Ni
discriminación ni despojo
Por
Daniel Lorea
LA
PLATA, 29 MAR (Especial para AIBA). En los últimos días
se han producido manifestaciones de diversos dirigentes, inclusive
legisladores provinciales, acusando al gobierno bonaerense de reducir
las transferencias hacia ciertos municipios del interior de la Provincia.
Para ello se basan en números que no son reales, con lo que
intentan impresionar a ciudadanos desprevenidos, pero sólo
consiguen desconcertar a los propios intendentes, que por un lado
reciben mayores recursos desde la provincia y por otro se enteran
de esas manifestaciones que niegan la realidad.
Alguno,
incluso, se ha explayado sobre la distribución de recursos
para los municipios, con argumentos inventados y agraviantes. Se intenta
captar la atención publica con denuncias falaces. Sin embargo,
aunque sean manifestaciones equívocas y repetitivas, es necesario
aclararlas.
La
pregunta surge rápidamente: ¿porqué los Intendentes
no se quejan de estas supuestas discriminaciones o despojos? La respuesta
es simple: porque no existen. Y los números son irrebatibles.
En el año 2003 las transferencias a los municipios totalizaron
$1600 millones, 26% más que en el año 2002; lo que significó
para ellos (peronistas, radicales o de otras fuerzas) contar con $330
millones mas que en el año anterior. Este notable incremento
se explica en las importantes mejoras que se lograron en la recaudación
provincial, en las mayores transferencias del gobierno nacional, pero
fundamentalmente en la decisión política del gobernador
Felipe Solá de descentralizar el cobro de diversos impuestos
hacia los municipios.
Esta
decisión beneficia, sobre todo, a los municipios del interior
de la Provincia ya que es allí donde el impuesto Inmobiliario
Rural tiene su mayor incidencia. Por este concepto los municipios
obtuvieron $167 millones contra $25 millones que habían recibido
en el año 2002. Lo que significa que la decisión de
descentralizar los impuestos, sólo por el año 2003 les
significó recibir $142 millones más.
El
impacto de esta medida es muy claro: mientras el conjunto de municipios
recibió un 26% más de transferencias, los del interior
tuvieron un incremento de 32% y los del Conurbano de 20%; cabe preguntarse
¿dónde está la presunta discriminación?
Por otra parte, merece destacarse la composición de las transferencias:
el 97% correspondió a distribuciones directas (coparticipación,
descentralización y juegos de azar), que se realizan por indicadores
objetivos y predeterminados, lo que les asegura a los municipios previsibilidad
para su administración y ninguna posibilidad de "despojo".
Las
perspectivas para el 2004
Para el año 2004 se estima que las transferencias a los municipios
serán de $1.810 millones, 13% superior al año anterior,
lo que representa más de $210 millones adicionales. Este año
se incorporan las transferencias que surjan del Fondo de Fortalecimiento
de Programas Sociales, que será distribuido en su totalidad
entre los municipios mediante un índice de vulnerabilidad social
en cuya composición se contemplará la cantidad de población
bajo la línea de indigencia a través de diferentes indicadores.
Se estima que el monto a distribuir por este Fondo municipal –establecido
por la Ley 13.163— alcanzará a $80 millones en el año
2004, que los municipios podrán destinar a atender las demandas
de asistencia alimentaría y familiar.
De
esos $80 millones, la Provincia aporta $20 millones, producto de la
recaudación de agentes de retención del impuesto sobre
los ingresos brutos, mientras que el resto se constituye con aportes
municipales generados a través de la coparticipación,
descentralización y juegos de azar.
Pero
el hecho que aporten a la constitución de este Fondo no significa
bajo ningún concepto que pierdan estos recursos, como manifiestan
algunos dirigentes, sino que los mismos se distribuyen entre los municipios
por indicadores que miden la situación social de cada comuna.
En definitiva constituyen transferencias a los municipios, bajo un
nuevo indicador y afectadas a programas sociales.
Cabe
destacar que del total de recursos transferidos en el año 2003
($1.600 millones) el 52% fue al interior, en tanto que el 48% fue
al Conurbano, mientras que en el presente ejercicio la relación
será del 50% para cada uno de los sectores, atenuando el perjuicio
que sufre el Conurbano. Es evidente que si tomamos cualquier indicador
como población, pobreza, necesidades básicas insatisfechas
o empleo, advertimos que en realidad quien se ve perjudicado en esta
distribución no es el interior, sino el Conurbano.
Los
datos numéricos son irrebatibles. No hay, entonces, discriminación
ni despojo. Las quejas sólo apuntan a posicionarse políticamente,
ante las cuales el gobierno bonaerense contestará con la verdad
de los hechos y las transferencias comprobadas. Y profundizando sus
políticas de descentralización.
(*)
Subsecretario de Política y Coordinación Fiscal de la
Provincia de Buenos Aires