La inmigración ilegal en el Mercosur

Darán más facilidades para radicarse en el país
El trámite se podrá hacer en el exterior

Para combatir el mercado ilegal que generan los trámites de radicación, que tiene como víctimas a muchos inmigrantes, el Gobierno quiere que los extranjeros que deseen instalarse en la Argentina tramiten la radicación consular directamente en sus países.

La iniciativa del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Migraciones, se pondrá en marcha entre julio y agosto próximos, según adelantó a LA NACION el director de Migraciones, Ricardo Rodríguez.

El funcionario destacó que hay entre 350.000 y 700.000 personas de países del Mercosur que viven en la Argentina en situación ilegal.

Muy probablemente, el plan de radicación estará a cargo de personal de Migraciones, que en una primera instancia se instalará en los consulados de las capitales del Mercosur, aunque no se descarta que la propuesta se amplíe a otras grandes ciudades de la región.

La iniciativa ya fue presentada en la reunión de la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la Nación realizada el 30 de marzo pasado.

La presidenta de la mencionada comisión, la diputada María Elena Barbagelata (Partido Socialista) destacó la importancia de la iniciativa, aunque lamentó que se demoraran los plazos concretos para su instrumentación.

La medida busca terminar con los abusos y las largas esperas en torno de la tramitación del documento Foto: Fernanda Corbani

De esta manera, según lo manifiesta el texto del documento, que resume lo expuesto por autoridades de Migraciones en la citada reunión, los interesados en trabajar y vivir en la Argentina evitarán hacerlo por fuera de la ley.

Concretamente, el sentido de la propuesta es evitar el empleo en negro, el mercado ilegal que generan los trámites de radicación y residencias, del cual son víctimas muchos inmigrantes.

Y también controlar el impacto ambiental que generan las corrientes migratorias indiscriminadas: es decir, el contrabando de personas y productos de consumo (ropa, artículos electrónicos, etcétera), los guetos y los asentamientos ilegales, en los que se suele vivir en condiciones infrahumanas.

Al respecto, dijo a LA NACION Rodríguez: "En realidad, lo que pretendemos es que comience a funcionar un programa para ordenar la inmigración. El que quiera venir lo hará con la autorización para ingresar y luego termina el trámite una vez que esté inserto en la sociedad. Eso nos dará la posibilidad de acabar con la indocumentación, y dirigir la corriente migratoria haciéndoles llegar la oferta de trabajo y estudio, es decir, las posibilidades de inserción, de manera que el inmigrante sepa cuáles son las condiciones para vivir en la Argentina".

"La primera parte está en marcha y se puso en práctica el pasado 24 de marzo con el decreto 1169. Lo que resta es lanzar, entre julio y agosto, la segunda parte, que es documentar a los que faltan. Vamos a trabajar con las municipalidades, sindicatos, ONG y la Iglesia, mediante agentes sociales que tomarán los datos en cada municipio de todas las personas y que serán enviados luego a un banco de datos en Internet. Después, se lanzará el programa en los consulados", agregó Rodríguez.

"Los consulados estarán listos una vez que cuenten con infraestructura necesaria, que será algo a determinar desde Cancillería", precisó el director. Pero podría darse el puntapié inicial en dos meses.

Según el funcionario: "El mayor caudal de inmigrantes indocumentados proviene de Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay. Los chinos están casi todos registrados, con su nombre, domicilio y permiso laboral".

"Veo bien toda medida que tienda a la facilitación de los trámites", explicó la diputada María Elena Barbagelata (Partido Socialista), presidenta de la comisión donde se realizó la mencionada reunión. "La intención de reunirnos fue la de intercambiar ideas para acelerar todos los aspectos vinculados con la ley de migración que falta reglamentar", agregó. Pero lamentó que la medida fuera imprecisa en los plazos necesarios.

"El mayor problema que tenemos respecto de las migraciones es el que hemos atacado primeramente, porque creemos que es el más importante: los inmigrantes llamados, entre comillas, ilegales, que nosotros denominamos indocumentados", dijo Rodríguez apenas comenzada aquella reunión.

"Esto no ha sido más que el resultado directo de un criterio jurídico político que evidentemente fracasó porque lo único que significó, como alguna vez lo dijimos, fue una fábrica de ilegales, entre comillas nuevamente, estableciendo resultados nefastos para lo que podría ser el organismo social que es el país. Cuando digo nefastos lo hago en el sentido de que en este momento tenemos un número indeterminado de hermanos latinoamericanos, miembros del Mercosur, que están viviendo en el país, que trabajan, pero hay que ver cómo trabajan y cómo viven", continuó Rodríguez.

Según él, el primer paso para destruir un ser humano es sacarle la identidad. "Destruyendo la identidad, terminamos con el ser humano. Y uno de los elementos que hacen a la identidad humana es la documentación, porque eso viene relacionado con el hecho de poder reclamar y peticionar como corresponde ante los organismos del Estado y de la Justicia", añadió.

"Se trata de individuos que no tributan; los beneficios de su propia economía no van a la economía en blanco, sino a la economía en negro. Además, los ponemos en una situación que los deja al borde del delito. A veces, la sobrevivencia es más importante que el respeto a las leyes", explicó Rodríguez.

Por Cynthia Palacios, La Nacion, 17 de abril de 2005

Quieren terminar con la inmigración ilegal

Para el director nacional de Migraciones, la ley en cuestión "podría ser ejemplo, porque se ha dictado con consenso y tiene equilibrio entre los bienes jurídicos tutelados".

Rodríguez explicó que en el proyecto se habla del inmigrante que va a ingresar al país, lo que a su entender es importante porque la norma debe ser una herramienta eficaz para manejar las corrientes migratorias, pero con el verdadero sentido que debe tener.

"Las corrientes migratorias no se paran con el Ejército, la decisión humana no se puede detener con el Ejército, la única forma de controlar las corrientes migratorias es direccionarlas. Yo siempre las comparo con el agua. Por más que se construyan diques, por algún lado natural va a buscar el ingreso. Y cuando uno pide requisitos extremos e impide los ingresos, lo único que genera es el negocio de los malintencionados que viven de las necesidades humanas", sostuvo el funcionario.

El espíritu de la norma en debate, se dice, apunta a la eliminación de las prácticas relacionadas con la explotación.

"Si las cosas salen como nosotros queremos, teóricamente, no vamos a tener más trabajadores ilegales porque las radicaciones se van a tramitar en los consulados. Esto significa que el postulante podrá hacer el trámite con la tranquilidad de estar en su país, obteniendo documentación mucho más barata de lo que le puede salir tramitarla desde el extranjero y no tiene necesidad de pagarle a nadie, ni ser sometido a los vejámenes de estar escondido en camiones, que le roben la plata o que lo dejen en el medio del camino."