El 13 de abril la derecha y el imperialismo sufrieron una contundente derrota. Transitoria, pero de enorme trascendencia política nacional y continental. Esta situación determina que el rasgo central del período se exprese en la iniciativa estratégica de las fuerzas bolivarianas. La resolución del TSJ evitando el enjuiciamiento a los militares golpistas es una nueva provocación a la que debe enfrentarse. Pero no cambia el sentido de la correlación de fuerzas. Es necesario promover la solidaridad internacional con la revolución bolivariana y el enjuiciamiento de los golpistas por un Tribunal moral sin compromisos con las grandes potencias. Las verdaderas amenazas al proceso revolucionario que protagoniza nuestro pueblo
Todo es diferente después del frustrado golpe del 11 de
abril. Aún cuando las fuerzas políticas
y económicas que participaron de la conspiración persisten en su intención de quebrar el proceso revolucionario
bolivariano, y siguen actuando como si nada hubiera cambiado en el país.
A pesar de la resolución adoptada por la mayoría de los
miembros del Tribunal Supremo de Justicia evitando -por ahora– que los
golpistas sean juzgados y castigados, la derrota que la contrarrevolución
sufrió el 13 de abril es un hecho contundente. Una derrota transitoria, pero no
por eso menos significativa.
En primer lugar porque ha golpeado al brazo armado del
golpismo. Los militares cómplices de la sedición han perdido puestos de mandos
decisivos en la estructura de la fuerza armada. Seguramente no todos se fueron,
pero ahora está mucho más restringida la capacidad de acción para aquellos que
piensen reeditar una nueva aventura subversiva.
Pero tan importante como el desplazamiento de los
conspiradores es el aprendizaje que soldados, suboficiales y jóvenes oficiales
hicieron: en pocas horas pudieron ver que la obediencia a los mandos golpistas
conducía a un enfrentamiento histórico, de impredecible consecuencia, entre las
fuerzas armadas y los centenares de miles de hombres y mujeres que estamos con
el Presidente Chávez para hacer realidad las transformaciones que la nueva
Constitución exige.
En esas horas decisivas
en las cuales apareció el pueblo decidido a no dejarse arrebatar sus
banderas, resumidas en la persona del Presidente Chávez, pudieron comprobar que
la política conspirativa del imperialismo y la derecha pretendiendo burlar la
decisión mayoritaria de nuestro pueblo, colocaba a Venezuela al borde del mismo
abismo al cual la oligarquía colombiana empujó al hermano país, cuando allí se
ignoró la voluntad popular asesinando a Jorge Eleicer Gaitán.
Ese impresionante desarrollo político demostrado por
nuestro pueblo, que afloró en el curso de la crisis, es el cambio sustancial
que marcará el futuro inmediato de nuestra Patria. Aunque las clases
oligárquicas sigan obstinadas en desconocerlo, utilizando los medios que
controlan para seguir mintiendo y confundiendo, incluso a sus propios
seguidores.
Un crecimiento del pueblo que está desnudando también a
quienes desde las filas bolivarianas pretenden reincidir en la vieja práctica
de la politiquería local -como los
renegados miquilenistas-, donde era tradición que los jefes mandan y deciden
según intereses propios, al margen de la voluntad y los intereses de aquellos
que le dieron sus cargos.
La respuesta multitudinaria para defender a la
revolución, en condiciones absolutamente desfavorables, demolió todas las
previsiones y especulaciones de supuestos analistas políticos, superó a los
cuadros militantes y de dirección de las fuerzas bolivarianas y -lo más
importante- fue un paso decisivo para afirmar en nuestra conciencia colectiva
el potencial político y la identidad social de quienes tomamos las calles, sin
anteponer ningún riesgo personal.
Desde el 13 de abril sabemos que entre todos podemos. De
allí en adelante nada será igual.
Como en esos juegos de espejos que existen en los parques
de diversiones y que devuelven una
imagen deformada de la realidad, se equivocan aquellos que pretenden
diagnosticar el futuro de este proceso revolucionario bolivariano por lo que
ocurre en las instituciones del Estado o en las llamadas mesas de diálogo.
Es esperable que la derecha y la prensa canalla presenten
en primera plana como muestras de debilidad y presagio de derrumbe, la
ineficacia en las primeras y los fracasos o lentos avances en las últimas. Pero
no se puede admitir que sea ese el patrón de medida de aquellos que fueron
designados por el pueblo para asumir responsabilidades, ni tampoco el de
quienes pretenden orientar la marcha de este pueblo que se largó a caminar solo
desde 1989.
Sin entender ni valorar la importancia política del
crecimiento que tuvo después de abril la tendencia a unificarse, organizarse y
la capacidad de movilización que a diario este pueblo demuestra es imposible
afrontar, con posibilidad de éxito, las nuevas batallas que se aproximan.
Los hechos son elocuentes: la importante movilización del
1º de mayo se realizó casi sin preparación y en medio de las dudas de muchos
dirigentes bolivarianos; la imponente movilización del 29 de junio sufrió un
cambio de fecha quince días antes y prácticamente la publicidad en los medios
se limitó a los dos días anteriores; los círculos bolivarianos se extienden sin
pausa; crece la coordinación entre las distintas organizaciones populares;
infinidad de publicaciones bolivarianas aparecen desde el seno del pueblo, de
la simple hoja hasta periódicos más elaborados.
Ahora no hace falta explicar que las tendencias unitarias
del pueblo avanzan (ver Basirruque Nº 8) porque todos lo viven a diario. Pese a la diversidad de fuerzas
que conforman el espectro bolivariano esto se percibe en la calle, en los
barrios, en los lugares de trabajo. La exigencia de este momento es encontrar
el camino práctico para darle una organización a esa tendencia unitaria que
aflora desde el pueblo.
La unidad bolivariana se ha fortalecido después del
golpe, porque ese crecimiento político del pueblo no sólo tiene una dirección
reconocida en Chávez, un programa en el texto constitucional, sino también un
contenido concreto, que unifica para la acción, en la tarea de sustituir al
viejo Estado oligárquico construyendo la República Bolivariana participativa
desde las comunidades, en toda la extensión territorial.
Inversamente a lo que ocurre con la derecha. Que el 11 de
julio ha mostrado que su capacidad de movilización no sólo está estancada pese
al enorme esfuerzo publicitario monopolizando los medios, sino que socialmente
permanece limitada a un sector de la clase media.
La fractura entre sus fuerzas, ahora inocultable, radica
no sólo en los distintos caminos que se proponen para terminar con Chávez – su
único punto de unidad – , sino fundamentalmente en que carecen de una
alternativa común para oponer al proyecto bolivariano, que pueda ser creíble
para amplios sectores sociales. Cuando se encaramaron en el poder por breves
horas, apareció claramente que era el plan dictado por el gran capital
financiero el único que podía implantarse como opción al bolivariano.
LA OPOSICION NO
TIENE ALTERNATIVA.
No podía ser de otra manera. En contra de las
apariencias, nuevamente la realidad se
impone: la inexistencia de un proyecto propio por parte de la derecha local, no
radica en la incapacidad intelectual de quienes la dirigen, ni siquiera en el
choque entre sus divergentes intereses sectoriales, que por supuesto también
existe. Tiene causas más profundas.
Sumergida en la profundidad de la crisis que cruza a la
economía mundial, las llamadas políticas neoliberales se hacen trizas en cada
uno de los países de América Latina. Ese fracaso de los planes del capital
financiero -yanqui en particular-
representa también la bancarrota
ideológica y el descrédito popular de las fuerzas políticas como AD, COPEI y
otras que ahora son parte de la oposición, que vivieron y crecieron a su
sombra, traficando con las riquezas nacionales y el hambre de inmensas masas
populares.
Ahora que se evaporó ese espejismo de los 80 y 90, la
gran mayoría del pueblo sabe que la única alternativa posible de desarrollo
obliga a confrontar con los intereses y la política del imperialismo, y no a
buscar su protección. Significa transitar por un estrecho camino que pasa por
oponerse al ALCA y a las presiones de todo tipo, incluso militares, que se ejercen desde Washington sobre
nuestros países, para continuar bombeando hacia el norte el excedente del
trabajo humano acumulado, una necesidad imperiosa para ellos, porque la primer
economía del mundo entró en una etapa recesiva que amenaza con transformarse en profunda crisis.
Nuestra historia determinó que sean las fuerzas
bolivarianas quienes asumieron esa oposición a las necesidades imperialistas y
por eso representan la única alternativa, aunque tengan la responsabilidad de
gobernar.
La derecha necesita utilizar el transitorio triunfalismo
reaccionario desatado por el insostenible dictamen del TSJ, para seguir
ocultando su carencia de un programa y una perspectiva distinta a la que les
impone el imperialismo.
Los sectores medios que encerrados en la cerril defensa
de pequeñas ventajas obtenidas bajo el antiguo régimen del puntofijismo no
vacilan en juntarse con la oligarquía, han perdido toda perspectiva histórica
del combate que cruza a este continente y tiene en Venezuela a su protagonista
central.
Bajo ningún rótulo ideológico ni ropaje político se puede
eludir ese combate. Quienes sueñan con un país democrático y floreciente sin Chávez
no tienen atajos posibles.
Los militantes de la Liga Socialista participamos de los
mismos sentimientos que cruzan a la inmensa mayoría de nuestro pueblo desde el
momento en que se conoció la resolución del TSJ rechazando el pedido de juicio
a los militares golpistas del 11 de abril. Aunque esta resolución era esperable
y previsible, no por eso deja de provocar indignación e irritación frente a la
impunidad y alevosía con la que los personajes de la derecha proimperialista
continúan actuando.
Con
esta decisión del TSJ la contrarrevolución obtiene un triunfo táctico en el
plano de las estructuras institucionales del Estado, que no es otro que el
viejo Estado oligárquico.
Un
Estado que sólo se ha remozado en algunos aspectos formales para adaptarse a
las exigencias de la nueva Constitución bolivariana, pero que aún conserva en
su seno toda la concepción ideológica y los vínculos directos con las clases
explotadoras.
Y
que como demuestra esta resolución está dispuesto a sobrevivir y
garantizar privilegios e impunidad a
cualquier costo, por encima de cualquier elemento de racionalidad, justicia y
convivencia social.
Pero este Estado seguirá sobreviviendo si no se avanza
aceleradamente en la ejecución práctica del programa bolivariano, es decir
realizar las transformaciones para el ejercicio efectivo del poder del pueblo
que la Constitución exige y facilita, a partir de estructurar el poder de las
comunidades en los municipios, y el control popular efectivo en cada nivel de
las instituciones estatales, incluido el corrupto ámbito judicial.
Es esta la principal tarea que los revolucionarios
tenemos la obligación de impulsar con nuestra militancia cotidiana, porque está
muy retrasada en relación a las exigencias del proceso, si se quiere cumplir con su objetivo
revolucionario.
En particular el contenido de la resolución es
absolutamente inconstitucional y carece de todo sustento jurídico en el
contexto de nuestro ordenamiento legal. Existen una diversidad de mecanismos
posibles dentro de la misma Constitución para impugnar esa resolución, entre
ellos los señalados por los artículos 253 y 350 del texto constitucional.
Es jurídicamente falso la propaganda que realiza la
derecha que no es posible una acción jurídica para revisar la resolución del
TSJ y que esa posibilidad está cerrada. No sólo es posible sino que debe
realizarse, y constitucionalmente la impugnación a la resolución puede ser
hecha por el pueblo.
Toda esta acción jurídica debe estar sustentada en una
claro entendimiento de las masas y en las acción y movilización del pueblo,
porque es parte del combate político.
Es incorrecta la posición que plantean algunas fuerzas
bolivarianas de la necesidad de realizar una nueva Constituyente para revertir
la resolución y cambiar a los jueces golpistas del TSJ. Para esto último sólo
se requiere dictar una ley prevista por la propia Constitución para su designación,
ley que nunca se sancionó, y posteriormente a la ley nombrar un nuevo tribunal,
con otros jueces.
El llamado a una nueva Constituyente sería una concesión
gratuita a la derecha porque significaría, en mitad de la pelea, comenzar a
revisar nuestro propio programa, en lugar de juntar fuerza y ejecutarlo con
decisión y firmeza.
Esto no haría más que abrir camino a la confusión,
posibilitar la revisión de principios constitucionales que la derecha quiere
hacer desaparecer, y fundamentalmente desmoralizaría al pueblo o ayudaría a
desgastarlo en inútiles combates.
Que la resolución judicial represente un triunfo táctico
de la contrarrevolución no significa que carezca de importancia, o que no sea
necesario enfrentarla. Como tampoco significa que se haya alterado la
correlación estratégica de fuerzas de todo este período.
El imperialismo y sus socios son conscientes de la fuerza
social que el proceso revolucionario está acumulando desde el momento que
surgió. Por eso, con distintas tácticas -evitar su llegada al gobierno primero,
cooptación por vía del miquilenismo y maniobras para fraccionar y debilitar el
bloque revolucionario más tarde, aventura golpista de abril- trata de acabar
con este proceso, antes que se pueda consolidar con las transformaciones
económicas que el país exige y logre solidificar en fuerza política unitaria su
apoyo social.
No todas las fuerzas bolivarianas han demostrado tener
esa misma conciencia del proceso que protagonizan. Porque muchas alientan
ilusiones de conciliación, contrarias a ese interés imperialista en enfrentar y
liquidar esta revolución bolivariana lo más pronto posible.
También en amplios sectores del pueblo la conciencia del
curso de este proceso recién se comienza a desarrollar en los últimos meses,
desde la aceleración de la escalada golpista. El crecimiento de las tendencias
unitarias y la decisión de desarrollar una mayor y mejor organización y
participación es expresión de ese crecimiento político.
Por eso el imperialismo apura el
paso con todo tipo de provocaciones para conducir la lucha política hacia el
terreno de la guerra civil.
Es absolutamente justo y necesario todo esfuerzo
realizado para postergar lo máximo posible que el enfrentamiento se resuelva en
el terreno de la acción armada, como quiere el imperialismo para justificar su
intervención armada directa, mediante la máscara de la OEA.
Frente a la provocación imperialista el pueblo venezolano
debe exigir la solidaridad internacional promoviendo iniciativas que
desenmascaren esas maniobras. Así como en su momento las mejores conciencias
del mundo condenaron el genocidio yanqui contra el pueblo vietnamita en el famoso Tribunal Russell, hoy debemos
hacer un llamado a quienes internacionalmente asumen una posición crítica
frente al genocidio del hambre provocado por las políticas neoliberales para
que promuevan el juzgamiento de los golpistas por un Tribunal similar, libre de
todo compromiso económico e institucional con las grandes potencias mundiales.
La resolución judicial del TSJ no puede verse más que
como una más de esa serie de provocaciones, a la cual seguirán
otras en el terreno judicial, como la pretensión de juzgar al Presidente
Chávez. Provocaciones que deben ser enfrentadas con serenidad y firmeza en el
terreno que corresponde.
Por eso no cejarán los ataques al gobierno del Presidente
Chávez, cualquiera sea la excusa. Para enfrentar al enemigo hay que saber
claramente cual es su objetivo primordial. Es ley de la guerra realizar
maniobras de distracción para sorprender
al oponente por donde no espera el ataque.
Ahora la mayor y silenciosa conspiración se está gestando en el terreno de la
economía, e implica una amenaza mucho mayor para este proceso que la irracional
resolución del Tribunal Supremo de Justicia.
Se conspira desde los cuadros de gerentes que tienen
máxima decisión en PDVSA, el corazón de la economía nacional, que debe
financiar con sus ganancias cualquier proyecto de desarrollo de otras áreas
económicas, para impulsar el crecimiento y luchar contra el desempleo. Hay que
decirlo sin metáforas: de la empresa petrolera el gobierno bolivariano no pudo
erradicar a la contrarrevolución.
La conspiración se extiende también a la otra gran fuente
energética, la electricidad. Las presiones para entregar a manos de capitales
privados puntos claves de la producción eléctrica han crecido en las últimas
semanas. Esto llevaría a un alza de las tarifas que sería una mortal puñalada a
cualquier intento de reactivación económica.
El imperialismo apela ahora a la presión económica en
nombre de la llamada ley de los mercados, porque en lo inmediato no puede
recurrir a otro intento militar.
Este pueblo y la revolución que protagoniza está ganando
sucesivas y duras batallas. La de recuperar su caudal de lucha después del
caracazo y la insurrección de febrero del 92, la batalla electoral para arrasar
con los viejos aparatos, la de la Constituyente para forjar un nuevo proyecto
de país tras un programa unitario de los más amplias masas, la de retomar el
gobierno frente a la sedición imperialista de abril, la de depurar las filas
militares de elementos golpistas.
Sin
duda que ganaremos la difícil batalla de la economía si consolidamos nuestra
organización revolucionaria, estudiamos correctamente cuales son los puntos por
donde nos atacará el enemigo, los trabajadores recuperamos nuestras
organizaciones de clase y nos ponemos al frente de esta batalla desde los
centros productivos, y forjamos la unidad con las fuerzas que en todos los
pueblos hermanos están enfrentando la política imperialista que ahoga nuestro
presente y pretende dejarnos sin futuro.
Junto a nuestro pueblo, como parte del mismo, afirmamos
ahora con más fuerza que
El pueblo no acepta la resolución del TSJ por inconstitucional !!
Contra la impunidad a los golpistas !!
Por la construcción de la República Bolivariana desde el pueblo y las
comunidades !!