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Canarias
De: Izquierda Unida Canaria
Asunto: Carta al Presidente del Gobierno sobre la crisis económica
A continuación el texto de la carta presentada el
lunes 14 de julio de 2008 Sr. Presidente
del Gobierno:
María Puig Barrios, en representación de Izquierda Unida Canaria, con dirección
en la C/ Pérez del Toro, Nº 7, 35004 Las Palmas de Gran Canaria, teléfono
928248500, EXPONE:
Los datos sobre la situación económica antes de la actual crisis que nos han
llegado a través de múltiples informes (Banco de España, Agencia Tributaria,
BBVA, etc.) son los siguientes:
En España, desde 1999, los beneficios de las grandes empresas han aumentado más
de un 70% y el salario medio de los/as trabajadores/as ha perdido un 4% de poder
adquisitivo. Y esto sucedía cuando España crecía y se convertía en la 8ª
potencia económica del mundo. En el año 2007, cuando ya se hablaba de recesión
económica, la gran Banca aumentaba sus beneficios en España en un 19% con
respecto al 2006, ganando 33.000 millones de euros limpios y netos.
Los beneficios empresariales en España están muy por encima de los países de la
OCDE: la media en estos ha sido (1995-2005) del 33%, mientras los beneficios
privados españoles han alcanzado el 73%. Los salarios salen muy perjudicados,
siendo España el único país de la OCDE donde se da un retroceso notable y la
precariedad triplica la media europea.
La fórmula ensayada en España se basa en un considerable aumento del empleo a
cambio de que los salarios se deprecien en su conjunto. Aunque todo Occidente ha
abrazado la moderación salarial, España constituye uno de los principales
exponentes de esa tendencia. El sueldo medio real cayó un 0,7% en 2006, según
los últimos datos de la OCDE, que aglutina a las 30 economías más desarrolladas.
Así, tras una década en la que los salarios españoles perdieron terreno, según
los estudios de la OCDE, vuelven a caer, hasta los 18.369 euros brutos anuales.
Las cifras sitúan a nuestra economía como la segunda donde más descienden los
salarios reales (es decir, descontada la inflación), tras Portugal. Se trata de
mantener alto el nivel salarial aun a costa de que no entren más trabajadores, o
rebajarlo tanto como para crear un mercado laboral paralelo, mucho más precario
que el inicial. Esto es lo que ha ocurrido en España durante los últimos años de
bonanza. La creación de empleo se ha centrado en los sectores menos cualificados
(construcción y servicios) y en la población inmigrante, más dispuesta a aceptar
retribuciones inferiores.
Desde la crisis de los setenta, el neoliberalismo está intentado, con todos los
medios a su alcance, que son muchos, que los/as trabajadores/as y sus sindicatos
vayan perdiendo su capacidad de negociación. La dispersión salarial [distancia
entre los salarios más altos y los más bajos] se produce desde entonces",
reflexiona Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de
Barcelona. Este experto explica que aunque los salarios más altos crezcan, esa
subida no puede contrarrestar la ingente incorporación de trabajadores en la
parte baja de la pirámide. En consecuencia, el sueldo medio cae. Costas cree
imprescindible que intervenga la política, más allá del mercado, para
homogeneizar retribuciones.
Los sindicatos, responsables de la negociación salarial en las empresas,
defienden la ganancia de poder adquisitivo en los convenios colectivos, que
cubren a siete millones de trabajadores. No siempre lo consiguen. El alza
pactada el año pasado fue inferior a la inflación de diciembre, según los datos
del Ministerio de Trabajo, al igual que ocurre en lo que va de 2008, con unos
precios desbocados. "Es normal que haya caído el salario medio en 2006 porque el
empleo se ha creado en los sectores productivos más bajos” indican fuentes
sindicales. Para mejorar la media, proponen seguir elevando el salario mínimo y
ligar más las retribuciones a los beneficios empresariales.
La OCDE obtiene sus datos dividiendo la masa salarial conjunta entre el número
de trabajadores de España, teniendo en cuenta la jornada laboral. Aunque no es
la más precisa, la ventaja de esta fórmula es que recoge las retribuciones de
toda la economía, tanto las sujetas a convenio colectivo como las que no lo
están, en grandes y pequeñas empresas.
Con ese parámetro, los 18.369 euros convierten a España en unos de los países
con sueldos más bajos de la OCDE. Esa cifra está expresada en paridad de poder
de compra, es decir, elimina el efecto de la brecha de precios entre países, por
lo que es más representativa del poder adquisitivo.
Tras el festín de estos años, el final de 2007 marca un cambio de tendencia en
el empleo. Paradójicamente, la destrucción de puestos de trabajo puede incidir
positivamente en el salario medio, pues desaparecen principalmente los puestos
peor remunerados mientras el resto permanece o incluso crece. "Hay carencia de
empleo cualificado. Ése sí ha tenido alzas retributivas por encima de la
inflación en los últimos años", argumenta Rafael Barrilero, socio experto en
retribución de la consultora Mercer.
Canarias – como Región Objetivo 1 de la Unión Europea - ha recibido, en los
últimos años (1994-2006), varios miles de millones de euros en concepto de
fondos estructurales, para conseguir el reforzamiento de la cohesión económica y
social. Por otra parte, la Reserva de Inversión en Canarias (RIC), bonificación
fiscal de hasta el 90% de la base imponible del Impuesto de Sociedades, cuyo
objetivo declarado era facilitar la capitalización de las empresas canarias,
acumula un montante de 12.300 millones de euros.
Sin embargo, según información del BBVA, apenas un millar de personas se
reparten las grandes fortunas económicas de Canarias, una clara minoría en
relación a los dos millones de habitantes de las islas. Fuentes de la Agencia
Tributaria dieron a conocer que sólo existen 5 personas en Canarias que manejan
más de 30 millones de euros, unas 123 que tienen entre 6 y 30 millones de euros
y 958 que disponen de 1,5 a 6 millones de euros. Al parecer, el patrimonio medio
de las grandes fortunas en Canarias es superior que la media nacional: mientras
en Canarias esta media alcanza los 504.000 euros, en el conjunto del país es de
267.000 euros.
Esta desigualdad es aún más manifiesta si observamos la estructura económica de
ingresos de la Comunidad Autónoma de Canarias. En la del ejercicio
presupuestario del 2008, constatamos, primero, que los/as ciudadanos/as pagan
968 millones de euros de impuestos directos, de los que 889 millones son sobre
la renta (IRPF que pagan los/as asalariados/as) y 79 millones son sobre la renta
del capital, segundo, que los impuestos indirectos – los que pagan todos/as
los/ciudadanos cuando compran – se elevan a 1.830 millones de euros. Es decir
que del total de ingresos de la Comunidad Autónoma (7.163 millones de euros),
casi 3.000 millones de euros lo pagan los/as ciudadanos/as de a pie, los
trabajadores asalariados o autónomos y otros 4.000 millones de euros son
transferencias corrientes o transferencias de capital del Estado y en menor
medida, de los fondos estructurales europeos.
Por lo tanto, ha sido y es la mayoría de los/as ciudadanos de a pie, los
trabajadores/as asalariados o autónomos los que mayores aportaciones económicas
han hecho y hacen para sostener las instituciones públicas tanto estatales (vía
IRPF, IVA y otros impuestos), autonómicas, como locales, en este último caso
mediante el pago del Impuesto sobre la vivienda (IBI) y sobre el vehículo.
Ahora la situación está marcada por la crisis económica, fruto del liberalismo
económico radical que impera en la era de la globalización capitalista:
El incremento del precio del petróleo es consecuencia de aplicar las teorías
neoliberales que han abogado por tratar el mercado del petróleo “como si fuese
zumo de naranja”, es decir sin ningún tipo de intervención pública”. Por lo
tanto, quién fija el precio del crudo es el mercado que está en manos de
stockistas, y fijan el valor en bolsa, desde el interés de la especulación y no
desde el interés general.
Este incremento del precio del combustible es un factor que afecta a todos los
sectores productivos y a los transportes que tanto repercuten en Canarias, por
las especificidades de su territorio: lejanía del territorio continental del
Estado y fragmentación de su territorio, doble insularidad, es decir,
dependencia de todas las islas respecto del continente y de unas respecto a las
otras. Las islas no capitalinas sufren esta doble insularidad que se caracteriza
por una mayor carestía de la vida que se ve agravada con la actual pérdida de
empleo.
Además, el modelo de crecimiento económico que en nuestro país y nuestra
comunidad autónoma se ha sustentado en el sector de la construcción, en un
modelo que era insostenible, un verdadero castillo de naipes que más tarde o más
temprano tenía que caer, con sus consecuencias económicas, ecológicas y
sociales. Nos encontramos ahora con miles de viviendas sin vender, miles de
familias demandantes sin viviendas y miles de familias que no pueden pagar la
hipoteca.
La ínfima inversión pública en vivienda durante los últimos 10 años y la máxima
liberal de poner mucho suelo a disposición del mercado para construir muchas
viviendas, dejando que el mercado por si mismo regulara el precio, sólo
consiguieron sobredimensionar la producción de vivienda libre y con ello
aumentar escandalosamente los precios.
Esta situación ha hecho imposible el acceso a una vivienda a las capas sociales
con menos recursos, especialmente los trabajadores y los jóvenes que cuando
intentan acceder a este bien social, tienen que soportar condiciones leoninas
con hipotecas a 50 años, dedicando hasta el 60% de los ingresos al pago de la
vivienda.
La situación de fin de la “burbuja inmobiliaria”, crisis del sector de la
construcción, aumento del desempleo, miles de casas sin vender y miles de
ciudadanos sin vivienda, hipotecas cada vez más difíciles de afrontar, necesita
una respuesta de los poderes públicos.
Pero observamos que, a pesar de todo, los poderes públicos en España, incluido
el Gobierno de Canarias, siguen apoyando la política de orientación neoliberal
expresada desde el tratado de Maastricht, reafirmada en el proyecto abortado de
Constitución Europea y retomada en el Tratado de Lisboa, a pesar de su rechazo,
en referéndum, por parte de los/as ciudadanos/as franceses, holandeses y ahora
irlandeses.
La propuesta de los Ministros de Trabajo de la Unión Europea de incremento de la
jornada laboral máxima hasta 60 horas semanales, en casos generales, 65 o
incluso 78 horas para ciertos colectivos, se inscribe en esta política
neoliberal expresada en el Tratado de Lisboa y supone una gravísima agresión
contra los trabajadores y trabajadoras. Más horas no significa más trabajo, ni
más rendimiento, sino más fatiga, más estrés, mas accidentes. La retrógrada
cláusula opt-out según la cual empresario y trabajador pueden firmar un acuerdo
de incremento de la jornada laboral consagra, de hecho, la individualización de
las relaciones laborales, cargándose el derecho constitucional a la negociación
colectiva (art. 37 de la Constitución Española).
Por todo lo anteriormente expuesto, no se puede descargar, ahora, los costes de
la crisis económica sobre los/as trabajadores/as, ni se puede seguir
subvencionando a determinados sectores económicos para que sigan manteniendo el
alto nivel de ganancias de los últimos 12 años, sufragando con dinero público
unos beneficios que han doblado durante más de una década a la media de la OCDE,
ni se puede conceder ayudas económicas a sectores empresariales, mediante
determinados instrumentos, como el REF, si estas ayudas no están vinculadas al
mantenimiento efectivo del empleo o a la creación de nuevos puestos de trabajo,
ni se puede optar por “la liberalización de todos los mercados” (más
desregulación que impide la intervención del Estado) y “la externalización de la
gestión de algunos servicios públicos” (es decir más privatizaciones), tal como
plantea el Presidente de la Patronal, Díaz Ferrán.
ANTE ESTA CRISIS, LOS PODERES PÚBLICOS DEBERÁN APOSTAR POR:
Cuestionar el modelo neoliberal de construcción europea, recuperando la
capacidad de regulación del mercado y fijación de los precios por parte de los
Estados.
Realizar las transformaciones estructurales necesarias para que el Estado tenga
capacidad para planificar el desarrollo económico de forma social y
ecológicamente sostenible, garantizando condiciones adecuadas de vida y trabajo
para todo el mundo.
Evitar medidas desfiscalizadoras que siempre beneficia a los sectores más
favorecidos y que al reducir la capacidad recaudatoria del Estado menguan los
fondos destinados a unos servicios públicos para todo el mundo, perjudicando
principalmente a los sectores sociales económicamente más débiles.
Utilizar los fondos públicos para reforzar el sector público de la economía. El
Gobierno de Canarias podría fomentar una política industrial activa y limpia,
así como actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos y/o
procedimientos industriales, que fomenten el uso de energías renovables, que
racionalicen el uso del agua y materias primas, y minimicen residuos, mediante
contratos de investigación con las Universidades canarias y Centros de
Investigación oficiales que realicen sus actividades en Canarias y con programas
de cinco años de potenciación del sistema ciencia-tecnología con la
Administración central del Estado.
Inversión pública en bienes y servicios socialmente útiles como la ampliación y
mejora de las prestaciones sanitarias, educación, escuelas infantiles, Ley de
Dependencia…, actividades todas ellas intensivas en factor trabajo.
Favorecer la estabilidad laboral en las Administraciones Públicas, evitando la
progresiva precarización del empleo público.
Potenciar actividades productivas generadoras de empleo y respetuosas con el
medio ambiente, a través de un sistema que incentivará la inversión, la
innovación tecnológica (I+D tecnológico, energías renovables, agricultura
biológica, reutilización y reciclaje), la creación de empleo estable, con
salarios dignos, la cualificación de los/as trabajadores/as, prestando la
necesaria atención a las PYMES y a la distintas formas de economía social,
atendiendo a los costes de factores esenciales y estratégicos para la producción
como el agua, la energía y el transporte. Creación de pequeñas empresas de alta
tecnología.
Potenciar los recursos naturales de Canarias, para equilibrar el excesivo peso
específico del sector servicios en la estructura económica canaria y crear
empleo para los jóvenes, para su emancipación social y económica, con empleo
estable y salarios dignos. Impulsar de forma decidida el estudio y el uso de
energías renovables, fundamentalmente eólica y solar, en todo el territorio
canario como elemento abaratador del coste energético.
Agua y energía: se elaborará y se pondrá en marcha un Plan de Optimización y
Ahorro de consumos energéticos y de agua, en la industria, sector terciario y la
agricultura. Para ello, se implantarán ecoauditorías y ecobalances en los
procesos productivos. Energías solar térmica en los edificios de nueva
construcción para la obtención de agua caliente y plan de financiación para la
rehabilitación de edificios antiguos que contemple estas medidas. Como paso
previo, todos los edificios de la Administración Pública y las infraestructuras
hoteleras implantarán la medida en un plazo razonable (2 ó 3 años).
Apoyo a las pymes, empresas de economía social, artesanos: Se establecerán
incentivos de apoyo a las pymes, artesanos y empresas relacionadas con la
economía social (trabajo asociado, cooperativas, sociedades anónimas laborales),
sean de orden fiscal, financiero o de otra naturaleza, y que tengan como
objetivo la creación de empleo.
Solucionar el problema de endeudamiento familiar por la vivienda: Reforzar el
impuesto de patrimonio y tomar medidas contra el fraude fiscal dotando así un
Fondo de Rescate Hipotecario para amortizar una parte importante de las
cantidades adeudadas por las familias de menor renta. Ofrecer a los promotores
la reclasificación y adquisición de las viviendas ubicadas en las zonas de
demanda como Vivienda de Protección Oficial de Precio General para cubrir la
demanda existente. Promover un Plan de viviendas de promoción pública que
responda a la realidad social de los distintos municipios, con créditos a 8
años, sin intereses, a los ayuntamientos y empresas públicas para la adquisición
y promoción de suelo. Revisar a la baja los precios de alquiler de las viviendas
públicas donde viven las familias más afectadas por la crisis económica, debido
a su falta de recursos económicos y sociales. Promover un plan de rehabilitación
para movilizar las viviendas vacías. Mantenimiento del empleo, directo o
indirecto, redimensionando el sector y reorientándolo a nuevas actividades.
Implantación de las 35 horas, sin disminución salarial: No volver a la Europa
del siglo XIX. Innovar, implantando la jornada de las 35 horas que permita que
la llamada “revolución tecnológica” no sólo beneficie a las rentas del capital,
sino también a las rentas del trabajo, permitiendo la conciliación de la vida
laboral y familiar y el disfrute de tiempos de descanso y de ocio.
Se trata, por lo tanto, Sr. Presidente, de REPENSAR CANARIAS, situándola en el
siglo XXI, promoviendo un nuevo modelo económico, social y ecológicamente
sostenible, priorizando el pleno desarrollo de la personalidad humana,
garantizando condiciones adecuadas de vida y trabajo para todo el mundo, y no
sólo para una élite privilegiada.
Canarias, a 7 de julio de 2008.
SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS |
Telesur TV
Cifras y Datos
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Nº
202-203 - Julio-Agosto 2008
El
Duende lunes 14 julio 2008. 
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