EL PLAN COLOMBIA EN ACCIÓN
La declaración del Senado colombiano fue el paso inicial hacia la intervención extranjera. La presencia de paramilitares en Caracas confirma la línea intervencionista. El gobierno de Uribe es pieza clave en la estrategia yanqui. El interés común del pueblo colombiano y de la Revolución Bolivariana es enfrentarlo y derrotarlo
Era
una certeza: el imperialismo utilizaría a la oligarquía colombiana para atacar
a la Revolución Bolivariana. Dos hechos confirman que lo previsible ocurrió.
Primero fue la declaración del senado de ese país pidiendo a la OEA la
aplicación de la Carta Democrática contra el gobierno bolivariano. A menos de
un mes de ese hecho por si grave, se suma el reciente desmantelamiento de una
banda de paramilitares colombianos en Baruta.
La
primera es una maniobra que, tanto el gobierno estadounidense como el
colombiano, saben perfectamente que no tendría ningún efecto práctico, y en
rigor eso les interesa nada.
Lo
que buscan lo lograron: crear un clima de denuncias del lado colombiano como
paso inicial de una escalada diplomática que tense la situación entre ambos
gobiernos a un extremo que, entonces si,
otros gobiernos lacayunos del continente sumarían sus votos a un pedido
de intervención externa en el organismo regional o avalarían directamente la
acción armada unilateral del tamden Colombia-USA.
Por
cierto que la declaración de la oligarquía colombiana no es más que un eco de
las que cada semana realizan funcionarios del gobierno yanqui, desde oscuros
voceros, pasando por un senador demócrata – asesor del candidato Kerry – que “recomendó”
la inclusión del gobierno del Presidente Chávez en la lista negra que
maneja Washington, el general cuya tarea es vigilar América Latina desde el
Comando Sur que como novedad introdujo la categoría de “populismo radical ”
para calificar a los gobiernos independientes de la superpotencia, hasta el
llamado del Bush mayamero a aislar diplomáticamente a
Venezuela.
Para
decirlo en forma sencilla y gráfica: desde Washington le ordenaron a Bogotá que
pongan el dedo en el gatillo apuntando hacia Caracas.
Pretextos
no les van a faltar. Día tras día afloran en la frontera los graves problema
que corroen la vida del hermano país desde hace más de cuarenta años y que no
se agravaron por omisiones del gobierno bolivariano: guerrilla, narcotráfico,
migraciones poblacionales.
Con
los paramilitares colombianos en nuestro territorio se da un paso más grave
aún: utilizarlos para simular un levantamiento interno creando un hecho
sangriento, y con el pretexto de la represión y violación a derechos humanos
forzar el apoyo internacional a una fuerza extranjera de intervención que
“pacifique” el país
ESCALADA REACCIONARIA
Esa línea del gobierno de Uribe
como agente bélico del imperialismo está en pleno desarrollo, no sólo en la
región fronteriza con nuestro país – donde aumentaron las tropas en el Arauca –
, sino principalmente contra su pueblo.
La lógica de subordinación que
en forma creciente domina la vida del país implica un proceso de entrega de las
principales riquezas a las multinacionales, una agravamiento de la ya grave
situación de los derechos humanos, un empobrecimiento general para sostener el
costo del enorme aparato represivo y el aumento de la militarización.
El año pasado el gobierno
enfrentó fuertes protestas de trabajadores del sector estatal contra las
políticas de ajustes y recortes de beneficios sociales exigidas por la
orientación neoliberal de la política económica.
Ahora enfrenta una huelga general de los trabajadores
petroleros agrupados en la USO, que denuncian los intentos de imponer
condiciones de mayor explotación en el contrato colectivo relacionados en forma
directa a una política privatizadora de la empresa estatal ECOPETROL, en
beneficio de multinacionales petroleras como TEXACO, OXY, BP y SCHULEMBERGER,
por demás conocidas por nuestro pueblo. En reciente comunicado denuncian la
USO: “La política entreguista del gobierno de Álvaro Uribe, su arrogancia
hacia los trabajadores y el país y su postración a los mandatos del F.M.I. y
del gobierno de los Estados Unidos hacen que esta empresa patrimonio de los
Colombianos/as esté en peligro”.
Pero la fase económica del plan
reaccionario está íntimamente asociada al aspecto represivo, que no se
limita al combate contra la guerrilla.
En reciente informe de Amnesty Internacional (AI) el investigador de esa
organización mundial para Colombia, Marcelo Pollack, denunció la financiación
de dos multinacionales petroleras – la estadounidense Occidental Petroleum y la
española Repsol-YPF – a unidades militares del Ejército colombiano «con vínculos probados» con grupos
paramilitares. Según AI «países y
petroleras como la de Estados Unidos y la de España financian y entrenan a
unidades militares de las Fuerzas Armadas colombianas que ignoran las torturas
y violaciones de los derechos humanos»
La denuncia en forma muy específica señala el
financiamiento de la Brigada XVIII, que
opera en Arauca, con claras conexiones con los grupos paramilitares. No por
casualidad son esas empresas las que operan en la región citada: Repsol-YPF es
socio menor de Occidental Petroleum en la Asociación Cravo Norte, encargada de
explotar el oleoducto de Caño Limón, que transporta el crudo hacia el Caribe.
Es a través de Cravo Norte desde donde se financia a la Brigada XVIII mediante
la entrega de «helicópteros y de dinero
para las tropas que protegen Caño Limón» de los ataques de la guerrilla.
Tampoco es casual que el gobierno esté impulsando en estos momentos la
extensión de esos contratos por varios años más.
En el ámbito de los derechos
humanos no solamente no se ha detenido la persecución y asesinato de dirigentes
sociales y sindicales sino que se ha agravado, retornando a las peores épocas
de la década del 80.
Sin embargo pareciera que toda
esta escalada de sumisión al imperialismo y represión de poco sirve para el
combate militar contra una guerrilla histórica, de cuyas raíces sociales no
puede dudarse.
En un reciente y detallado comunicado de las FARC,
la principal fuerza revolucionaria, el balance del último año de enfrentamiento
es el siguiente: “En el año 2003, por
ejemplo, las FARC combatieron en 4.447 oportunidades contra la fuerza pública y
los paramilitares (promedio de 12.18 diarias), en donde hubo 5.291 muertos
entre militares, policías y paramilitares y 4.701 heridos. Sin contabilizar en
estos totales, las bajas no confirmadas en más de 919 situaciones (algunos
combates, emboscadas y minados donde es físicamente imposible hacerlo). En
todas estas acciones recuperamos 356 fusiles, 7 morteros, 6 ametralladoras y 12
lanzagranadas, averiamos helicópteros en 99 ocasiones y destruimos 12,
derribamos 5 aviones y averiamos 41, destruimos 1 piraña y averiamos 4, también
destruimos 1 tanqueta y averiamos 6.
En el año 2003 murieron en
combate 542 guerrilleros y 77 milicianos, y fueron heridos 321 lo mismo que 13
milicianos, cifras que evidencian la dureza de la confrontación.
En los tres primeros meses
del año 2004 los choques se han presentado de la siguiente manera:
Acciones militares 1.152
(12.8 diarias) que arrojan 1.373 muertos entre militares, policías y
paramilitares y 818 heridos. De parte de las FARC hemos tenido 43 muertos y 29
heridos.”
Gran parte del pueblo colombiano viene demostrando
repudio a un gobierno de un sector de la oligarquía – con vínculos probados con
el narcotráfico – que está completando el ciclo de dependencia neocolonial del país, y actúa es el principal brazo de
Washington en Suramérica.
No por casualidad la ayuda
externa militar de USA a Colombia es ya la tercera en magnitud, sólo por detrás
de la que brinda a sus dos principales socios en el Medio Oriente, Israel y
Egipto.
El interés más genuino del pueblo colombiano y el de la Revolución Bolivariana tienen un punto de contacto: oponerse a la política de la oligarquía colombiana representada hoy por el gobierno de Uribe.