POR CUANTO.— La Honorable Asamblea Constituyente ha sancionado y proclamado la siguiente:
TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Forma de Estado y de Gobierno:
BOLIVIA, libre, independiente y soberana, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa.
Artículo 2.- Soberanía y Poderes del Estado:
La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imperceptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.
Artículo 3.- Religión oficial:
El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordados y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede.
Artículo 4.- Limitación al pueblo y delito de sedición:
El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por ley. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuye la soberanía del pueblo comete delito de sedición.
Parte primera. La persona como miembro del Estado
Título primero. Derechos y deberes fundamentales de la persona
Artículo 5.- Abolición de esclavitud:
No se reconoce ningún genero de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa retribución. Los servicios personales sólo podrán ser exigibles cuando así lo establezcan las leyes.
Artículo 6.- La persona humana y el Estado:
Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídicas, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidas por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera.
La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.
Artículo 7.- Derechos fundamentales de la persona:
Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:
1. A la vida, la salud y la seguridad;
2. Emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión;
3. A reunirse y asociarse para fines lícitos;
4. A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo;
5. A recibir instrucción y adquirir cultura;
6. A enseñar bajo la vigilancia del Estado;
7. A ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional;
8. A formular peticiones individual o colectivamente;
9. A la propiedad privada, individual o colectivamente, siempre que cumpla una función social;
10. A una remuneración justa por su trabajo, que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano;
11. A la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las leyes.
Artículo 8.- Deberes fundamentales de la persona:
Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales:
1. De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República;
2. De trabajar, según su capacidad y posibilidades, en actividades socialmente útiles;
3. De adquirir instrucción por lo menos primaria;
4. De contribuir, en proporción a su capacidad económica, al sostenimiento de los servicios públicos;
5. De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así como de proteger y socorrer a sus padres cuando se hallen en situación de enfermedad, miseria o desamparo;
6. De prestar los servicios civiles y militares que la Nación requiera para su desarrollo, defensa y conservación;
7. De cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el servicio y la seguridad sociales;
8. De resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad.
Título segundo. Garantías de la persona
Artículo 9.- Garantías de la persona:
Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriendose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito.
La incomunicación no podrá imponerse sino en casos de notoria gravedad y de ningún modo por más de 24 horas.
Artículo 10.- Delitos «in fraganti»:
Todo delincuente «in fraganti» puede ser aprehendido, aún sin mandamiento por cualquier persona, para el único objeto de ser conducido ante la autoridad o el juez competente, quien deberá tomarle su declaración en el plazo máximo de 24 horas.
Artículo 11.- Limitación a las prisiones:
Los encargados de las prisiones no recibirán a nadie como detenido, arrestado o preso sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Podrán, sin embargo, recibir en el recinto de la prisión a los conducidos, con el objeto de ser presentados, cuando más dentro de las 24 horas, al juez competente.
Artículo 12.- Prohibición de torturas:
Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que se harán pasables quienes las aplicaren, ordenar en, instigaren o consintieren.
Artículo 13.- Responsabilidad de autores inmediatos:
Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior.
Artículo 14.- Tribunales legítimos; declaraciones en materia penal:
Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa, ni se lo podrá obligar a declarar contra sí mismo en materia penal, o contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el segundo, de acuerdo al computo civil.
Artículo 15.- Excesos de funcionarios:
Los funcionarios públicos que sin haberse dictado el estado de sitio tomen medidas de persecución, confinamiento o destierro de ciudadanos y las hagan ejecutar así como los que clausuren imprentas y otros medios de expresión del pensamiento e incurran en depredaciones, u otro genero de abusos estarán sujetos al pago de una indemnización de daños y perjuicios, siempre que se comprueben dentro de juicio civil que podrá seguirse independientemente de la acción penal que corresponda, que tales medidas o hechos se adoptaron en contravención a los derechos y garantías que establece esta Constitución.
Artículo 16.- Garantías en materia penal:
Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho a ser asistidos por un defensor.
Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo se aplicaran las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado.
Artículo 17.- Penas de infamia, muerte civil y pena de muerte:
No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. En los casos de asesinato, parricidio y traición a la Patria, se aplicará la pena de 30 años de presidio, sin derecho a indulto.
Se entiende por traición la complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera.
Artículo 18.- «Hábeas corpus»:
Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. En los lugares donde no hubiere Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor.
La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de l a autoridad demandada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por aquella cuanto por los encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos una vez citados, puedan desobedecer arguyendo orden superior.
En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia ordenando la libertad, haciendo que se reparen los defectos legales o poniendo al demandante a disposición del juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto. La decisión que se pronuncie se elevara en revisión, de oficio, ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo.
Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de escuchar la sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si no concurriere, la audiencia llevará a efecto en su rebeldía y, oída la exposición del actor o su representante, se dictará sentencia.
Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán remitidos, por orden de la autoridad que conoció del «Hábeas corpus», ante el Juez en lo penal para su juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales.
La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este Artículo quedará sujeta a la sanción del Artículo 127, inciso 12, de esta Constitución.
Artículo 19.- Amparo constitucional:
Fuera del recurso de «Hábeas corpus», a que se refiere el Artículo anterior, se establece el recurso de amparo contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona reconocidos por esta Constitución y las leyes.
El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente ante las Cortes Superiores en las capitales de Departamento y ante los Jueces de Partido en las provincias, tramitándoselo en forma sumarísima. El Ministerio Público podrá también imponer de oficio este recurso cuando no lo hiciere o no pudiere hacerlo la persona afectada.
La autoridad o la persona demandada será citada en la forma prevista por el Artículo anterior a objeto de que preste información y presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de 48 horas.
La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente de recibida la información del denunciado y, a falta de ella lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca el recurrente. La autoridad judicial examinará la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, elevando de oficio su resolución ante la Corte Suprema de Justicia para su revisión, en el plazo de 24 horas.
Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la decisión final que conceda el amparo serán ejecutadas inmediatamente y sin observación, aplicándose, en caso de resistencia, lo dispuesto en el Artículo anterior.
Artículo 20.- Privacidad de correspondencia y comunicaciones:
Son inviolables la correspondencia y los papeles privados, los cuales no podrán ser incautados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal los documentos privados que fueren violados o sustraídos.
Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones y comunidades privadas mediante instalación que los controle o centralice.
Artículo 21.- Inviolabilidad de domicilio:
Toda casa es un asilo inviolable, de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita, y de día sólo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito «in fraganti».
Artículo 22.- Garantías a la propiedad privada:
Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea judicial al interés colectivo. La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a ley previa indemnización justa.
Artículo 23.- Prohibición de confiscaciones Jamás se aplicará la confiscación de bienes como castigo político.
Artículo 24.- Sometimiento a leyes nacionales:
Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas.
Artículo 25.- Reserva territorial en fronteras:
Dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad bajo pena de perder en beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa.
Artículo 26.- Legitimidad de los impuestos:
Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las prescripciones de la Constitución. Los perjudicados pueden interponer recursos ante la Corte Suprema de Justicia contra los impuestos ilegales. Los impuestos municipales son obligatorios cuando en su creación han sido observados los requisitos constitucionales.
Artículo 27.- Igualdad y universalidad impositiva:
Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva, según los casos.
Artículo 28.- Bienes eclesiásticos:
Los bienes de la Iglesia, de las Órdenes y Congregaciones religiosas y de las Instituciones que ejercen labor educativa, de asistencia y de beneficencia, gozan de los mismos derechos y garantías que los pertenecientes a los particulares.
Artículo 29.- Privilegio legislativo:
Sólo el Poder Legislativo tiene facultades para alterar y modificar los Códigos, así como para dictar reglamentos y disposiciones sobre procedimientos judiciales.
Artículo 30.- Indelegabilidad de facultades:
Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente les están acordadas por ella.
Artículo 31.- Nulidad de actos:
Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.
Artículo 32.-Cumplimiento de la norma establecida:
Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no mande ni a privarse de lo que ellas no prohíban.
Artículo 33.- Irretroactividad de la ley: excepciones:
La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente.
Artículo 34.- Sujeción a la justicia ordinaria:
Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria.
Artículo 35.- Ampliación de derechos:
Las declaraciones, derechos garantías que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enunciadas que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Título tercero. Nacionalidad y ciudadanía
Capítulo primero. Nacionalidad
Artículo 36.- Nacionalidad de origen:
Son bolivianos de origen:
1. Los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Bolivia al servicio de su gobierno;
2. Los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el sólo hecho de avecindarse en el territorio nacional o de inscribirse en los consulados.
Artículo 37.- Nacionalidad por naturalización:
Son bolivianos por naturalización:
1. Los españoles y latinoamericanos que adquieran la nacionalidad boliviana sin hacer renuncia de la de su origen cuando existan, a título de reciprocidad convenios de nacionalidad plural con sus gobiernos respectivos;
2. Los extranjeros que habiendo residido dos años en la República declaren su voluntad de adquirir la nacionalidad boliviana y obtengan carta de naturalización conforme a ley. El tiempo de permanencia se reducirá a un año tratándose de extranjeros que se encuentren en los casos siguientes:
a) Que tengan cónyuge o hijos bolivianos;
b) Que se dediquen regularmente al trabajo agrícola o industrial;
c) Que ejerzan funciones educativas, científicas o técnicas;
d) Los extranjeros que a la edad legalmente requerida presten el servicio militar;
e) Los extranjeros que por sus servicios al país la obtengan de la Cámara de Senadores.
Artículo 38.- Nacionalidad de la mujer casada:
1. La mujer boliviana casada con extranjero no pierde su nacionalidad;
2. La mujer extranjera casada con boliviano adquiere la nacionalidad de su marido siempre que resida en el país y manifieste su conformidad; y no la pierde aún en los casos de viudez o de divorcio.
Artículo 39.- Pérdida de la nacionalidad:
La nacionalidad boliviana se pierde por adquirir nacionalidad extranjera bastando para recobrarla domiciliarse en Bolivia exceptuando a quienes se acojan al régimen de nacionalidad plural en virtud de convenios que a este respecto se firmen.
Capítulo segundo. Ciudadanía
Artículo 40.- Derechos de ciudadanía:
La ciudadanía consiste:
1. En concurrir como elector o elegible a la formación o el ejercicio de los poderes públicos;
2. En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por ley.
Artículo 41.- Requisitos de la ciudadanía:
Son ciudadanos los bolivianos, varones u mujeres mayores de veintiún años de edad, o de dieciocho siendo casados, cualquiera que sea su grado de instrucción, ocupación o renta.
Artículo 42.- Suspensión de los derechos ciudadanos:
Los derechos de ciudadanía se suspenden:
1. Por tomar armas o prestar servicios en ejército enemigo en tiempo de guerra;
2. Por defraudación de caudales públicos o quiebra fraudulenta declarada, previa sentencia ejecutoriada y condenatoria a pena corporal;
3. Por aceptar funciones de Gobierno extranjero, sin permiso del Senado, excepto los cargos y misiones de los organismos internacionales, religiosos, universitarios y culturales en general.
Título cuarto. Funcionarios públicos
Artículo 43.- Estatuto del funcionario público:
Una ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario público sobre la base del principio fundamental de que los funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno.
Artículo 44.- Carrera administrativa:
El Estatuto del Funcionario Público establecerá los derechos y deberes de los funcionarios y empleados de la Administración y contendrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, así como la dignidad y eficacia de la función pública.
Artículo 45.- Declaración de bienes:
Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico está obligado, antes de tomar posesión de un cargo público, a declarar expresa y específicamente los bienes o rentas que tuviere, que serán verificados en la forma que determina la ley.
Parte segunda. El Estado boliviano
Título primero. Poder Legislativo
Capítulo primero. Disposiciones generales
Artículo 46.- Composición y reuniones ordinarias:
El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional compuesto de dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores.
El Congreso Nacional se reunirá ordinariamente cada año en la Capital de la República, el día 6 de agosto, aún cuando no hubiese convocatoria. Sus sesiones durarán noventa días útiles, prorrogables hasta ciento veinte, a juicio del mismo Congreso o a petición del Poder Ejecutivo. Si a juicio de éste conviniese que el Congreso no se reúna en la Capital de la República, podrá expedir la convocatoria señalando otro lugar.
Artículo 47.- Reuniones extraordinarias:
El Congreso puede reunirse extraordinariamente por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros o por convocatoria del Poder Ejecutivo. En cualquiera de estos casos sólo se ocupará de los negocios consignados en la convocatoria.
Artículo 48.- Quórum:
Las Cámaras deben funcionar con la mayoría absoluta de sus miembros, a un mismo tiempo, en el mismo lugar, y no podrá comenzar o terminar la una sus funciones en un día distinto de la otra.
Artículo 49.- Compatibilidad con otras funciones:
Los Senadores y Diputados podrán ser elegidos Presidente o Vicepresidente de la República, o designados Ministros de Estado o Agentes Diplomáticos, quedando suspensos de sus funciones legislativas por el tiempo que desempeñen aquellos cargos.
Fuera de ellos no podrán ejercer otros dependientes de los Poderes Ejecutivo o Judicial.
Artículo 50.- Limitaciones a la elegibilidad de parlamentarios:
No podrán ser elegidos Representantes Nacionales:
Los funcionarios y empleados civiles, los militares y Policías en servicio activo y los eclesiásticos con jurisdicción que no renuncien y cesen en sus funciones y empleo por lo menos 60 días antes de verificativo de la elección. Se exceptúan de esta disposición los rectores y catedráticos de Universidad.
Los contratistas de obras y servicios públicos; los administradores, gerentes y directores, mandatarios y representantes de sociedades o establecimientos en que tienen participación pecuniaria el Fisco y los de empresas subvencionadas por el Estado; los administradores y recaudadores de fondos públicos mientras no finiquiten sus contratos y cuentas.
Artículo 51.- Inviolabilidad por opiniones:
Los Senadores y Diputados son inviolables en todo tiempo por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 52.- Inmunidad parlamentaria:
Ningún Senador o Diputado, desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin discontinuidad, podrá ser acusado, perseguido o arrestado en ninguna materia, si la Cámara a la que pertenece no da licencia por dos tercios de votos. En materia civil no podrá ser demandado ni arraigado desde 60 días antes de la reunión del Congreso hasta el término de la distancia para que se restituya a su domicilio.
Artículo 53.- El Vicepresidente:
El Vicepresidente de la República goza en su carácter de Presidente del Congreso Nacional y del Senado, de las mismas inmunidades y prerrogativas acordadas a Senadores y Diputados.
Artículo 54.- Limitaciones a los parlamentarios:
Los Senadores y Diputados no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nombre o en el de terceros, bienes públicos, ni hacerse cargo de contratos de obra o de aprovisionamiento con el Estado, ni obtener del mismo concesiones u otra clase de ventajas personales. Tampoco podrán durante el período de su mandato, ser funcionarios, empleados apoderados ni asesores o gestores de entidades autárquicas, ni de sociedades o de empresas que negocien con el Estado.
La contravención a estos preceptos importa pérdida del mandato popular mediante resolución de la respectiva Cámara, conforme al Artículo 67, atribución 4 de esta Constitución.
Artículo 55.- Facultad de representación:
Durante el período constitucional de su mandato los Senadores y Diputados podrán dirigir representaciones a los funcionarios del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de las disposiciones legales. Podrán también gestionar mejor as para satisfacer las necesidades de sus distritos electorales.
Artículo 56.- Selección de mandato:
Cuando un ciudadano sea elegido Senador y Diputado, aceptará el mandato que él prefiera. Si fuese Senador o Diputado por dos o más Departamentos, lo será por el distrito que él escoja.
Artículo 57.- Reelección y renuncia:
Los Senadores y Diputados pueden ser reelectos y sus mandatos son renunciables.
Artículo 58.- Publicidad de sesiones:
Las sesiones del Congreso y de ambas Cámaras serán públicas, y sólo podrán hacerse secretas cuando dos tercios de sus miembros así lo determinen.
Artículo 59.- Atribuciones del Poder Legislativo:
Son atribuciones del Poder Legislativo:
1. Dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas;
A iniciativa del Poder Ejecutivo, imponer contribuciones de cualquier clase o naturaleza, suprimir las existentes y determinar su carácter nacional departamental o universitario, así como decretar los gastos fiscales.
Sin embargo el Poder Legislativo, a pedido de uno de sus miembros, podrá requerir del Ejecutivo la presentación de proyectos sobre aquellas materias. Si el Ejecutivo, en el término de veinte días, no presentase el proyecto solicitado, el representante que lo requirió u otro parlamentario podrá presentar el suyo para su consideración y aprobación. Las contribuciones se decretarán por tiempo indefinido, salvo que las leyes respectivas señalen un plazo determinado para su vigencia.
2. Fijar, para cada gestión financiera los gastos de la Administración Pública, previa presentación del Proyecto de Presupuesto por el Poder Ejecutivo;
3. Considerar los planes de desarrollo que el Poder Ejecutivo pase a su conocimiento;
4. Autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado; así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales;
5. Conceder subvenciones o garantías de interés para la realización e incremento de obras públicas y de necesidad social;
6. Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público;
7. Autorizar al Ejecutivo la adquisición de bienes inmuebles;
8. Autorizar a las Universidades la contratación de empréstitos;
9. Establecer el sistema monetario y el de pesas y medidas;
10. Aprobar anualmente la cuenta de gastos e inversiones que debe presentar el Ejecutivo en la primera sesión de cada Legislatura;
11. Aprobar los tratados, concordados y convenios internacionales;
12. Ejercitar influencia diplomática sobre actos no consumados o compromisos internacionales del Poder Ejecutivo;
13. Aprobar, en cada Legislatura, la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo de paz;
14. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, determinando el tiempo de su permanencia;
15. Autorizar la salida de tropas nacionales del territorio de la República, determinando el tiempo de su permanencia.
A iniciativa del Poder Ejecutivo, crear y suprimir empleos públicos, señalar sus atribuciones y fijar sus emolumentos.
El Poder Legislativo podrá aprobar, rechazar o disminuir los servicios, empleos o emolumentos propuestos, pero no podrá aumentar, salvo lo que correspondan al Congreso Nacional;
16. Crear nuevos Departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones, así como fijar sus limites, habilitar puertos mayores y establecer aduanas;
17. Decretar amnistía por delitos políticos y conceder indulto previo informe de la Corte Suprema de Justicia;
18. Nombrar a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia;
19. Designar representantes ante las Cortes Electorales;
20. Ejercer, a través de las Comisiones de ambas Cámaras, la facultad de fiscalización sobre las entidades autónomas, autárquicas, semi-autárquicas y sociedades de economía mixta.
Capítulo segundo. Cámara de Diputados
Artículo 60.- Elección, número y mandato:
Los Diputados serán elegidos por votación universal y directa, por simple pluralidad de sufragios, y con representación proporcional de las minorías.
La ley fijará el número y sistema de la elección de los diputados propietarios y los suplentes, teniendo como base la densidad demográfica del territorio nacional.
Los diputados durarán en sus funciones cuatro años y la renovación de la Cámara será total.
Artículo 61.- Requisitos para ser Diputado:
Para ser Diputado se requiere:
1. Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares;
2. Tener veinticinco años de edad cumplidos al día de la elección;
3. Estar inscrito en el Registro Cívico;
4. Ser postulado por un partido o por agrupaciones cívicas representativas de las fuerzas vivas del país, con personería jurídica reconocida, formando bloques o frentes con los partidos políticos;
5. No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado; ni tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriados; ni estar comprendido en los casos de exclusión y de incompatibilidad establecidos por la ley.
Artículo 62.- Atribuciones de la Cámara de Diputados:
Corresponde a la Cámara de Diputados:
1. Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por mayoría absoluta de votos de las ternas propuestas por el Senado.
La iniciativa en el ejercicio de las atribuciones 3ª, 4ª, 5ª, y 14ª, del Artículo 59;
2. Considerar la cuenta del estado de sitio que debe presentar el Ejecutivo, aprobándola o abriendo responsabilidad ante el Congreso;
3. Acusar ante el Senado a los Magistrados de la Corte Suprema por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones;
4. Proponer ternas al Presidente de la República para la designación de presidentes de entidades económicas y sociales en que participe el Estado;
5. Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes.
Capítulo tercero. Cámara de Senadores
Artículo 63.- Composición del Senado:
El Senado se compone de tres Senadores por cada Departamento, elegido mediante voto universal directo: dos por mayoría y uno por minoría, de acuerdo a ley.
Artículo 64.- Requisitos para ser Senador:
Para ser Senador se necesita tener treinta y cinco años cumplidos y reunir los requisitos exigidos para Diputado.
Artículo 65.- Mandato de los Senadores:
Los Senadores ejercerán sus funciones por el término señalado para los Diputados, con renovación total al cumplimiento de este período.
Artículo 66.- Atribuciones de la Cámara de Senadores:
Son atribuciones de esta Cámara:
1. Tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados a los Ministros de la Corte Suprema y Fiscal General de la República conforme a la Ley de Responsabilidades.
El Senado juzgará en única instancia a los Ministros de la Corte Suprema y Fiscal General de la República imponiéndoles la sanción y responsabilidad correspondientes por acusación de la Cámara de Diputados motivada por querella de los ofendidos o a denuncia de cualquier ciudadano.
En los casos previstos por los párrafos anteriores será necesario el voto de dos tercios de los miembros presentes. Una ley especial dispondrá el procedimiento y formalidades de estos juicios;
2. Rehabilitar como bolivianos, o como ciudadanos, a los que hubiesen perdido estas cualidades;
3. Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos y la admisión de títulos o emolumentos de gobierno extranjero;
4. Aprobar las ordenanzas municipales relativas a patentes e impuestos;
5. Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes a la Nación;
6. Proponer ternas a la Cámara de Diputados para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
7. Proponer ternas al Presidente de la República para la elección de Contralor General de la República, Fiscal General de la República y Superintendente de Bancos;
8. Conceder premios pecuniarios, por dos tercios de votos;
9. Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División, de Brigada, a Contra-Almirante, Almirante y Vice-Almirante de las Fuerzas Armadas de la Nación, propuestos por el Poder Ejecutivo;
10. Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores y Ministros Plempotenciarios propuestos por el Presidente de la República;
11. Elegir, por mayoría absoluta de votos, a los Magistrados de las Cortes de Distrito así como los de la Corte nacional del Trabajo y a los de la Corte Nacional de Minería, de las ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.
Capítulo cuarto. El Congreso
Artículo 67.- Atribuciones comunes a ambas Cámaras:
Son atribuciones de cada Cámara:
1. Calificar las credenciales otorgadas por las Cortes Electorales. Las demandas de inhabilidad de los elegidos y de nulidad de las elecciones sólo podrán ser interpuestas ante la Corte Nacional Electoral, cuyo fallo será irrevisable por las Cámaras. Si al calificar credenciales no demandadas ante la Corte Nacional Electoral la Cámara encontrare motivos de nulidad, remitirá el caso, por resolución de dos tercios de votos, a conocimiento y decisión de dicho tribunal. Los fallos se dictarán en el plazo d e quince días;
2. Organizar su Mesa Directiva;
3. Dictar su reglamento y corregir sus infracciones;
4. Separar temporal o definitivamente con el acuerdo de dos tercios de votos, a cualesquiera de sus miembros por graves faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones;
5. Fijar las dietas que percibirán los legisladores; ordenar el pago de sus presupuestos; nombrar y remover su personal administrativo y atender todo lo relativo a su economía y régimen interior;
6. Realizar las investigaciones que fueren necesarias para su función constitucional, pudiendo designar comisiones entre sus miembros para que faciliten esa tarea;
7. Aplicar sanciones a quienes comentan fallas contra la Cámara o sus miembros en la forma que establezcan reglamentos, debiendo asegurar en estos el derecho de defensa.
Artículo 68.- Atribuciones del Congreso:
Las Cámaras se reunirán en Congreso para los siguientes fines:
1. Inaugurar y clausurar sus sesiones;
2. Verificar el escrutinio de las actas de elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, o designarlos cuando no hubieran reunido la pluralidad absoluta de votos, conforme a las disposiciones de esta Constitución;
3. Recibir el juramento de los dignatarios mencionados en el párrafo anterior;
4. Admitir o negar la renuncia de los mismos;
5. Ejercitar las atribuciones a que se refieren los incisos 11 y 13 del Artículo 59;
6. Considerar las leyes vetadas por el Ejecutivo;
7. Resolver la declaratoria de guerra a petición del Ejecutivo;
8. Determinar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de la Nación;
9. Considerar los proyectos de ley que, aprobados en la Cámara de origen, no lo fueren por la Cámara revisora;
10. Dirimir, por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, las competencias que el ejecutivo o la Corte Suprema susciten a las Cámaras, o las que se susciten entre los expresados Poderes y la Corte Nacional Electoral;
11. Ejercitar las facultades que les corresponden conforme a los Artículos 111, 112 y 113 de esta Constitución.
12. Conocer, como sumariantes y conforme a ley, de las demandas de responsabilidad contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, Jefes de Misiones Diplomáticas y Contralor General de la República por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 69.- Indelegabilidad de atribuciones:
En ningún caso podrá delegar el Congreso a uno o más de sus miembros ni otro Poder, las atribuciones que tiene por esta Constitución.
Artículo 70.- Censura e informes:
Cada Cámara puede, a iniciativa de sus miembros y por voto de la mayoría absoluta de sus miembros concurrentes, acordar la censura de los actos del Poder Ejecutivo, dirigiéndola contra los Ministros de Estado, separada o conjuntamente, con el fin d e conseguir modificación del procedimiento político impugnado. Puede, a igual iniciativa, pedir a los Ministros de Estado informes verbales o escritos con fines legislativos, de inspección o fiscalización y proponer investigaciones sobre todo asunto de interés nacional.
Capítulo quinto. Procedimiento legislativo
Artículo 71.- Procedimiento legislativo:
Las leyes, exceptuando los casos previstos por las atribuciones 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 14ª del Artículo 59, pueden tener origen en el Senado o en la Cámara de Diputados, a proposición de uno o más de sus miembros, del Vicepresidente de la República, o por mensaje del Poder Ejecutivo, a condición, en este caso, de que el proyecto sea sostenido en los debates por el Ministro del respectivo despacho. La Corte Suprema podrá presentar proyectos de ley en materia judicial y reforma de los Códigos mediante mensaje dirigido al Poder Legislativo.
Artículo 72.- Procedimiento de revisión:
Aprobado el proyecto de ley en la Cámara de origen pasará inmediatamente para su discusión a la Cámara revisora. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Artículo 73.- Proyectos rechazados en Cámara de origen:
El proyecto de ley que fuere desechado en la Cámara de origen no podrá ser nuevamente propuesto, en ninguna de las Cámaras, hasta la legislatura siguiente.
Artículo 74.- Proyectos observados en revisión:
Si la Cámara revisora se limita a enmendar o modificar el proyecto, éste se considerará aprobado, en caso de que la Cámara de origen acepte por mayoría absoluta las enmiendas o modificaciones. Pero si no las acepta o si las corrige y altera, las dos Cámaras de reunirán a convocatoria de cualquiera de sus Presidentes dentro de los veinte días para deliberar sobre el proyecto.
En caso de aprobación será remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República; más, si fuese desechado, no podrá ser propuesto de nuevo sino de las legislaturas siguientes.
Artículo 75.- Plazo para revisión:
En caso de que la Cámara revisora deje pasar veinte días sin pronunciarse sobre el proyecto de ley, la Cámara de origen reclamará su despacho, con un nuevo término de diez días, al cabo de los cuales será considerado en sesión de Congreso.
Artículo 76.- Veto presidencial:
Toda ley sancionada por el Poder Legislativo podrá ser observada por el Presidente de la República en el término de diez días desde aquél en que la hubiera recibido.
La ley no observada dentro de los diez días será promulgada. Si en este término recesare el Congreso, el Presidente de la República publicará el mensaje de sus observaciones para que considere en la próxima legislatura.
Artículo 77.- Consideración del veto:
Las observaciones del Ejecutivo se dirigirán a la Cámara de origen. Si ésta y la revisora, reunidas en Congreso, las hallan fundadas y modifican la ley conforme a ellas, la devolverán al Ejecutivo para su promulgación. Si el Congreso declara infundadas las observaciones por dos tercios de los miembros presentes, el Presidente de la República promulgará la ley dentro de otros diez días.
Artículo 78.- Promulgación por el Presidente del Congreso:
Las leyes no vetadas o no promulgadas por el Presidente de la República en el término de diez días, desde su recepción, serán promulgadas por el Presidente del Congreso.
Artículo 79.- Resoluciones legislativas:
Las resoluciones camarales y legislativas no necesitan promulgación del Ejecutivo.
Artículo 80.- Fórmulas de promulgación:
1. La promulgación de las leyes se hará por el Presidente de la República en esta forma:
«Por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente ley: (...).
»Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República»;
2. Las decisiones parlamentarias se promulgarán en esta forma:
«El Congreso Nacional de la República, Resuelve: (...).
»Por lo tanto, cúmplase con arreglo a la Constitución».
Artículo 81.- Publicación de las leyes:
La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma ley.
Capítulo sexto. Comisión de Congreso
Artículo 82.- Período de funciones:
Durante el receso de las cámaras funcionará una Comisión del Congreso compuesta de nueve Senadores y dieciocho Diputados, quienes, con sus respectivos suplentes, serán elegidos por cada Cámara de modo que reflejen en lo posible la composición territorial del Congreso. Estará presidida por el Vicepresidente de la República y la integrarán el Presidente electivo del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados, en calidad de Vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.
El reglamento correspondiente establecerá la forma y oportunidad de elección de la Comisión del Congreso y su régimen interno.
Artículo 83.- Atribuciones de la Comisión del Congreso:
Son atribuciones de la Comisión del Congreso:
1. Velar por la observancia de la Constitución y el respeto a las garantías ciudadanas, y acordar para estos fines las medidas que sean procedentes;
2. Ejercer funciones de investigación y supervigilancia general de la administración pública, dirigiendo el Poder Ejecutivo las representaciones que sean pertinentes;
3. Pedir al Ejecutivo, por dos tercios de votos del total de sus miembros, la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso cuando así lo exija la importancia y urgencia de algún asunto;
4. Informar sobre todos los asuntos que queden sin resolución a fin de que sigan tramitándose en el período de sesiones;
5. Elaborar proyectos de ley para su consideración por las Cámaras.
Artículo 84.- Cuenta de actos:
La Comisión del Congreso dará cuenta de sus actos ante las Cámaras en sus primeras sesiones ordinarias.
Título segundo. Poder Ejecutivo
Capítulo primero. Presidente de la República
Artículo 85.- Composición del Poder Ejecutivo:
El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República conjuntamente con los Ministros.
Artículo 86.- Elección del Presidente y del Vicepresidente:
El Presidente de la República será elegido por sufragio directo. Al mismo tiempo y en igual forma se elegirá al Vicepresidente.
Artículo 87.- Mandato y reelección:
El período del Presidente y Vicepresidente Constitucional de la República será de cuatro años improrrogables. Ninguno de ellos podrá ser reelegido sino pasados cuatro años de la terminación de su mandato constitucional. El Vicepresidente podrá ser elegido Presidente de la República después de cuatro años de fenecido su mandato.
Artículo 88.- Requisitos para ser Presidente y Vicepresidente:
Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República se requiere de las mismas condiciones exigidas para Senador.
Artículo 89.- Impedimentos del Presidente y Vicepresidente:
No pueden ser elegidos Presidente ni Vicepresidente de la República:
1. Los Ministros de Estado o Presidentes de entidades de función económica o social en las que tenga participación el Estado que no hubieren renunciado el cargo seis meses antes del día de la elección;
2. Los parientes consanguíneos y afines dentro del segundo grado, de acuerdo al cómputo civil, de quienes se hallaren en ejercicio de la Presidencia o Vicepresidencia de la República durante el último año anterior a la elección;
3. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, los del clero y los ministros de cualquier culto religioso.
Artículo 90.- Elección de segundo grado:
Si ninguno de los candidatos para la Presidencia o la Vicepresidencia de la República obtuviese mayoría absoluta de votos, el Congreso tomará a tres de los que hubiesen obtenido el mayo r número para uno u otro cargo, y de entre ellos hará la elección. Si, hecho el primer escrutinio, ninguno reuniese la mayoría absoluta de votos de los representantes concurrentes, la votación posterior se concretará a los dos que hubieran alcanzado el mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la votación hasta que alguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta.
La elección, el escrutinio y la proclamación se harán en sesión pública y permanente.
Artículo 91.- Ley de proclamación:
La proclamación de Presidente y Vicepresidente de la República se hará mediante ley.
Artículo 92.- Juramento del Presidente y Vicepresidente:
Al tomar posesión del cargo, el Presidente y Vicepresidente de la República jurarán solemnemente, ante el Congreso, fidelidad a la República y a la Constitución.
Artículo 93.- Sucesión presidencial:
En casos de impedimento o ausencia temporal del Presidente de la República, antes o después de su proclamación, lo reemplazará el Vicepresidente y, a falta de éste y en forma sucesiva el Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados o el de la Corte Suprema de Justicia.
El Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República si ésta quedare vacante antes o después de la proclamación del Presidente electo, y la ejercerá hasta la finalización del período Constitucional. A falta del Vicepresidente hará sus veces el Presidente del Senado y en su defecto el Presidente de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia, en estricta prelación. En este último caso, si aún no hubieren transcurrido tres años del período presidencial, se procederá a una nueva elección del Presidente y Vicepresidente, sólo completar dicho período.
Artículo 94.- Funciones del Vicepresidente:
Mientras el Vicepresidente no ejerza el Poder Ejecutivo, desempeñará el cargo de Presidente del Senado sin perjuicio de que esta Cámara elija su Presidente para que haga las veces de aquel en su ausencia.
Artículo 95.- Permiso para viajes presidenciales:
El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso.
Artículo 96.- Atribuciones del Presidente de la República:
Son atribuciones del Presidente de la República:
1. Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y ordenes convenientes, sin definir privativamente derechos, alterar los definidos por la ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en esta Constitución;
2. Negociar y concluir tratados con naciones extranjeras; canjearlos, previa ratificación del Congreso;
3. Conducir las relaciones exteriores, nombrar funcionarios diplomáticos y consulares, admitir a los funcionarios extranjeros en general;
4. Concurrir a la formación de Códigos y Leyes mediante mensajes especiales;
5. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias;
6. Administrar las rentas nacionales y decretar su inversión por intermedio del respectivo ministerio, con arreglo a las leyes y con estricta sujeción al presupuesto;
7. Presentar al Legislativo dentro de las 30 primeras sesiones ordinarias, los presupuestos nacional y departamentales para la siguiente gestión financiera y proponer, durante su vigencia, las modificaciones que estimen necesarias. La cuenta de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente;
8. Presentar al Legislativo los planes de desarrollo que sobrepasen los presupuestos ordinarios en materia o en tiempo de gestión;
9. Velar por las resoluciones municipales, especialmente las relativas a rentas e impuestos, y denunciar ante el Senado las que sean contrarias a la Constitución y a las leyes, siempre que la municipalidad transgresora no cediese a los requerimientos del Ejecutivo;
10. Presentar anualmente al Congreso, en la primera sesión ordinaria, mensaje escrito acerca del curso y estado de los negocios de la administración durante el año, acompañando las memorias ministeriales;
11. Prestar a las Cámaras, mediante los Ministros, los informes que soliciten pudiendo reservar los relativos a negociaciones diplomáticas que a su juicio no deben publicarse;
12. Hacer cumplir las sentencias de los tribunales;
13. Decretar amnistías por delitos políticos, sin perjuicio de las que pueda conceder el Legislativo;
14. Nombrar al Fiscal General, Contralor General de la República y Superintendentes de las entidades de función económica y social en las cuales tiene intervención el Estado, de las ternas propuestas por la Cámara de Diputados;
15. Nombrar a los empleados de la administración cuya designación no esté reservada por ley a otro poder, y expedir sus títulos;
16. Nombrar interinamente, en caso de renuncia o muerte, a los empleados que deban ser elegidos por otro poder cuando éste se encuentre en receso;
17. Asistir a la inauguración y clausura del Congreso;
18. Conservar y defender el orden interno y la seguridad exterior de la República, conforme a la Constitución;
19. Designar al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y a los Comandantes del Ejército, Fuerza Aérea, Naval y al Director del Comando Superior de Seguridad Pública;
20. Proponer al Senado, en caso de vacancia, ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División, de Brigada, a Contralmirante, Almirante y Vice-Almirante de las Fuerzas Armadas de la Nación, con informe de sus servicios y promociones;
21. Conferir, durante el estado de guerra internacional, los grados a que se refiere la atribución precedente en el campo de batalla;
22. Crear y habilitar puertos menores;
23. Designar a los representantes del Poder Ejecutivo ante las Cortes Electorales;
24. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Otorgar títulos ejecutoriales en virtud de la redistribución de las tierras, conforme a las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria, así como los de colonización.
Artículo 97.- Capitán General de las FF.AA.:
El grado de Capitán General de las Fuerzas Armadas es inherente a las funciones de Presidente de la República.
Artículo 98.- Visitas presidenciales a distritos del país:
El Presidente de la República visitará los distintos centros del país, por lo menos una vez durante el período de su mandato, para conocer sus necesidades.
Capítulo segundo. Ministros de Estado
Artículo 99.- Funciones y nombramiento de Ministros:
Los negocios de la Administración Pública se despachan por los Ministros de Estado, cuyo número y atribuciones determina la ley. Para su nombramiento o remoción bastará Decreto del Presidente de la República.
Artículo 100.- Requisitos para ser Ministro:
Para ser Ministro de Estado se requiere las mismas condiciones que para Diputado.
Artículo 101.- Responsabilidad de los Ministros:
Los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración en sus respectivos ramos, juntamente con el Presidente de la República. Su responsabilidad será solidaria por los actos acordados en Consejo de Gabinete.
Artículo 102.- Firma de decretos por los Ministros:
Todos los decretos y disposiciones del Presidente de la República deben ser firmados por el Ministro correspondiente. No serán válidos ni obedecidos sin este requisito.
Artículo 103.- Asistencia de los Ministros a las Cámaras:
Los Ministros de estado pueden concurrir a los debates de cualquiera de las Cámaras, debiendo retirarse antes de la votación.
Artículo 104.- Informes ministeriales al Congreso:
Luego que el Congreso abra sus sesiones, los Ministros presentarán sus respectivos informes acerca del estado de la administración, en la forma que se expresa en el Artículo 96, atribución 10.
Artículo 105.- Cuenta de inversión de rentas y Presupuesto:
1. La cuenta de inversión de las rentas, que el Ministro de Hacienda debe presentar al Congreso, llevará la aprobación de los demás Ministros en lo que se refiere a sus respectivos Despachos;
2. A la elaboración del Presupuesto General concurrirán todos los Ministros.
Artículo 106.- Responsabilidad por órdenes verbales o escritas:
Ninguna orden verbal o escrita del Presidente de la República exime de responsabilidad a los Ministros.
Artículo 107.- Juicio de responsabilidades:
Los Ministros serán juzgados conforme a la Ley de Responsabilidades por los delitos que cometieren en el ejercicio de sus funciones.
Capítulo tercero. Régimen interior
Artículo 108.- División política:
El territorio de la República se divide políticamente en Departamentos, Provincias, Secciones de Provincia y Cantones.
Artículo 109.- Autoridades político-administrativas:
En lo político-administrativo, el Gobierno Departamental estará a cargo de los Prefectos, quienes representan al Poder Ejecutivo, teniendo bajo su dependencia a los Subprefectos en las Provincias y a los Corregidores en los Cantones.
Las atribuciones, condiciones y forma de elegibilidad para estos cargos, así como la duración de sus periodos serán determinadas por ley.
Artículo 110.- Descentralización administrativa:
El Gobierno Departamental se desenvolverá de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa que establecerá la ley.
Capítulo cuarto. Conservación del orden público
Artículo 111.- Estado de sitio:
En los casos de grave peligro por causa de conmoción interna o guerra internacional, el Jefe del Poder Ejecutivo podrá, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, declarar el estado de sitio en la extensión del territorio que fuere necesaria.
Si el Congreso se reuniese ordinaria o extraordinariamente, estando la República o una parte de ella bajo el estado de sitio, la continuación de éste será objeto de una autorización legislativa. En igual forma se procederá si el decreto de estado de sitio fuese dictado por el Poder Ejecutivo estando las Cámaras en funciones.
Si el estado de sitio no fuere suspendido antes de noventa días, cumplido este término caducará de hecho, salvo el caso de guerra civil o internacional. Los que hubieren sido objeto de apremio serán puestos en libertad, a menos de haber sido sometidos a la jurisdicción de tribunales competentes.
El Ejecutivo no podrá prolongar el estado de sitio más allá de noventa días, ni declarar otro dentro del mismo año sino con asentimiento del Congreso. Al efecto, lo convocará a sesiones extraordinarias si ocurriese el caso durante el receso de las Cámaras.
Artículo 112.- Efectos del estado de sitio:
La declaración de estado de sitio produce los siguientes efectos:
1. El Ejecutivo podrá aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y llamar al servicio las reservas que estime necesarias;
2. Podrá imponer la anticipación de contribuciones y rentas estatales que fueren indispensables, así como negociar y exigir empréstitos siempre que los recursos ordinarios fuesen insuficientes. En los casos de empréstito forzoso el Ejecutivo asignará las cuotas y las distribuirá entre los contribuyentes conforme a su capacidad económica.
Las garantías y los derechos que consagra esta Constitución no quedarán suspensos de hecho y en general con la sola declaración del estado de sitio; pero podrán serlo respecto de señaladas personas fundadamente sindicadas de tramar contra el orden público, de acuerdo a lo que establecen los siguientes párrafos;
3. Podrá la autoridad legítima expedir órdenes de comparendo o arresto contra los sindicados, pero en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas los pondrá a disposición del juez competente, a quién pasará los documentos que hubiesen motivado el arresto.
Si la conservación del orden público exigiese el alejamiento de los sindicados, podrá ordenarse su confinamiento a una Capital de Departamento o de Provincia que no sea malsana. Queda prohibido el destierro por motivos políticos; pero al confinado, perseguido o arrestado por estos motivos, que pida pasaporte para el exterior, no podrá serle negado por causa alguna debiendo las autoridades otorgarle las garantías necesarias al efecto.
Los ejecutores de órdenes que violen estas garantías podrán ser enjuiciados en cualquier tiempo, pasado que sea el estado de sitio, como reos de atentado contra las garantías constitucionales, sin que les favorezca la excusa de haber cumplido órdenes superiores. En caso de guerra internacional podrá establecerse censura sobre la correspondencia y todo medio de publicación.
Artículo 113.- Cuenta del estado de sitio:
El Gobierno rendirá cuenta al próximo Congreso de los motivos que dieron lugar a la declaración del estado de sitio y del uso que hubiese hecho de las facultades que le confiere este Capítulo, informando del resultado de los enjuiciamientos ordenad os y sugiriendo las medidas indispensables para satisfacer las obligaciones que hubiesen contraído por préstamos directos y percepción anticipada de impuestos.
Artículo 114.- Aprobación del estado de sitio:
El Congreso dedicará sus primeras sesiones al examen de la cuenta a que se refiere el Artículo precedente, pronunciando su aprobación o declarando la responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Las Cámaras podrán, al respecto, hacer las investigaciones que crean necesarias y pedir al Ejecutivo la explicación y justificación de todos sus actos relacionados con el estado de sitio, aunque no hubiesen sido ellos mencionad os en la cuenta rendida.
Artículo 115.- Inacumulabilidad del Poder público:
Ni el Congreso, ni asociación alguna o reunión popular pueden conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma del Poder Público, ni otorgarle supremacías por las que la vida, el honor y los bienes de los habitantes queden a merced del Gobierno, ni de persona alguna.
La inviolabilidad personal y las inmunidades establecidas por esta Constitución no se suspenden durante el estado de sitio para los representantes nacionales.
Título tercero. Poder Judicial
Capítulo primero. Disposiciones generales
Artículo 116.- Ubicación; gratuidad; juzgados de excepción:
El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y demás tribunales y juzgados que las leyes establecen.
La administración de justicia es gratuita, no pudiendo gravarse a los litigantes con contribuciones ajenas al ramo judicial.
No pueden establecerse tribunales o juzgados de excepción.
Artículo 117.- Calidad de los jueces:
Los jueces son independientes en la administración de justicia y no están, sometidos sino a la ley.
La ley establecerá el escalafón judicial y las condiciones de inamovilidad del funcionario judicial, la calificación de méritos, los ascensos, las promociones y las cesantías, así como el retiro.
Artículo 118.- Atribuciones de los tribunales:
La ley determinará la organización y atribuciones de los tribunales y juzgados de la República.
Artículo 119.- Autonomía económica del Poder Judicial:
El Poder Judicial goza de autonomía económica. El Presupuesto Nacional le asignará una partida fija, anual y suficiente que será centralizada, con las rentas especiales que se crearen para el servicio del ramo, en el Tesoro Judicial, el que funcionará bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 120.- Garantías procedimentales:
La publicidad en los juicios es condición esencial de la administración de justicia, salvo cuando sea ofensiva a las buenas costumbres.
Se suprime el carácter secreto de la prueba en los sumarios criminales.
Artículo 121.- Responsabilidad de Tribunales:
Los tribunales, bajo su responsabilidad, no darán posesión a los magistrados o jueces que no sean nombrados conforme a esta Constitución y leyes secundarias.
Artículo 122.- Atribuciones del Poder Judicial:
Corresponde a la Justicia Ordinaria:
1. El conocimiento de todos los litigios entre particulares y entre éstos y el Estado, cuando éste actúa como persona de derecho privado;
2. Resolver los recursos directos de nulidad que se deduzcan en resguardo del Artículo 31 de esta Constitución, contra todo acto o resolución de autoridad pública que no fuese judicial.
Estos recursos serán interpuestos en el plazo máximo de treinta días ante los tribunales o jueces que tengan la facultad de juzgar en primera instancia a la autoridad que se excedió en el ejercicio de sus funciones. Los obrados o antecedentes se elevarán, bajo responsabilidad, en el plazo de veinticuatro horas, ante el tribunal o juez que asuma conocimiento del recurso.
Capítulo segundo. Corte Suprema de Justicia
Artículo 123.- Composición de la Corte Suprema:
La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de justicia de la República. Se compone de un Presidente y once Ministros distribuidos en tres salas: una civil, una penal y otra de asuntos sociales y administrativos.
Artículo 124.- Requisitos para ser Ministro de la Corte Suprema:
Para ser Ministro de la Corte Suprema se requiere ser boliviano de origen, haber ejercido durante diez años la judicatura o la profesión de abogado con crédito y tener las condiciones exigidas para Senador.
Artículo 125.- Elección de los Magistrados de la Corte Suprema:
Los magistrados de la Corte Suprema serán elegidos por la Cámara de Diputados de ternas propuestas por el Senado.
Artículo 126.- Duración del mandato de los jueces:
Los ministros de la Corte Suprema durarán en sus funciones diez años, los de las Cortes de Distrito seis y los Jueces de Partido e Instructores cuatro, siendo permitida su reelección. Durante estos periodos, que son personales, ningún magistrado o juez podrá ser destituido sino por sentencia ejecutoriada, ni suspenso, a no ser en los casos determinados por ley. Tampoco podrá ser trasladado sin su expreso consentimiento.
Artículo 127.- Atribuciones de la Corte Suprema:
Son atribuciones de la Corte Suprema, además de las señaladas por ley:
1. Dirigir y representar al Poder Judicial;
2. Proponer ternas al Senado para la elección de Vocales de las Cortes Superiores de Distrito, así como de las Cortes Nacionales del Trabajo y de Minería; elegir a los jueces ordinarios y a los del Trabajo, de acuerdo a ley. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia expedirá los títulos respectivos;
3. Elaborar y aprobar el Presupuesto anual del ramo, así como administrar e invertir los fondos del Tesoro Judicial, bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República. El Presidente de la Corte Suprema decretará los pagos;
4. Conocer de los recursos de nulidad y fallar sobre la cuestión principal;
5. Conocer en única instancia de los asuntos de puro derecho cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y cualquier género de resoluciones;
6. Fallar en única instancia en los juicios de responsabilidad contra el Presidente y Vicepresidente de la República y Ministros de Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones cuando el Congreso les decrete acusación conforme al Artículo 68, atribución 12;
7. Fallar, también en única instancia, en las causas de responsabilidad seguidas a denuncia o querella contra los Agentes Diplomáticos y Consulares, los Comisarios Demarcadores, Prefectos de Departamento y Superintendentes Departamentales de Minas, Rectores de Universidad, Vocales de las Cortes Superiores, Fiscales de Gobierno y de Distrito, y en general, contra los altos funcionarios con jurisdicción nacional que señala la ley, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones;
8. Conocer de las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo, y de las demandas contencioso administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo;
9. Dirimir las competencias que se susciten entre las municipalidades y entre estas y las autoridades políticas, y entre las unas y las otras con las municipalidades de las provincias;
10. Conocer en única instancia de los juicios contra las resoluciones del Poder Legislativo o de una de sus Cámaras cuando tales resoluciones afectaren a uno o más derechos concretos, sean civiles o políticos y cualesquiera que sean las personas interesadas;
11. Decidir de las cuestiones que se suscitaren entre los Departamentos, ya fuere sobre sus límites o sobre otros derechos controvertidos;
12. Suspender de sus cargos, según la gravedad del caso y por dos tercios de votos, a los jueces ordinarios contra los que se hubiese abierto sumario criminal por delitos comunes o resultantes del ejercicio de sus funciones.
Artículo 128.- Atribuciones de las Cortes de Distrito:
Es atribución de las Cortes de Distrito, fuera de las señaladas por ley la de juzgar, sea individual o colectivamente, a los Alcaldes y miembros de los Concejos Municipales, Subprefectos, Jueces y Fiscales de Partido, Jueces Agrarios y del Trabajo, así como a otros funcionarios que determine la ley por delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.
Capítulo tercero. Ministerio Público
Artículo 129.- Órganos y funciones:
El Ministerio Público representa al Estado y a la sociedad. Se ejerce a nombre de la Nación por las Comisiones que designen las Cámaras Legislativas por el Fiscal General, los Fiscales de Distrito y demás funcionarios que por ley componen dicho Ministerio.
Artículo 130.- El Fiscal General de la República:
El Fiscal General será nombrado por el Presidente de la República a propuesta en terna del Senado. Durará en sus funciones diez años, pudiendo ser reelecto, y no será destituido sino en virtud de sentencia condenatoria.
Para ser Fiscal General de la República se necesitan las mismas condiciones que para Ministro de la Corte Suprema.
Artículo 131.- Organización y atribuciones:
La ley fijará la organización y atribuciones del Ministerio Público.
Parte tercera. Regímenes especiales
Título primero. Régimen económico y financiero
Capítulo primero. Disposiciones generales
Artículo 132.- Justicia Social:
La organización económica debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano.
Artículo 133.- Independencia y desarrollo:
El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano.
Artículo 134.- Prohibición de monopolios privados:
No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la independencia económica del Estado. No se reconoce ninguna forma de monopolio privado. Las concesiones de servicios públicos, cuando excepcionalmente se hagan, no podrán ser otorgadas por un período mayor de cuarenta años.
Artículo 135.- Sometimiento a la legislación boliviana:
Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República.
Capítulo segundo. Bienes nacionales
Artículo 136.- Bienes de dominio originario del Estado:
Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley les dé esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. La ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares.
Artículo 137.- Propiedad pública:
Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla.
Artículo 138.- Minería nacionalizada:
Pertenecen al patrimonio de la Nación los grupos mineros nacionalizados como una de las bases para el desarrollo y diversificación de la economía del país, no pudiendo aquellos ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título. La dirección y administración superiores de la industria minera estatal estará a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determine la ley.
Artículo 139.- Yacimientos petrolíferos:
Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas privadas, conforme a ley.
Artículo 140.- Energía nuclear:
La promoción y desarrollo de la energía nuclear es función del Estado.
Capítulo tercero. Política económica del Estado
Artículo 141.- Regulación del comercio y la industria:
El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también, en estos casos, asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa.
Artículo 142.- Monopolios fiscales:
El Poder Ejecutivo podrá, con cargo de aprobación legislativa en Congreso, establecer el monopolio fiscal de determinadas exportaciones, siempre que las necesidades del país así lo requieran.
Artículo 143.- Política financiera:
El Estado determinará la política monetaria, bancaria y crediticia con objeto de mejorar las condiciones de la economía nacional. Controlará, asimismo, las reservas monetarias.
Artículo 144.- Planificación económica:
La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional.
Artículo 145.- Exportaciones estatales:
La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional. Las explotaciones a cargo del Estado se realizarán de acuerdo a planificación económica y se ejecutarán preferentemente por entidades autónomas, autárquicas o sociedades de economía mixta. La dirección y administración superiores de éstas se ejercerán por directorios designados conforme a ley. Los directores no podrán ejercer otros cargos públicos ni desempeñar actividades industriales, comerciales o profesionales relacionadas con aquellas entidades.
Capítulo cuarto. Rentas y presupuestos
Artículo 146.- División de las rentas:
Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales y municipales, y se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus respectivos presupuestos, y en relación al plan general de desarrollo económico y social del país.
La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales y municipales.
Los recursos departamentales, municipales, judiciales y universitarios, recaudados por oficinas dependientes del Tesoro Nacional no serán centralizados en dicho Tesoro.
El Poder Ejecutivo determinará las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público.
Artículo 147.- Presentación del Presupuesto:
El Poder Ejecutivo presentará al Legislativo, dentro de las treinta primeras sesiones ordinarias, los proyectos de ley de los presupuestos nacionales y departamentales.
Recibidos los proyectos de ley de los presupuestos, deberán ser considerados en Congreso dentro del término de sesenta días.
Vencido el plazo indicado, sin que los proyectos hayan sido aprobados, estos tendrán fuerza de ley.
Artículo 148.- Límite a los Presupuestos extraordinarios:
El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, podrá decretar pagos no autorizados por la ley de Presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de recursos destinados a mantener los servicios cuya paralización causaría daños. Los gastos destinados a estos fines no excederán del uno por ciento del total de egresos autorizados por el Presupuesto Nacional.
Los Ministros de Estado y funcionarios que den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este Artículo serán responsables solidariamente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos.
Artículo 149.- Financiamiento de proyectos de ley:
Todo proyecto de ley que implique gastos para el Estado debe indicar al propio tiempo, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.
Artículo 150.- Garantía de la deuda pública:
La deuda pública esta garantizada. Todo compromiso del Estado, contraído conforme a las leyes, es inviolable.
Artículo 151.- Cuenta de ingresos y egresos:
La cuenta general de los ingresos y egresos de cada gestión financiera será presentada por el Ministro de Hacienda al Congreso en la primera sesión ordinaria.
Artículo 152.- Cuenta de entidades estatales:
Las entidades autónomas y autárquicas también deberán presentar anualmente al Congreso la cuenta de sus rentas y gastos, acompañada de un informe de la Contraloría General.
Artículo 153.- Limitaciones a Prefecturas y Municipios:
Las Prefecturas de Departamento y los Municipios no podrán crear sistemas protectores ni prohibitivos que afecten a los intereses de otras circunscripciones de la República, ni dictar ordenanzas de favor para los habitantes del Departamento, ni de exclusión para otros bolivianos.
No podrán existir aduanillas, retenes, ni trancas de ninguna naturaleza en el territorio de la República, que no hubieran sido creadas por leyes expresas.
Capítulo quinto. Contraloría General
Artículo 154.- Órgano contralor:
Habrá una oficina de contabilidad y contralor fiscales que se denominará Contraloría General de la República. La ley determinará las atribuciones y responsabilidades del Contralor General y de los funcionarios de su dependencia. El Contralor General dependerá directamente del Presidente de la República, será nombrado por éste de la terna propuesta por el Senado y gozara de la misma inamovilidad y período que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 155.- Control de entidades estatales:
La Contraloría General de la República tendrá el control fiscal sobre las operaciones de entidades autónomas, autárquicas y sociedades de economía mixta. La gestión anual será sometida a revisiones de auditoría especializada. Anualmente publicarán memorias y estados demostrativos de su situación financiera y rendirá las cuentas que señala la ley. El Poder Legislativo mediante sus Comisiones tendrá amplia facultad de fiscalización de dichas entidades. Ningún funcionario de la Contraloría General de la República formará parte de los directorios de las entidades autárquicas cuyo control este a su cargo, ni percibirá emolumentos de dichas entidades.
Título segundo. Régimen social
Artículo 156.- El trabajo: derecho y deber:
El trabajo es un deber y un derecho, y constituye la base del orden social y económico.
Artículo 157.- Protección estatal al trabajo y al capital:
El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado. La ley regulará sus relaciones estableciendo normas sobre contratos individuales y colectivos, salario mínimo, jornada máxima, trabajo de mujeres y menores, descansos semanales y anuales remunerados, feriados, aguinaldos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa, indemnización por tiempo de servicios, desahucios, formación profesional y otros beneficios sociales y de protección a los trabajadores.
Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todos posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa.
Artículo 158.- Defensa del capital humano:
El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población; asegurara la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.
Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.
Artículo 159.- Libertad de asociación y derecho de huelga:
Se garantiza la libre asociación patronal. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores, así como el fuero sindical en cuanto garantía para sus dirigentes por las actividades que desplieguen en el ejercicio específico de su mandato, no pudiendo éstos ser perseguidos ni presos.
Se establece, asimismo el derecho de huelga como el ejercicio de la facultad legal de los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos previo cumplimiento de las formalidades legales.
Artículo 160.- Organizaciones cooperativas:
El Estado fomentara, mediante legislación adecuada, la organización de cooperativas.
Artículo 161.- Arbitraje estatal:
El Estado, mediante tribunales u organismos especiales resolverá los conflictos entre patronos y trabajadores o empleados, así como los emergentes de la seguridad social.
Artículo 162.- Legislación social de orden público:
Las disposiciones sociales son de orden público. Serán retroactivas cuando la ley expresamente lo determine.
Los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.
Artículo 163.- Preferencia a beneméritos:
Los beneméritos de la Patria merecen gratitud y respeto de los poderes públicos y de la ciudadanía, en su persona y patrimonio legalmente adquirido. Ocuparán preferentemente cargos en la Administración Pública o en las entidades autárquicas o semiautárquicas, según su capacidad. En caso de desocupación forzosa, o en el de carecer de medios económicos para su subsistencia, recibirán del Estado pensión vitalicia de acuerdo a ley. Son inamovibles en los cargos que desempeñen salvo casos de impedimento legal establecido por sentencia ejecutoriada. Quienes desconozcan este derecho quedan obligados al resarcimiento personal, el benemérito perjudicado, de daños económicos y morales tasados en juicio.
Artículo 164.- Asistencia y salud pública:
El servicio y la asistencia sociales son funciones del Estado, y sus condiciones serán determinadas por ley. Las normas relativas a la salud pública son de carácter coercitivo y obligatorio.
Título tercero. Régimen agrario y campesino
Artículo 165.- Dominio originario de la Nación:
Las tierras son del dominio originario de la Nación y corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme a las necesidades económico- sociales y de desarrollo rural.
Artículo 166.- El trabajo: fuente de propiedad agrícola:
El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria y se establece el derecho del campesino a la dotación de tierras.
Artículo 167.- Prohibición del latifundio:
El Estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia de las propiedades comunarias, cooperativas y privadas. La ley fijará sus formas y regulará sus transformaciones.
Artículo 168.- Planificación agropecuaria:
El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias.
Artículo 169.- Indivisibilidad del solar campesino:
El solar campesino y la pequeña propiedad se declaran indivisibles; constituyen el mínimo vital y tienen carácter de patrimonio familiar inembargable de acuerdo a ley. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por ley gozan de la protección del Estado en tanto cumplan una función económico-social, de acuerdo con los planes de desarrollo.
Artículo 170.- Explotación de recursos naturales:
El Estado regulará el régimen de explotación de los recursos naturales renovables precautelando su conservación e incremento.
Artículo 171.- Organizaciones campesinas:
El Estado reconoce y garantiza la existencia de las organizaciones sindicales campesinas.
Artículo 172.- Fomento a la colonización:
El Estado fomentará planes de colonización para el logro de una racional distribución demográfica y mejor explotación de la tierra y los recursos naturales del país, contemplando prioritariamente las áreas fronterizas.
Artículo 173.- Créditos de fomento:
El Estado tiene la obligación de conceder créditos de fomento a los campesinos para elevar la producción agropecuaria. Su concesión se regulará mediante ley.
Artículo 174.- Educación campesina:
Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización y educación del campesino en los ciclos fundamental, técnico y profesional, de acuerdo a los planes y programas de desarrollo rural, fomentando su acceso a la cultura en todas sus manifestaciones.
Artículo 175.- Títulos ejecutoriales definitivos:
El Servicio Nacional de Reforma Agraria tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Los títulos ejecutoriales son definitivos, causan estado y no admiten ulterior recurso, estableciendo perfecto y pleno derecho de propiedad para su inscripción definitiva en el Registro de Derechos Reales.
Artículo 176.- Cosa juzgada:
No corresponde a la justicia ordinaria revisar, modificar y menos anular las decisiones de la judicatura agraria cuyos fallos constituyen verdades jurídicas, comprobadas inamovibles y definitivas.
Título cuarto. Régimen cultural
Artículo 177.- La educación: alta función del Estado.
La educación es la más alta función del Estado, y, en ejercicio de esta función deberá fomentar la cultura del pueblo.
Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del Estado.
La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela unificada y democrática. En el ciclo primario es obligatoria.
Artículo 178.- Enseñanza especializada:
El Estado promoverá la educación vocacional y la enseñanza profesional técnica orientándola en función del desarrollo económico y la soberanía del país.
Artículo 179.- Alfabetización:
La alfabetización es una necesidad social a la que deben contribuir todos los habitantes.
Artículo 180.- Becas de estudio:
El Estado auxiliará a los estudiantes sin recursos económicos para que tengan acceso a los ciclos superiores de enseñanza, de modo que sean la vocación y la capacidad las condiciones que prevalezcan sobre la posición social o económica.
Artículo 181.- Régimen de la escuela particular:
Las escuelas de carácter particular estarán sometidas a las mismas autoridades que las públicas y se regirán por los planes, programas y reglamentos oficialmente aprobados.
Artículo 182.- Libertad religiosa:
Se garantiza la libertad de enseñanza religiosa.
Artículo 183.- Cooperación a la beneficencia:
Las escuelas sostenidas por instituciones de beneficencia recibirán la cooperación del Estado.
Artículo 184.- Órgano rector de la educación:
La educación fiscal y privada en los ciclos pre-escolar, primario, secundario, normal y especial, estará regida por el Estado mediante el Ministerio del ramo y de acuerdo al Código de Educación. El personal docente es inamovible bajo las condiciones estipuladas por ley.
Artículo 185.- Autonomía universitaria:
Las Universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus rectores, personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones y la celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Podrán negociar empréstitos con garantías de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.
Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la Universidad Boliviana, la que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central de acuerdo a un plan nacional de desarrollo universitario.
Artículo 186.- Diplomas y títulos académicos:
Las Universidades públicas están autorizadas para extender diplomas académicos y títulos en provisión nacional.
Artículo 187.- Subvención a las Universidades Públicas:
Las universidades públicas serán obligatorias y suficientemente subvencionadas por el Estado con fondos nacionales, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios creados o por crearse.
Artículo 188.- Régimen de las Universidades Privadas:
Las Universidades privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo, están autorizadas para expedir diplomas académicos. Los títulos en provisión nacional serán otorgados por el Estado.
El Estado no subvencionará a las Universidades privadas. El funcionamiento de éstas, sus estatutos, programas y planes de estudio requerirán la aprobación previa del Poder Ejecutivo.
No se otorgará autorización a las Universidades privadas cuyos planes de estudio no aseguren una capacitación técnica, científica y cultural al servicio de la Nación y del pueblo y no estén dentro del espíritu que informa la presente Constitución.
Para el otorgamiento de los diplomas académicos de las Universidades privadas, los tribunales examinadores, en los exámenes de grado, serán integrados por delegados de las Universidades estatales, de acuerdo a ley.
Artículo 189.- Institutos técnicos:
Todas las Universidades del país tienen la obligación de mantener institutos destinados a la capacitación cultural, técnica y social de los trabajadores y sectores populares.
Artículo 190.- Tuición estatal:
La educación, en todos sus grados, se halla sujeta a la tuición del Estado ejercida por intermedio del Ministerio del ramo.
Artículo 191.- Patrimonio cultural del Estado:
Los monumentos y objetos arqueológicos son de propiedad del Estado. La riqueza artística colonial, la arqueológica, la histórica y documental, así como la procedente del culto religioso son tesoro cultural de la Nación, están bajo el amparo del Estado y no pueden ser exportadas.
El Estado organizará un registro de la riqueza artística histórica, religiosa y documental, proveerá a su custodia y atenderá a su conservación.
El Estado protegerá los edificios y objetos que sean declarados de valor histórico o artístico.
Artículo 192.- Protección al folklore:
Las manifestaciones del arte e industrias populares son factores de la cultura nacional y gozan de especial protección del Estado, con el fin de conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión.
Título quinto. Régimen familiar
Artículo 193.- Familia:
El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado.
Artículo 194.- Igualdad y matrimonio de hecho:
El matrimonio descansa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.
Las uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre personas con capacidad legal para contraer enlace, producen efectos similares a los del matrimonio en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes y en lo que respecta a los hijos nacidos de ellas.
Artículo 195.- Igualdad de los hijos:
Todos los hijos, sin distinción de origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores.
La filiación se establecerá por todos los medios que sean conducentes a demostrarla, de acuerdo al régimen que determine la ley.
Artículo 196.- Divorcio:
En los casos de separación de los cónyuges, la situación de los hijos se definirá teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés moral y material de éstos. Las convenciones que celebraren o las proposiciones que hicieren los padres pueden aceptarse por la autoridad judicial siempre que consulten dicho interés.
Artículo 197.- Relaciones familiares:
La autoridad del padre y de la madre, así como la tutela, se establecen en interés de los hijos, de los menores y de los inhabilitados, en armonía con los intereses de la familia y de la sociedad. La adopción y las instituciones afines a ella se organizarán igualmente en beneficio de los menores. Un código especial regulará las relaciones familiares.
Artículo 198.- Patrimonio familiar inembargable:
La ley determinará los bienes que formen el patrimonio familiar inalienable e inembargable, así como las asignaciones familiares, de acuerdo al régimen de seguridad social.
Artículo 199.- Protección de la infancia:
El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación.
Un código especial regulará la protección del menor en armonía con la legislación general.
Título sexto. Régimen municipal
Artículo 200.- Autonomía municipal:
El Gobierno comunal es autónomo. En las capitales de Departamento habrá un Concejo Municipal y un Alcalde. En las provincias, en sus secciones y en los puertos habrá juntas municipales. Los Alcaldes serán rentados.
En los cantones habrá Agentes Municipales.
Los miembros de los Concejos y Juntas Municipales serán elegidos mediante sufragio popular según el sistema de lista incompleta y por el período de dos años.
Los Alcaldes serán elegidos por los respectivos Concejos o Juntas Municipales, por el período de dos años.
Artículo 201.- Atribuciones de los Concejos Municipales:
Son atribuciones de los Concejos Municipales:
1. Dictar ordenanzas para el buen servicio de las poblaciones;
2. Aprobar anualmente el Presupuesto Municipal por programas a iniciativa del Alcalde;
3. Considerar las ordenanzas municipales de patentes e impuestos, previo dictamen técnico del Ministerio de Hacienda;
4. Establecer y suprimir impuestos municipales, previa aprobación del Senado;
5. Proponer ternas ante los Alcaldes para la designación de los empleados de su municipio;
6. Conocer en grado de apelación, de las resoluciones del Alcalde;
7. Considerar el informe anual del Alcalde;
8. Aceptar legados y donaciones.
Artículo 202.- Jerarquía de los Concejos:
Los Concejos Municipales de las capitales de Departamento ejercerán supervigilancia y control sobre los Concejos Municipales provinciales; los Alcaldes de las capitales de Departamento, sobre los Alcaldes provinciales y éstos sobre los agentes cantonales.
Artículo 203.- Jurisdicciones municipales:
Mediante ley se delimitará la jurisdicción territorial de cada municipio.
Artículo 204.- Requisitos para ser Munícipe:
Para ser Alcalde o miembro del Concejo Municipal se requiere ser ciudadano en ejercicio y vecino del lugar.
Artículo 205.- Atribuciones de los Alcaldes:
Son atribuciones de los Alcaldes:
1. Velar por el abastecimiento de las poblaciones;
2. Reprimir la especulación;
3. Fijar y controlar los precios de venta de los Artículos de primera necesidad y de los espectáculos públicos;
4. Atender y vigilar los servicios relativos a la buena vecindad, aseo, comodidad, ornato, urbanismo y recreo;
5. Impulsar la cultura popular;
6. Precautelar la moral pública;
7. Cooperar con los servicios de asistencia y beneficencia social;
8. Recaudar e invertir las rentas municipales de acuerdo a presupuesto;
9. Negociar empréstitos para obras públicas de reconocida necesidad, previa aprobación del Concejo Municipal y autorización del Senado;
10. Requerir la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones.
Artículo 206.- Limitaciones a la propiedad privada urbana:
Dentro del radio urbano los propietarios no podrán poseer extensiones de suelo, no edificadas mayores que las fijadas por ley. Las superficies excedentes podrán ser expropiadas y destinadas a la construcción de viviendas de interés social.
Título séptimo. Régimen de las Fuerzas Armadas
Artículo 207.- Composición de las FF.AA.:
Las Fuerzas Armadas de la Nación están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, cuyos efectivos serán fijados por el Poder Legislativo, a proposición del Ejecutivo.
Artículo 208.- Misión de las FF.AA.:
Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país.
Artículo 209.- Organización de las FF.AA.:
La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por ley.
Artículo 210.- Dependencia de las FF.AA.:
Las Fuerzas Armadas dependen del Presidente de la República y reciben sus ordenes, en lo administrativo, por intermedio del Ministerio de Defensa; y en lo técnico, del Comando en Jefe.
En caso de guerra el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas dirigirá las operaciones.
Artículo 211.- Requisitos del Mando:
Ningún extranjero ejercerá mando ni empleo o cargo administrativo en las Fuerzas Armadas sin previa autorización del Capitán General.
Para desempeñar los cargos de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe del Estado Mayor General, Comandante y Jefes del Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y de grandes unidades, es indispensable ser boliviano de nacimiento y reunir los requisitos que señala la ley. Iguales condiciones serán necesarias para ser Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 212.- Consejo Supremo de Defensa:
El Consejo Supremo de Defensa Nacional, cuya composición, organización y atribuciones determinará la ley, estará presidido por el Capitán General de las Fuerzas Armadas.
Artículo 213.- Servicio Militar obligatorio:
Todo boliviano está obligado a prestar servicio militar de acuerdo a ley.
Artículo 214.- Ascensos:
Los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme a la ley respectiva.
Título octavo. Régimen de la Policía Nacional
Artículo 215.- Composición de la Policía:
Las Fuerzas de la Policía Nacional están constituidas por la Dirección General, Guardia Nacional, Tránsito y Dirección Nacional de Investigación Criminal. Tienen por misión especifica la conservación del orden público, la defensa de la sociedad mediante sus organismos especializados y la garantía del cumplimiento de las leyes. La Policía Nacional se regirá por su ley orgánica. No delibera ni interviene en política partidista.
Artículo 216.- Dependencia de la Policía:
Las Fuerzas de la Policía Nacional dependen del Presidente de la República por intermedio del Ministro de Gobierno.
Artículo 217.- Requisitos para ser Director de la Policía:
Para ser designado Director General de la Policía Nacional es requisito indispensable ser boliviano de nacimiento y poseer título académico.
Artículo 218.- Caso de guerra:
En caso de guerra internacional, las Fuerzas de la Policía Nacional pasan a depender del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que dure el conflicto.
Título noveno. Régimen electoral
Capítulo primero. El sufragio
Artículo 219.- Condiciones de sufragio:
El sufragio constituye la base del régimen democrático representativo y se funda en el voto universal, directo e igual, individual y secreto, libre y obligatorio; en el escrutinio público y en el sistema de representación proporcional.
Artículo 220.- Electores:
Son electores todos los bolivianos que hayan cumplido 21 años de edad o 18 siendo casados, cualquiera que sea su grado de instrucción, ocupación o renta, sin más requisito que su inscripción en el Registro Cívico, previa presentación de documentos de identificación personal.
En las elecciones municipales podrán votar los extranjeros en las condiciones que establezca la ley.
Artículo 221.- Elegibles:
Son elegibles los ciudadanos que sepan leer y escribir y reúnan los requisitos establecidos por la Constitución y la ley.
Capítulo segundo. Los partidos políticos
Artículo 222.- Libertad de asociación política:
Los ciudadanos tienen el derecho de organizarse en partidos políticos con arreglo a la presente Constitución y la Ley Electoral.
Artículo 223.- Representación popular:
La representación popular se ejerce por medio de los partidos políticos o de los frentes o coaliciones formadas por éstos.
Las agrupaciones cívicas representativas de las fuerzas vivas del país, con personería reconocida, podrán formar parte de dichos frentes o coaliciones de partidos y presentar sus candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Diputados y Concejales.
Artículo 224.- Registro partidario:
Los partidos políticos se registrarán y harán reconocer su personería por la Corte Nacional Electoral.
Capítulo tercero. Los órganos electorales
Artículo 225.- Organismos electorales:
Los órganos electorales son:
1. La Corte Nacional Electoral;
2. Las Cortes Departamentales;
3. Los Juzgados Electorales;
4. Los Jurados de las Mesas de Sufragios;
5. Los Notarios Electorales y otros funcionarios que la ley respectiva instituya.
Artículo 226.- Garantías a los órganos electorales:
Se establece y garantiza la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos electorales.
Artículo 227.- Composición, jurisdicción y competencia:
La composición así como la jurisdicción y competencia de los órganos electorales serán establecidas por ley.
Parte cuarta. Primacía y reforma de la Constitución
Título primero. Primacía de la Constitución
Artículo 228.- La Constitución: Ley suprema.
La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicaran con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones.
Artículo 229.- Inalterabilidad de preceptos:
Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento.
Título segundo. Reforma de la Constitución
Artículo 230.- Ley de necesidad de Reforma:
Esta Constitución puede ser parcialmente reformada, previa declaración de la necesidad de la reforma, la que se determinará con precisión en una ley ordinaria aprobada por dos tercios de los miembros presentes en cada una de las Cámaras.
Esta ley puede ser iniciada en cualquiera de las Cámaras, en la forma establecida por esta Constitución.
La ley declaratoria de la reforma será enviada al Ejecutivo para su promulgación, sin que este pueda vetarla.
Artículo 231.- Procedimiento de Reforma:
En las primeras sesiones de la legislatura de un nuevo período Constitucional se considerará el asunto por la Cámara que proyecto la reforma y, si ésta fuere aprobada por dos tercios de votos, se pasará a la otra para su revisión, la que también requerirá dos tercios.
Los demás tramites serán los mismos que la Constitución señala para las relaciones entre las dos Cámaras.
Artículo 232.- Votación de la Reforma:
Las Cámaras deliberarán y votarán la reforma ajustándola a las disposiciones que determine la ley de declaratoria de aquella. La reforma sancionada pasará al Ejecutivo para su promulgación, sin que el Presidente de la República pueda observarla.
Artículo 233.- Reforma del período presidencial:
Cuando la enmienda sea relativa al período Constitucional del Presidente de la República, será cumplida sólo en el siguiente período.
Artículo 234.- Leyes interpretativas:
Es facultad del Congreso dictar leyes interpretativas de la Constitución. Estas leyes requieren dos tercios de votos para su aprobación y no pueden ser vetadas por el Presidente de la República.
Artículo 235.- Derogaciones y abrogaciones:
Quedan abrogadas las leyes y disposiciones que se opongan a esta Constitución.
ENERAL DE FUERZA RENE BARRIENTOS ORTUÑO
Presidente constitucional de la republica
CONSTITUCION POLÍTICA DE ESTADO