Energía desperdiciada

Por José Enrique Velázquez

LA PLATA, 28 MAY (Especial de AIBA). Las dificultades –alguno las llaman crisis, otros "problemas"— energéticas que hoy sufre la Argentina obligan a imprescindibles restricciones, con la finalidad de conservar los fluidos vitales para que el país no se paralice. Ante la inevitabilidad de la coyuntura, no cabe otra decisión que restringir todo uso no indispensable de energía.

Pero no son pocos los que creen que debieron preverse estas dificultades, tomando la determinación de hacer ahorros cuando la crisis no estaba en un pico, para no desperdiciar la energía que hoy necesitamos. Sin hacer juicios de valor sobre la actitud de las autoridades nacionales al respecto, se puede parangonar esa presunta energía desperdiciada, a una suerte de confrontación que se ha dado entre la Nación y las provincias más grandes del país (en materia de habitantes y de Producto Bruto) con relación a la tantas veces postergada reforma de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

En torno de esta cuestión el Gobierno Nacional, que acordó con el Fondo Monetario Internacional convenir con la totalidad de las provincias una nueva norma legal respecto del sistema de transferencias nacionales, ha generado una controversia que lleva a pensar que se está desperdiciando energía. Desperdicio más criticable aún porque no existiría si se hubiera buscado seriamente y sin prejuicios, el consenso de los gobernadores de las provincias.

Ante la falta de diálogo previo, el intento de lograr un documento firmado por todas las provincias era –también— un gasto inútil de energía. Las provincias, en especial Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, no advertían cambios positivos en el proyecto de acuerdo que elaboró unilateralmente el Gobierno Nacional. Y notaban un nuevo y peligroso avance sobre el régimen federal, porque el Fondo de Equidad Social que impulsa el proyecto de la Nación, acentuaba inconsultamente el centralismo fiscal.

Claro que el perjuicio mayor volvía a ser –otra vez más y van...— para Buenos Aires. Que no sólo advertía esa alarmante acentuación del centralismo, sino que seguía perdiendo participación porcentual en el total de la masa coparticipable. El análisis hecho por los técnicos bonaerenses demostraba inequívocamente que el nuevo régimen –de aceptarse— no sólo no reparaba el perjuicio que viene sufriendo la Provincia desde hace 20 años, sino que lo agrandaba, afectando fuertemente a la gestión de Felipe Solá y también a los gobiernos que se sucedan en los próximos 10 años.

La determinación del gobierno de la Nación de no abrir la discusión a las provincias antes de volcar al papel el proyecto de acuerdo, generó un gran gasto de energía que se plasmó en un sucedáneo mediático del debate que debió darse. Que en un aspecto fue energía desperdiciada, pero tuvo un aspecto positivo porque la discusión pública fue grande. Sobre todo porque algunos de los actores, que nunca habían tomado cuenta de la importancia que tiene la coparticipación para las administraciones provinciales, comenzaron a tomar nota de su trascendencia. Incluso empezaron a advertir que también los afectaba a ellos. En los salarios. En los servicios que presta el Estado. Hasta en su calidad de vida.

Hasta hace muy poco tiempo la Coparticipación sólo era tema de gobernantes, ministros –especialmente de Economía— o economistas. La población estaba ajena a esa cuestión, como estaba ajena gran parte de la dirigencia, sea ella política, empresaria, gremial o social

Los datos son ilustrativos: en noviembre de 2003, encuestas privadas indicaban que sólo un 3% de la población sabía que existe la Coparticipación (por supuesto que los encuestadores no se arriesgaban a preguntar "qué" sabían de la Coparticipación). Las mismas pesquisas realizadas en el mes de abril muestran que ese conocimiento creció a niveles de 35 por ciento.

Y aunque todavía no se introdujeron en el debate aquellos que a través de los medios discuten sobre educación o salud, por ejemplo, no van a demorar en entender que su participación es fundamental para que la financiación de esos servicios esenciales esté debidamente asegurada.

El planteo de Buenos Aires –con una abrumadora cantidad de indicadores objetivos que lo avalan— es claro: reclama que se repare la vieja injusticia que significa, para una provincia de casi 15 millones de habitantes (casi el 40% de la población del país), recibir sólo el 22% de coparticipación. Y completa su demanda, explicitada por el Gobernador Solá y sus ministros Otero y Mouillerón, con una puntualización inequívoca: no pide que se le quite puntos a otras provincias para dárselos a ella, sino que exhorta a la Nación a que ceda algunos de los muchos puntos que creció en la distribución de recursos, en especial en la década de los ´90 y durante el transitorio gobierno de la Alianza, años en que la Nación pasó de una participación de 43% al 60%. Mientras las provincias fueron forzadas a recorrer el camino inverso. Para lo cual desde la Nación se utilizaron diversos argumentos: el déficit previsional, el pago de las deudas (para sostener artificialmente el "1 a 1"), los acuerdos con el Fondo, etcétera. Y además, gracias a la prédica de Cavallo y la mayoría de los economistas ortodoxos, las provincias cargaban con el sambenito de ser culpables del "excesivo gasto público".

Hoy el Gobierno Nacional está a cargo de un ex Gobernador de provincia, que conoce como pocos la cuestión del Sistema de Coparticipación y que en la campaña electoral prometió devolver 8 puntos a Buenos Aires. No se entiende, entonces, su postura actual, que "ningunea" a la principal provincia argentina, perjudicando al gobierno bonaerense y a todos los habitantes. Es decir, a algo menos de la mitad del país.

Salvo que haya una intención oculta, parece energía desperdiciada. (AIBA)