Es necesario remarcar que ya no importa si el particular estilo presidencial es o no una mera estrategia de imagen, como dicen algunos, o si representa el intento de corregir efectivamente el rumbo de la crisis argentina, como ya casi nadie sostiene.

Para abonar esta afirmación, sólo basta analizar la política del gobierno K con respecto al fenómeno “piquetero”. En los últimos días, muchos argentinos pudimos ver con preocupación como un grupo de funcionarios de primer orden asistió a una asamblea “piquetera” del sector llamado “dialoguista”. Sin dudas fue el broche de oro de un largo camino de “coqueteos” que se inició hace más de un año cuando asumió el actual gobierno.-

Y así como alguna vez los argentinos aprendimos a convivir con el IVA, “un impuesto de emergencia que sería rápidamente eliminado cuando se superara la situación que llevaba a su implantación”, o el impuesto a los combustibles, deberemos, de ahora en más, aprender a convivir con la “interna piquetera” y todas sus derivaciones, que la ineficiencia de un gobierno supo institucionalizar definitivamente.

En efecto, ¿con qué legitimidad un gobierno que pacta con el sector piquetero y le entrega planes sociales por cifras millonarias frena los saqueos que se vendrán? Esta la derivación más importante de no haber solucionado el tema de raíz, sin eufemismos y con políticas claras. Si un gobierno avaló indirectamente los cortes de ruta o la destrucción de la propiedad privada (ambos delitos penados en el Código Penal), ¿cómo pretende ahora que se aplique la ley con los saqueos a empresas privadas?. El gobierno ha perdido legitimidad en su accionar.

Esto es así por cuanto los piqueteros tienen, se quiera o no, derechos adquiridos a la luz de la ineficiencia del gobierno en encarar la cuestión. Y se sigue equivocando: fomenta el sector piquetero llamado “dialoguista” contra el sector llamado duro. Pero en rigor de verdad: ¿continúa siendo piquetero el sector llamado “dialoguista”?. ¿Qué se necesita para volver dialoguista el sector piquetero llamado “duro”? ¿Más planes sociales, mayor entrega de prebendas?

Mientras tanto, la gente común que pretenda trabajar, estudiar, los desocupados que quieran buscar trabajo, o las empresas que vengan a invertir a nuestro país deberán seguir lidiando cotidianamente con cortes de ruta, saqueos, desorden, violencia, intromisión en la vida privada, etc. Los desocupados que quieran acceder a un empleo deberán seguir acreditando ante su futuro empleador que viven del mismo lado de la Ciudad como se exige en la actualidad en muchos casos.

Esto así, por cuanto en la Argentina del absurdo, se privilegia los derechos humanos de quienes eligen la informalidad por sobre los derechos humanos de los que respetan la ley. Se reforman los códigos, amparando una y otra vez a quienes no tienen la intención de cumplirlos, por sobre quienes eligen respetarlos. Se termina favoreciendo, en definitiva, a quienes no cumplen la ley e impeliendo a los que lo hacen a quebrantarla.

Es el propio gobierno quien entra a jugar en las internas políticas de grupos de presión informales; se sienta a negociar con ellos y hasta les otorga fondos sin ningún tipo de control (se habla de partidas presupuestarias cercanas a los 3.600 millones de pesos para piqueteros en el gran Buenos Aires), generando de esta manera una competencia desleal con quienes pagan impuestos, registran a sus empleados, pagan peajes, en definitiva de quienes eligen la economía formal.

Piqueteros ocupando un local de McDonalds

Un gobierno, cualquiera sea el signo político o su tendencia, debe comprender y aceptar que existen temas sobre los cuales no puede haber dobles interpretaciones, tales como el respeto por el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, la legalidad y el orden jurídico, bases mismas del Estado y de su buen funcionamiento y armonía. Estos “contenidos pétreos” sobre los cuales no se negocia con nadie, constituyen la esencia misma del Estado. A ningún representante serio de un país civilizado se le ocurriría avalar, directa o indirectamente, el corte de una ruta nacional por más importante que sea la reivindicación, ni permitir el saqueo de una empresa que va a invertir a su país generando capitales, puestos de trabajo e imagen país.

Sin dudas, esta estrategia del gobierno le es provechosa en términos políticos. En efecto, resulta más fácil echarle la culpa de todo lo que ocurre a los “molinos de viento” que delinear una política económica y social que permita el desarrollo sustentable. Es más fácil negociar con los secuestradores, que idear una política de seguridad moderna y efectiva. Es, sin lugar a dudas, mucho más cómodo dejar a los piqueteros presionar por cualquier medio para obtener sus demandas de grupo, que tener una política social seria que, terminando con el clientelismo político, baje a la vez los índices de pobreza. Es también más redituable políticamente otorgar planes sociales en la Provincia de Buenos Aires, donde muchas veces se descomprimen intestinas internas políticas, que hacerlo en el norte de nuestro país, que representa en conjunto menos del 10% del padrón electoral de la Nación.

El gobierno cae, en definitiva, en la política del “corto plazo”. Pero este camino no está exento de riesgos. En efecto, quien genera esta estrategia se ata al “resultadismo”, puesto que mientras más simple se visualiza la realidad, menos se valoran los esfuerzos y más rápido se exigen resultados de todo tipo, corriendo el riesgo de convertirse en presa de su propio juego político.

Por esta razón es necesario terminar con la demagogia y ponerse los pantalones largos. No se debe temer aplicar la ley a quienes resultan sus violadores puesto que su vigencia constituye la base misma del Estado de Derecho y de la confianza en el sistema democrático. Si permitimos que alguien que realiza reivindicaciones sociales saquee una empresa o un edificio, o bien corte una ruta ¿cómo impediremos que alguien que perdió un familiar víctima de la inseguridad no salga con un arma a matar?

En el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la legalidad son una sola cosa, no hay prelaciones para grupos determinados, por la misma razón que la justicia es ciega por definición. Por ello, es necesario comenzar a defender lo único que nos posibilitará crecer verdaderamente: la institucionalidad y la defensa de la legalidad, cualquiera sea la ideología que profesemos o el signo político al cual adhiramos.

Dr. Emilio Bertolini
Mendoza, 22 de junio de 2004
Investigador Asociado de la Fundación Atlas - gock@atlas.org.ar