Una nueva Asamblea Constituyente nace hoy en Bolivia, con especial trascendencia, por ser la primera elegida por la ciudadanía y surgida de las demandas de los pueblos indígenas, los más reprimidos.

En esta ocasión también participan en un referendo sobre autonomías departamentales signado por un el choque entre el gobierno y entidades sociales, de un lado, y los partidos tradicionales y sectores regionalistas y empresariales del otro.

Una vez instalada en la sureña ciudad de Sucre, el 6 de agosto próximo, la Constituyente redactará una nueva Carta Magna, la vigésima en la historia de esta nación andina.

Los 255 constituyentes emergerán de la voluntad popular, aunque ninguna de las principales agrupaciones en pugna tiene asegurado un respaldo que le garantice una mayoría de dos tercios, necesarios para aprobar la nueva Carta Magna.

En Bolivia ha habido 18 reformas constitucionales surgidas de asambleas o convenciones constituyentes, aunque los especialistas estiman que las más importantes de ellas son las de los años 1825, 1826, 1938 y 1967.

Si bien no hay consenso entre los historiadores, se considera que entre las asambleas más importantes sobresale la llamada Deliberante del 6 de agosto de 1825, cuyos representantes aprobaron la creación de la República de Bolivia.

Aquella magna cita fue convocada por Antonio José de Sucre y deliberó en la sureña ciudad de Chuquisaca, luego denominada Sucre, la capital histórica de la nación andina.

En 1826, también a solicitud de Sucre, se realizó el Congreso General Constituyente, que sentó las bases del funcionamiento del país y estableció los poderes del Estado, las instituciones primigenias y un ordenamiento legal.

En 1938, convocada por el Presidente Germán Busch, se realizó la Convención Nacional, que estableció el derecho a la asociación sindical, el reconocimiento del contrato colectivo y el derecho de huelga.

La de 1967, durante la presidencia del dictador René Barrientos, permitió la redacción de la Constitución vigente hasta la fecha en Bolivia (con reformas en 1995 y 2004).

Las nuevas circunstancias con el triunfo del Movimiento al Socialismo y la elección del presidente Morales en diciembre de 2005, tras intensas luchas sociales, favorecieron la convocatoria de una nueva Constituyente, reclamada durante 16 años de luchas sociales.

Según la convicción generalizada, los gobiernos neoliberales, desde 1985 y hasta 2005, sólo lograron profundizar la pobreza y los desequilibrios sociales, además de promover el saqueo de los recursos naturales por las empresas transnacionales.

En 1990, el movimiento indígena y campesino del oriente boliviano empezó a exigir la refundación del país a partir de una nueva Constituyente, demanda que se extendió por todo el país.

Los bolivianos parecen convencidos de que la Asamblea Constituyente no es una fórmula mágica para solucionar los problemas y conflictos que arrastra el país desde hace décadas.

Consideran por ello que se trata sobre todo de un espacio de diálogo y concertación para que bolivianas y bolivianos busquen la manera de enfrentar acumulados problemas, reorganizando el país y definiendo nuevas reglas de convivencia en lo político, lo económico y lo social.

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