A principios
del año 2003, el régimen de Carlos Juárez ya tenia
todas las características escasamente republicanas que al año
siguiente sustentaron la intervención federal a la provincia. Ello
no fue un obstáculo moral para que el entonces candidato presidencial
Nestor Kirchner, en su campaña política, se exhibiera en
publico y tuviera palabras elogiosas para con los “protectores ilustres”
locales.
Pese a que las condiciones para la intervención federal a Santiago
del Estero estaban dadas desde hace muchos meses antes (recordar los debates
de Ricardo Lopez Murphy con Aníbal Fernández) fue necesario
un conflictivo congreso del partido político al que pertenece el
Presidente para que este se decidiese a intervenir al poder del caudillo
provincial y ahora “ex amigo”, a modo de un “efecto
demostración” hacia los demás gobernadores. Repárese
que en San Luis las condiciones actuales son idénticas a la que
exhibía nuestra provincia, en términos de opresión
y degradación institucional (su ciudad capital tiene dos intendentes¡),
pero no es intervenida por el gobierno nacional.
La Intervención federal ha instalado la idea de que recuperar el
Estado provincial, la independencia de poderes y la seguridad jurídica
son cuestiones ideológicas (y le pertenecen a su sesgo) cuando
todos ellos son temas republicanos. Asimismo, considera que la actual
Constitución provincial ha sido la causa determinante para la vigencia
del régimen del matrimonio Juárez (un análisis comparado
de todas las Constituciones provinciales vigentes en la región
Noa y en el país no daría grandes diferencias entre si).
Se estima que lo fundamental es derogar la ley denominada “de lemas”
y modificar el régimen electoral incorporado en la Constitución
y al sistema de representación política que se deriva del
mismo. Ello tendría un consenso generalizado y con lo cual Recrear
comparte plenamente.
El inconveniente
es que se enfrentaría un dilema de una divergencia entre “lo
legitimo y lo legal”.
Lo que la Intervención federal “olvida”, aun cuando
no fuese relevante legalmente si lo es en términos políticos,
es que en el Senado, en el debate de la ley de intervención, el
Senador Gómez Diez (Recrear) propuso tomar la previsión
de incluir explícitamente la convocatoria a una elección
de convencionales constituyentes, a lo que se opuso terminantemente la
misma Senadora Cristina Fernández de Kirchner, argumentando una
violación a la organización federal del país. Ello
fue votado y desaprobado.
La aprobación de esta lógica y racional iniciativa, aun
cuando la haya propuesto la oposición, nos hubiese ahorrado mucho
tiempo y esfuerzo a los santiagueños en esta indelegable tarea
de “construcción de institucionalidad” , buscando la
necesaria convergencia de la legitimidad de la reforma constitucional
con la imprescindible legalidad de un proceso que no debe estar supeditado
a un “doble discurso político”.
Castor López
Presidente de Recrear Santiago, junio de 2004