría la misma "autoridad de suplencia" del sacerdote "superior de Distrito"? Las condiciones serían las mismas o quizás con más méritos si fuera un experto en cuestiones canónicas o se asesorara mejor. Si se admite la argumentación y se es consecuente, algunos sacerdotes podrían igualmente constituirse para suplir la autoridad de la Rota que depende directamente del Papa ¿Qué autoridad se lo impediría?... Quizás, sin darse cuenta, ya se abrió la puerta al subjetivismo; cuando, por su cuenta, se establecieron las "nuevas autoridades de suplencia" el camino quedó abierto para que todo el que se considere fiel, organice su propio tribunal supletorio siguiendo el ejemplo y con los mismos argumentos.

Sí, "ni tribunal oficial ni punto de vista privado y hay que tener seguridad de un juicio válido..."(Aquí se da el paso que cualquiera podría dar y que no es ni proporcionado ni justificable ni benéfico para el orden público en una sociedad): por lo tanto nos declaramos competentes para ejercer justicia y nuestro juicio será válido, y no hay derecho para negarlo. (no es otro el raciocinio de los movimientos subversivos de cualquier orden).

En 3. está claro: Tienen derecho en justicia a estar seguros (la inseguridad de los sujetos de cualquier fallo siempre se puede dar, sobretodo si es adverso a sus anhelos personales, no olvidemos que estamos frente a hombres de carne y hueso con P.O.) del fallo, sobretodo si quieren casarse de nuevo, y de ser protegidos de los errores personalistas que invaden las sentencias. Si esto nos da el derecho de erigirnos en la alternativa de un juicio válido asumiendo la autoridad supletoria, no veo como no podríamos igualmente y con mayor razón asumir todos los órganos de gobierno, especialmente los de la liturgia y doctrinales en cuanto que aquí la necesidad y el derecho en justicia a estar seguros engloba no sólo a los que tienen problemas matrimoniales sino a toda la Iglesia y aún a la humanidad que tiene derecho a conocer la verdadera doctrina católica que no es profesada por la autoridad que sin embargo reconocemos como tal. El problema de las nulidades es tan solo un aspecto parcial del problema. Hay muchos derechos en justicia y de muchos a ser protegidos contra los errores, no sólo personalistas, sino en todos los campos; pero de ahí a sentirnos llamados e investidos de potestad judicial para satisfacer ese vacío real y resolverlos, al precio de la sospecha de cisma, es un paso que, por lo menos, no conviene. No es razonable que del reconocimiento de esa realidad pasen nuestros juicios a adquirir carácter de sentencias oficiales y obligatorias; no hay secuencia lógica. Peor el remedio que la enfermedad. Es bueno querer resolver todos los problemas de todos y en todo el mundo, pero es utópico pretenderlo, hay que reconocer los propios límites, no estamos habilitados, y en justicia no nos obliga. Sólo Dios tiene una solución así.

4. "Los sacerdotes y obispos fieles tienen deber de defender y proteger el vínculo conyugal." ¿Cómo cumplirán ese deber? Ese es el problema: ¿Qué medios tienen a su disposición? hay muchos, pero no todos se justifican; para actuar hay que observar el principio de proporcionalidad (propio del derecho de necesidad) ¿ese deber es absoluto? ¿a qué precio lo pueden hacer y cuáles son los límites? por ejemplo: si consideramos que el dinero está mal distribuido y muchos sufren por eso, se tiene el deber de ayudar a las necesidades urgentes; ¿podríamos crear nuestro propio sistema monetario y fabricar dinero para cumplir el deber?... En nuestro caso ¿Tener ese deber, de defender y proteger el vínculo conyugal, es suficiente para ser habilitados a ejercer una potestad que no se tiene ni por la ordenación ni por designación a un oficio? ¿Basta, para que sea legal, la autoasignación? se deben usar todos los medios lícitos... Pero comenzar a "dictar sentencias" y crear tribunales por su cuenta significa desconocer la autoridad que por otro lado se dice reconocer como tal y salir de la sociedad sobre la cual se ejerce la jurisdicción que se suplanta.

Comentario: Para poder aplicar la analogía legalis, y que realmente sean paralelos los casos, se requiere que exista semejanza de materia y en cuanto a la razón jurídica entre la norma supuesta (contenida implícitamente) y la del CIC a que se refiere. En el c.1044-1045 la dispensa dada por el obispo es ordenada directa e inmediatamente al ejercicio de la "potestas sacra" (en caso urgente para recibir la gracia sacramental y morir en gracia o contraer válidamente el sacramento no pudiendo esperar sin grave inconveniente la demora en el recurso a la Autoridad: "ad casum" el legislador, usando su potestad, da facultad para actuar validamente).

Y en los Tribunales, en cambio, es un acto judiciario de la "potestas regiminis" de gobierno en que no está implicada directa e inmediatamente la recepción de la gracia sacramental o el ejercicio de la "potestas sacra". Los implicados en un juicio canónico pueden estar y permanecer en pecado mortal, también permanecer solteros o cambiar de estado y el juez puede ser un laico. El proceso en el tribunal es un acto jurídico sin conexión necesaria con la recepción de la gracia urgente para salvar el alma, o con un sacramento. El CIC establece la suplencia ordenada a los actos sacramentales "potestas sacra"; suplencia que permite, en favor de terceras personas, poner en acto una potencia que el titular (el sacerdote sin jurisdicción delegada) ya poseía al menos radicalmente. Muy distintos son los actos propios de la "potestas regiminis" de gobierno que no están vinculados directamente al ejercicio sacramental ni se adquiere sin la designación para actuar a nombre del Supremo juez; el ser ministro sagrado no habilita al ejercicio de la potestad judicial. El ejercicio válido de esa potestad, no sacramental, requiere, al tenor del derecho, la designación por el único que la posee en plenitud ipso iure; de hecho hay jueces laicos y su potestad, por el hecho de ser nombrados jueces, la ejercen ipso iure a nombre del que los nombró, dentro de los límites establecidos por el Derecho, su idoneidad personal no afecta a su potestad judicial en cuanto tal. Al actuar como juez actúa una potencia que se posee, no como facultad habitual, (3) sino por la designación, y sólo por la designación, de parte del único que tiene la plenitud, del poder en la Iglesia. De hecho toda potestad que se ejerza en la Iglesia es de algún modo cooperación en el ejercicio de otro que la tiene como propia; y es claro en todos los CIC y unánime que la potestad judicial que tienen los jueces o tribunales no puede delegarse y debe ejercerse del modo prescrito por el derecho; por lo tanto se debe tener siempre como propia, aneja a un oficio. Entonces, ¿Cómo puede obtenerla un tribunal ad hoc que además la transmitiría a otros "delegándolos" a su vez?... ¿por suplencia? creo que para afirmarlo se necesita tener una visión distorsionada del principio de jurisdicción de suplencia, pues para la creación y ejercicio del poder de los tribunales canónicos existen normas claras y explícitas, no cabe invocar laguna jurídica posible. Una cosa es la situación grave, que afecta toda la vida de la Iglesia y el deseo de solucionar los problemas de los fieles, y otra es plantear que por eso sea valido hacerlo y asumir la potestas regiminis de gobierno sin la designación necesaria apelando a la analogía legal.

En las normas del CIC, a que se hace referencia, el sacerdote y el obispo fiel, para actuar ya poseen cierta determinada capacidad de actuación; "Ecclesia supplet", entonces, completando lo que falta "ad casum"; Pero el ejercicio del poder de los tribunales, (de 1ª., 2ª. y 3ª. instancias) no entra dentro de las facultades habituales del ministro sagrado, -"potestas sacra"- y por si mismo, no lo habilita, para tener una capacidad de actuación legal en ejercicio de la "potestas regiminis" de gobierno(3); no es semejante ni la materia ni la razón jurídica.

Un verdadero lugar paralelo que nos guía para saber si en los actos de un tribunal canónico hay paralelismo en la suplencia de la Iglesia con los actos de que nos hablan los c. 1044-1045 es lo estipulado, en el c. 144 sobre la regulación de la suplencia del ejercicio de la jurisdicción en el cual no hay suplencia posible para ejercer el poder legislativo ni judicial. En la suplencia alegada aquí se trata de la potestad judicial o ejercicio de la jurisdicción propia del Papa que ejerce por medio de los tribunales canónicos.

En síntesis: no hay lugar paralelo, legalmente hablando, pues no existe semejanza en la materia, "in simile", en la norma canónica y la supuesta para el caso; por lo tanto el presunto lugar paralelo para actuar, como tribunales canónicos de suplencia, es inaplicable para el traspaso de la suplencia para ejercicio de una potestad (potestas sacra) en fuero interno que se posee in radice, a una suplencia, por analogía, del ejercicio de una potestas regiminis de gobierno en fuero externo, la cual, sin la designación, no se posee de ninguna manera.(4)Tampoco hay semejanza en la razón jurídica: Lo que da un fallo canónico existencia legal, independiente de su calificación moral o doctrinaria, es que la sentencia sea pronunciada por el juez dentro de los límites de su competencia y, en la Iglesia, se adquiere la condición de juez por la designación personal, directa o indirecta, del Romano Pontífice. Dicha potestad no es delegable (se ejerce siempre ipso iure).

Comentario: Según la respuesta de la Comisión de interpretación del código (¿29-VII-42?) podemos inferir lo mismo que en el comentario anterior; pues el "periculum in mora", en cuanto tal, no es independiente de la materia y de la razón (por la que los Ordinarios de lugar puedan dispensar de los impedimentos de matrimonio, aunque no esté todo preparado para las nupcias) que es la misma; lo que afecta directa e inmediatamente sería porque el tiempo, para obtener la respuesta de la Santa Sede desde que se descubre el impedimento, tampoco sería suficiente sin que se corra el riesgo de que se presente el mismo grave inconveniente del c.1045 &1. En ese caso el Ordinario del lugar puede hacer uso de los poderes conferidos a él por el canon 81. Por lo tanto lo que hay, en el ejemplo dado, es una extensión de un poder que ya se tiene sin cambio de materia ni de razón de ser de la dispensa.

Dispensar para levantar un impedimento eclesiástico, por peligro "in mora" al recurrir a la Santa Sede, no es análogo ni paralelo a suplir un Tribunal canónico reservado al Sumo Pontífice; no hay proporción. Nada que ver. De la recuperación de la gracia para bien morir o la recepción válida de la gracia sacramental ante un escándalo público que se generaría por no realizar la ceremonia sacramental "omnia parata" y por idéntico peligro "in mora"...Pero para un Tribunal canónico es todo un proceso judicial que se entabla para establecer por parte de la autoridad la existencia o no de un vínculo anterior y lo que hagan o no hagan los implicados y su estado de gracia, no se ven necesaria y directamente afectados por el fallo; por lo tanto hay que determinar si es semejante realmente el "periculum mora", además que formar tribunales no es extender un poder que ya se tiene según el Derecho, sino crearlo con supuesto "Ipso iure", por lo tanto la respuesta de la Comisión de interpretación del Código del 27 juillet 1942 y no 29 juillet 1942 (como equivocadamente la presenta en COR UNUM) no corresponde al "style (jurisprudence) de la Curie romaine" como también equivocadamente se pretende. A no ser que exista otra respuesta diferente, del 29 de julio 1942, del estilo de (jurisprudencia) de la Curia romana que sí fuera aplicable; pero la del 27 de julio 1942 no sirve para aplicar la tesis del c. 20 n. c.19 a la creación de los "Tribunales canónicos de suplencia". Pero me parece que ese día no hubo respuesta de la "COMMISSION PONTIFICALE POUR L’INTERPRETATION AUTHENTIQUE DES CANONS DU CODE". (así es que se llama).

Lo que sucede con los "Tribunales" que funcionan en la Fraternidad es que no existen legalmente y por lo tanto carecen totalmente de competencia; podemos ver en otro ejemplo, de un caso mucho menos grave que la declaración de nulidad, el verdadero "style" de la jurisprudencia romana, para no engañarnos sobre las pretensiones, validez y significado de las sentencias "supletorias" :

c) épikie et opinion des docteurs à propos des can. 1043 sq., mais qui vaut aussi ailleurs: (cita a Cappelo Tractatus, De Sacramentis, III, n.199)

Comentario: Si el fin de la ley no se cumple id est se sigue in daño en el bien común la ley no urge y se suspende...se aplicaría al caso de la obligación de recurrir a los Tribunales modernistas. pero no cesaría la obligación de recurrir a algún tribunal... Pregunto: ¿canónicamente que se puede considerar como tribunal? Puede haber muchos tipos de tribunales pero canónicamente sólo existen como tribunales eclesiásticos los establecidos por quien tiene autoridad para ello y no los que puedan autoestablecerse Ipso iure no tendrían potestad (se reúnen unos y se declaran aptos para ejercer la autoridad ¿no es el pretendido uso de una autoridad que no se ha recibido?... De lo afirmado en el texto de COR UNUM "...à quelque tribunal!" no se deduce que sean válidos los tribunales extralegales o lo que se presente como tal.

3. De la conjonction de ces éléments, nous inférons que notre commission canonique, dans le cas actuel...

Comentario: De lo expuesto arriba se infiere más bien que la comisión canónica para la 3ª. instancia (con los poderes de la Rota) y los tribunales de Distrito no han recibido de nadie potestad para fallar en ningún caso. Se puede decir lo contrario de lo afirmado en el n. 3: si la Santa Sede no fuera tan modernista como los Tribunales, quizás nos daría ese poder, como sólo lo da: designando jueces en los tribunales a miembros de la Tradición; así tendrían la potestad, en cuanto designados y no por ser miembros de la Tradición, para fallar válidamente y no por una supuesta "équité canonique" que es la perfecta justicia que supera al Derecho escrito, pues en estricta justicia la jurisdicción no nos es debida; así sólo la tiene el Papa en plenitud (no hay suplencia posible que dé también las prerrogativas del Papa); los demás la reciben parcialmente, directa o indirectamente, de él; si la Iglesia suple es según lo previsto por el derecho. Otra jurisdicción no existe, no sería parte de la plenitud que el Papa posee ipso iure sobre todos y cada uno de los miembros de la Iglesia y entonces sería claramente cismática, pues se estaría actuando ya no como parte sino como un todo jurídico, lo que caracteriza el cisma; galicanos y jansenistas apelaron a un supuesto "derecho divino" de los obispos independiente del Papa.

en el mismo orden: concedo.

Qui potest maius potest minus / con potestad absoluta: concedo.

\ en un orden distinto:/

\ con potestad relativa: niego.

Dispensar de un impedimento dirimente está ordenado inmediatamente y es necesario para el ejercicio válido de la potestas sacra; pero, como vimos, la declaración de nulidad no implica, de parte del fiel, estar en estado de gracia ni la determinación que tome de casarse o no; depende de la potestas regiminis de gobierno que no exige necesariamente, de parte del juez, ser ministro sagrado para tener aptitud de ejercerla pues no se da específicamente con miras al ejercicio de la potestas sacra: "ne change pas l’état de la personne", este cambio no es necesario, "c’est un pouvoir de jurisdiction déclaratif seulement", por eso es menos urgente. En consecuencia no se puede hacer un paralelo jurídico entre dirimir un impedimento y dar una sentencia con efectos legales sobre nulidad matrimonial. Lo esencial es el poder de jurisdicción que no se tiene por la condición moral o intelectual del juez y sin tener que ver, para su ejercicio válido, la ortodoxia de su filosofía; se requiere tan sólo que se reciba, por designación, de quien la tiene en plenitud por derecho propio. No se pude tomar para sí, ni se recibe, por fuerza de las circunstancias, como sí puede ser en algo más grave, por lo tanto más necesario y urgente, como dispensar de un impedimento dirimente (que cambia la condición de la persona) y que sí entra en el régimen jurídico del derecho de necesidad. Por lo tanto poder dispensar es de otra índole que poder juzgar –canónicamente- (no hay analogía: materia, fueros y potestades distintas). Los padres pueden engendrar un hijo (cambio de ser posible a real) pero no, por eso, pueden cambiar el color de su piel (cambio sólo accidental). Dios los habilitó para lo uno y no para lo otro: El posee la autoridad plena.

Comentario: Moral: concedo (secundum quid)

a) Autorité (plus facilement acceptée)/

\ dentro de la estructura jurídica de la Iglesia: niego

¿Autoridad más fácilmente aceptada (como afirman) que la del Papa? Hay que distinguir igualmente...

Aunque para la validez jurídica de un acto no tiene que ver nada la facilidad con que se acepte la autoridad...

Salvo que se confundan los dos campos...

Pero si así fuera (que es más fácilmente aceptada), entonces ¿porqué se exige firmar una declaración jurada de aceptar el fallo del tribunal de la Fraternidad y de no acudir a los Tribunales de la Iglesia?... ¿qué se teme? ¿que se acuda de mala fe a los tribunales de la Fraternidad? si es por eso, el juramento exigido no cambia nada; pues quien así acuda no tendrá tampoco inconveniente de jurar. La realidad es muy distinta del ideal.

Exigir un juramento, que impide acudir al Papa: ¿Qué significa? por lo menos da la sospecha de no reconocer su Potestad; tal juramento es inválido para un católico: Existe inclusive un c. (1417) que remarca la omnímoda libertad para los fieles de acudir al Papa en cualquier momento del proceso: "Por razón del primado del Romano Pontífice, cualquier fiel puede llevar o introducir ante la Santa Sede una causa,..." ¿habrá una razón jurídica superior a la anterior?... y si no es jurídica ¿será moral?... si sí, la autoridad más fácilmente aceptada no puede ser jurídica sino moral... y por lo tanto no se pueden confundir los planos y hacer de la autoridad moral, que atrae a los fieles a consultar con los sacerdotes de la Fraternidad sobre su matrimonio, una autoridad jurídica (no es lícito ni válido) que nadie nos a dado y que estaría por encima o al margen de la autoridad del Romano Pontífice, inclusive hasta llegar a exigir un juramento de no acudir ni al Tribunal de la Sede Apostólica (al Papa). (5)

b) No será necesario dirimir conceptos privados dudosos o divergentes... ¿Con qué autoridad se absolutiza "les avis" de la Comisión dándoles carácter de fallos definitivos e inapelables (no se puede recurrir ni al Papa)?...

sí... ¿tenemos otra autoridad de Pedro independiente del de Roma?

Si se dice que con la potestad de la Iglesia hay que entender que no hay sino una Potestad Suprema y que la de la Iglesia es la misma y deriva de la de Pedro; no se ejerce independientemente de Pedro. No es La Iglesia (con Pedro) una potestad y Pedro otra potestad (como lo da a entender del colegio episcopal... un código del n. CIC).

c) tener "plusieurs juges et plusieurs instances..." instancias ¿como en los tribunales oficiales (1ª., 2ª. y 3ª.)?... Pero resulta que los jueces lo son por voluntad expresa de los obispos y éstos a su vez lo por voluntad del Papa (que además se reservó algunos casos y tiene un tribunal propio –la S. Rota Romana– con normas propias (cfr. n. c. 1402) y la Signatura Apostólica) y él es supremo juez por Voluntad de Cristo... y los jueces que ejercen una potestad es, ipso iure, a nombre de quien los designó... y para la 3ª. instancia –que en la Fraternidad sería la Comisión– que es la S. Rota Romana cuyo poder es vicario, siendo juez el mismo Papa, sus sentencias sólo son válidas con su firma y la publicación oficial... los jueces nombrados por la Comisión de la FSSPX y la comisión misma pretenden que la Iglesia les da potestad para "suplir" todo el sistema judicial... Francamente, es mucha pretensión, se exagera y no hay proporción, no es razonable... ¿no implica usurpación de jurisdicción directa?... como dice un anciano y eminente profesor de Derecho: "la Iglesia suple; a Ella nadie la suple".

d) En la situación de necesidad actual:

1- "le prêtre singulier reçoit suppléance pour ce qu’un prêtre peut normalement faire": en cuanto "prêtre"

2- Or, un sacerdote, en cuanto tal, normalmente no tiene jurisdicción para ser de juez de causas matrimoniales

Conclusión: Donc, (Por lo tanto)...

Para 2-: El Juez (para juzgar causas matrimoniales) sólo lo es en cuanto ha sido designado como tal por quien tiene la competencia para hacerlo y no en cuanto sacerdote; la condición sacerdotal no exige la designación. La prueba es que no todos los sacerdotes son jueces ni todos los jueces son sacerdotes. (independientemente de la conveniencia de que los jueces sean sacerdotes).

NB: parece que hay un descuido en la afirmación que el juzgar causas matrimoniales es le fait "de l’évêque ou des autorités qu’il délègue"... dejando aparte que el obispo lo hace a nombre del Papa y que el mismo Papa lo hace directamente en sus tribunales, es claro que por disposición canónica el ejercicio de la potestad judicial y legislativa no son delegables... se recibe por designación o nombramiento (cfr. n. CIC c. 135) el comentario al c. citado, sobre la restricción de la potestad de delegar dice: "Esta limitación general afecta también al Obispo, cuya potestad judicial debe ejercerse en forma vicaria mediante los jueces y tribunales ya constituidos, lo que supone una restricción a la posibilidad de constituir tribunales especiales, puesto que siempre debe respetarse el orden de las instancias que señala el libro VII. El Romano Pontífice, en cambio no está sujeto a esta limitación."

Finalmente: Para no repetir los argumentos, veamos el último punto que toca el artículo de COR UNUM:

"6. Enfin, nos sentences, comme tous nos actes de juridiction supplétoire, et comme les sacres épiscopaux eux-mêmes de 1988, 1991, etc., devront être confirmées ultérieurement par le Saint-Siege."

Comentario: Aquí tampoco funciona el pretendido paralelo. ¿Qué significa: devront être confirmées? Es muy distinto un acto, que es válido en sí mismo, como las consagraciones, de otro, como el ejercicio de la potestad de gobierno, que necesita jurisdicción para tener existencia legal, como las sentencias de un juez.

"Les sacres" si deben ser confirmados un día, por la Santa Sede, no será para darles validez (que nadie pone en duda); fue un acto de transmisión de la potestad de orden, única que podía transmitir Mons. Lefebvre, y no de jurisdicción que sólo el Papa posee por propio derecho y por lo tanto pude transmitir. Esto lo dejó muy claro Mons. y justamente para no dar ni la apariencia de estar usurpando una parcela de autoridad (ni sobre personas ni sobre territorio) no consagró al Superior general que ejerce autoridad sobre los miembros de la Fraternidad. Simplemente: "transmitió lo que recibió" –lo que tenía– Las consagraciones serán confirmadas en el sentido de la recepción, por parte de los Obispos y si el Papa lo quiere, de la jurisdicción que no han recibido... Pero las "sentencias" pronunciadas si son o no válidas, lo son a priori (desde el punto de partida) una declaración no puede validarlas y viceversa. La sanación depende de un nuevo acto y una declaración de nulidad es de que no hubo acto.

Para nuestros actos de jurisdicción supletoria (englobados en la actuación de la potestas sacra) distintos de las sentencias (¿como lo sugiere la misma enumeración que hace el artículo de COR UNUM?) es lo mismo: son o no son válidos y la confirmación de la Santa Sede sería más bien para reconocerlos o eventualmente sanarlos. Una consagración episcopal hecha en debida forma por cualquier obispo es válida; no sucede lo mismo para un juicio canónico que es de otra índole.

Por lo tanto nos sentences no es lo mismo que "comme les sacres eux-mêmes". No es valido el paralelo.

en virtud de ese poder la ejerce sobre un terreno concreto y se reserva las sentencias en 3ª. instancia...

(4) La suplencia tiene sus límites y está regulada, para el Bien Común, por el Derecho.

"E poiché, il diritto divino del primato apostólico, il Romano Pontefice è preposto a tutta la Chiesa, insegniamo anche e dichiariamo che egli è il giudice supremo dei fideli, e che in qualsiasi causa riguardante la giuridizione ecclesiastica, si può ricorrere al suo giudizio. Nessuno, invece, potra riesaminare un giudizio pronunziato dalla Sede Apostolica –di cui non vi è autorità maggiore-, come a nessuno è lecito giudicare di un giudizio dato da essa. Quindi, quelli che affermano essere lecito appelare sentenze dei Romani pontefici al concilio ecumenico, come ad una autorità superiore al Romano Pontefice, sono lontani dal retto sentiero della verità".