Cuando los bolivianos acudan a las urnas el domingo próximo para elegir una Asamblea Constituyente, darán un nuevo y decisivo paso en un proceso de lucha y acumulación social, que lleva al menos 16 años, regado de sangre y heroísmo.

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La exigencia de la asamblea fue una de las principales banderas de las rebeliones sociales de 2003, que obligó a renunciar a la Presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada, y de 2005, que puso fin al precario gobierno transitorio de Carlos Mesa.

El primero se había negado de plano a convocar la asamblea, debido a que el torrente social que la reclamaba esperaba de ella el fin del neoliberalismo que Sánchez de Lozada había consolidado en su primer gobierno (1993-97).

Mesa cedió a la demanda, pero solamente con promesas, tras las cuales intentó convertir la asamblea en un procedimiento de reforma limitada de la Constitución, con modalidades tradicionales de elección y representación.

La renuncia de Mesa, en junio de 2005, consolidó la idea de que la Constituyente era indetenible, convertida en demanda estelar del ascendente Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, cuya elección por mayoría absoluta llevó a una negociación política plasmada en la convocatoria de la elección del domingo próximo.

Simultáneamente y por presiones de partidos tradicionales y organizaciones regionalistas, se convocó también para el 2 de julio a un referendo sobre autonomías departamentales (provinciales), carentes de consenso y materia de controversias políticas y regionales.

El tema será definido en última instancia por la Constituyente, reclamada por primera vez en 1990, por indígenas de la norte la región de Beni, llegados a La Paz en una sacrificada Marcha por la Dignidad y el Territorio.

Convencidos de que solamente un cambio constitucional lograría atender sus reclamos de respeto a sus territorios ancestrales y a su identidad cultural, los originarios exigieron la elección de la Asamblea, sin lograr mayor eco, aunque sembrando la idea en amplios sectores que la hicieron poco a poco suya.

Ante esas presiones, en 1994 el Congreso aprobó una reforma constitucional que proclamó el carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia, aunque solamente a nivel de enunciado y con pocas medidas estructurales en favor de los aborígenes.

La lucha popular continuó en 1996, con una nueva marcha de originarios andinos y de las tierras bajas hasta La Paz, que mantuvo en pie la exigencia de la Constituyente.

Esta logró del gobierno de entonces la promulgación de una nueva ley agraria reformista y el reconocimiento de 33 territorios indígenas, denominados Tierras Comunitarias de Origen.

Una larga protesta de los campesinos aymaras virtualmente sitió a La Paz en septiembre y octubre de 2000, reclamando atención a sus demandas y la convocatoria de la Asamblea.

Ese mismo año, en la ciudad central de Cochabamba, se produjo la "guerra del agua", que obligó al gobierno de Hugo Banzer a dejar sin efecto la privatización del servicio de agua potable de esa urbe y, si bien no planteó la Constituyente, impulsó las luchas sociales.

Ese mismo año, los indígenas de las zonas tropicales del país realizaron una nueva Marcha a La Paz por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales, con la Asamblea como principal demanda.

Dos años más tarde, decenas de organizaciones indígenas andinas y de los llanos marcharon casi 900 kilómetros desde la oriental ciudad de Santa Cruz hasta La Paz, también por la convocatoria de una Constituyente que acabe con la exclusión que padecen desde hace más de cinco siglos.

Los aborígenes plantearon excluir de la elección de la Asamblea a los partidos políticos tradicionales y, también en 2000, el Parlamento aprobó una ley de reforma constitucional que abrió la posibilidad de convocar a la Constituyente.

En 2003, el malestar social se intensificó ante la percepción de que el régimen de Sánchez de Lozada pretendía exportar gas por puertos chilenos, sin exigir al vecino que atienda la demanda histórica boliviana de una salida soberana al mar.

El rechazo a esa eventualidad se convirtió en la exigencia de nacionalización de los hidrocarburos y de convocatoria de una Asamblea Constituyente popular y antineoliberal, a lo que se negó Sánchez de Lozada, apelando a la represión, con el resultado de 67 muertos.

El hasta entonces vicepresidente Carlos Mesa asumió la Presidencia en reemplazo del renunciante y, apenas instalado en el cargo, prometió convocar a la Asamblea, lo que se empantanó entre indefiniciones gubernamentales y presiones regionalistas por el referendo autonómico.

Un debate parlamentario trabado en el dilema de realizar primero la elección de consituyentes o el referendo, provocó grandes protestas sociales que, con las banderas de la nacionalización y la Asamblea, obligaron a dimitir a Mesa y a los presidentes de las cámaras legislativas, que pretendían reemplazarlo.

El siguiente en la jerarquía estatal era el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, quien convocó a elecciones adelantadas, en las que el proceso de lucha reseñado desembocó en la victoria de Evo Morales.

La nueva administración logró concertar criterios con los partidos tradicionales para que el Parlamento apruebe una ley que convocó a la elección de los constituyentes y al referendo autonómico para el 2 de julio.

La ley estableció una modalidad de elección desde las bases, con tres delegados por cada una de las 70 circunscripciones electorales, y de otros cinco por cada uno de los nueve departamentos de Bolivia.

También determinó que el partido más votado, independientemente del margen de su victoria, dejará en manos de la oposición al menos un tercio de los escaños; y que la Asamblea deberá aprobar la Carta Magna por dos tercios de los votos, lo que perfila para muchos analistas un panorama difícil para los acuerdos en la Asamblea.

Tal vez pensando en ello, el favorito MAS y Morales apuestan a una victoria que les asegure 70 por ciento de los votos, es decir más de dos tercios del electorado, para consolidar el proceso de cambios en marcha y la lucha popular de los últimos 16 años.

lac/mrs