Suma de poderes
Nada nuevo bajo el sol: "crisis" y "superpoderes permanentes"

El tema no es novedoso en la práctica política institucional de los últimos años, sino que por el contrario, se ha consolidado como un mecanismo continuo y casi permanente, mediante el cual los poderes ejecutivos de turno procuran -en aras de sucesivas emergencias y crisis- exceder el marco normal de competencias que le acuerda la Constitución Nacional.

Por Miguel Saredi y Orlando Pulvirenti (*)

Especial para Agencia NOVA

En las últimas semanas ha estallado la polémica respecto de la solicitud, incluida en el proyecto de presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, de facultar al jefe de gabinete con atribuciones que lo habiliten a REASIGNAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

Esta atribución, que se prolongaría durante todo el ejercicio económico del 2005, ha motivado no pocas sospechas respecto del destino que a las mismas habrá de acordarse. Pero, en nuestra opinión, más allá de las lógicas desconfianzas o reparos que puedan surgir, nos parece que el planteo de fondo debe ser otro: la natural y lamentable tendencia de nuestros ocasionales funcionarios nacionales de avanzar sobre las facultades asignadas a otros Poderes de la Nación desconociendo, de esta manera, lo establecido en nuestra Carta Magna.

(Ese remanido, básico y necesario tema que cualquiera novel estudiante de derecho conoce: la división e independencia de los poderes y la imperiosa necesidad que sus funciones sean respetadas en una República).

Tan sencilla regla de juego, enunciada hace siglos por Rousseau, Montesquieu y Hobbes, aún parece no ser comprendida por numerosos funcionarios, que intentan concentrar arbitraria y desmedidamente poder.

Por ello, la cuestión planteada es rica en matices y quizás debemos encarar los temas de fondo dejando a un lado nuestra posición favorable o desfavorable a la actual administración nacional, o nuestra simpatía o antipatía por el actual mandatario o su Jefe de Gabinete. Si permitimos primar mezquinos intereses o simpatías personales, ningún bien se le hace a la República.

Debemos, sinceramente, preguntarnos: ¿Es permanente la crisis y por ello se buscan siempre remedios "excepcionales"? ¿No podemos después de más de 20 años de democracia, reestablecer un cauce de normalidad a la institucionalidad argentina? ¿Le interesa realmente esta cuestión a los partidos políticos? ¿Le interesa a nuestra dirigencia? ¿O tan sólo se expone cuando es el otro partido el que pretenda ejercer estas facultades? ¿Entenderemos en algún momento, que no se pueden alterar en forma permanente los lineamientos institucionales sin que resultemos inmensamente perjudicados?

Consideramos que las siguientes reflexiones pueden resultar posibles respuestas a los interrogantes que planteábamos.

1- Ningún país puede vivir en estado de crisis permanente. Por definición una crisis supone la idea de transitoriedad, así lo ha expresado la CSJN en las causas SMITH y SAN LUIS. Es decir, no resulta lógico ni adecuado a derecho, sostener un permanente estado de crisis para poder, bajo dicho pretexto, trastocar en forma permanente las reglas de juego. En consecuencia, si bien resulta razonable que en circunstancias extremas en las que la propia integridad de la Nación se encuentra afectada se adopten medidas excepcionales (artículo 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos), en modo alguno ello autoriza a considerar que esa situación resulta permanente e insuperable. Esta explicación jurídica debe acompañarse con la interpretación histórica y política. Más allá de nuestras preferencias a los últimos gobiernos justicialistas o radicales, debemos reconocer que en los últimos años, sólo el gobierno de transición de Eduardo Duhalde fue, quizás, el que tenía el mayor grado de debilitamiento ya que fue elegido por Asambleas Constituyentes y se constituyó en medio de una crisis de características tales que el desmembramiento social y territorial eran consecuencias más que posibles.

2- Tal vez en ese mismo camino, resulte una herramienta útil de entendimiento analizar de qué forma los partidos políticos y sus dirigentes, -lejos de asumir el compromiso que a todos ellos les es exigible con la democracia y un sistema republicano de gobierno- han privilegiado muchas veces las conveniencias de ocasión, las urgencias electorales o de posicionamiento y sólo han recordado lo establecido en la Carta Magna, cuando se está en la oposición. Solo por ejemplificar, podría citarse el apoyo de la UCR a los superpoderes de Cavallo y la negativa de los justicialistas ante esa situación. Postura que se transformó en opuesta al momento de cambiar el signo político de acuerdo a los intereses partidarios del momento y colocando a éstos por encima de la República.

3- Finalmente, consideramos que últimamente se ha menoscabado la importancia que tiene para el circuito económico el principio de previsibilidad y estabilidad de las reglas de juego sociales. Sin embargo, sin caer en el dogmatismo ni en el ideologismo de los 90, la afectación de la denominada seguridad jurídica claramente actúa como un factor disuasivo de inversiones, puesto que nadie quiere arriesgar y/o depositar sin tener certezas respecto del proceder del Gobierno.

Debe, en consecuencia, reafirmarse que alterar en forma permanente el balance de poderes establecidos por el constituyente, no sólo afecta la institucionalidad del país, sino además las propias posibilidades de desarrollo económico y social de la Nación, más allá del signo económico o el mayor grado de intervención estatal en la economía que se propugne. Aún en la Venezuela de Chavez, la salida del plebiscito significó un mayor caudal de inversiones ya que logró regularizarse un cauce institucional que había estado muy alterado en los meses previos.

Sabiendo que muchos no coincidirán con nuestra impresión e incluso hasta se molestarán, queremos traer a colación el peor momento del siglo de nuestro país - fines del 2001, principios del 2002- momento que consideramos fue cuando más se respetó literalmente el articulado de nuestra Constitución Nacional, situación que evitó una ruptura institucional por medio de las Asambleas Constituyentes. Las fuerzas políticas se unieron ante la debacle, que amenazaba hundir a todos, y -siguiendo la Constitución- se pudo enderezar al país que iba camino a un abismo, sin que nadie se atreviera a predecir su destino. Hoy, con la sangre aún caliente, puede que algunos intenten desconocer esto pero sin lugar a dudas, la historia se encargará de revindicar aquello que los argentinos fuimos capaces de hacer al respetar lo establecido en nuestra Carta Magna.

Cuando Alberto Fernández defiende los superpoderes en la Cámara de Senadores dice -ratificando lo que sostenemos en este artículo- : "Estamos pidiendo facultades que los jefes de gabinete tienen desde 1997, a veces en situaciones que ni siquiera revestían condiciones de emergencia (.)". Por supuesto, coincidimos con lo expresado por el ministro, pero creemos que ni Menem en su momento ni De la Rúa, ni tampoco el Presidente Kirchner revistan condiciones de emergencia en el sentido que nuestra Constitución y los más importantes doctrinarios y jurisconsultos le otorgan a ésta palabra.

Quizás sea hora que nuestro Presidente, y nuestros dirigentes actuales, revean su posición en la asignación de poderes extraordinarios y entiendan que con nuestra Carta Magna "sobra" para reconstruir nuestra República.

(*) Miguel Saredi es ex Diputado Nacional (2002-2003), ex concejal y presidente del PJ. Abogado. Orlando Pulvirenti es ex concejal y abogado especialista en Derecho Constitucional y Municipal