Argentina

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UN REPARTO EXTRAORDINARIO

Redistribuir la riqueza es una política acertada dado que, mientras en un contexto de crisis global se concentran ganancias extraordinarias en muy pocas manos, hay vastos sectores de la sociedad que están aún necesitando las condiciones mínimas y básicas para poder calificar su vida diaria como humana.
El subsuelo argentino ha ofrecido una considerable fuente de recursos mineros (no renovables) que lo llevan a ocupar el sexto lugar mundial, por lo que empresas transnacionales han venido a tentar suerte, a condición de un marco legal que hoy les permite ganancias garantizadas por 30 años, a cambio de un tributo apenas simbólico al Estado.
Un caso típico es Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, que sólo tributa el 1% a las arcas estatales y al mismo tiempo es subsidiada con un 5% por exportar el oro y la plata desde puertos patagónicos, concretamente desde Punta Quilla.
La ley vigente de Promoción Minera No. 24.196 y sus modificaciones posteriores permite el literal saqueo del patrimonio nacional sin oposición alguna, dado que cualquier resolución aduanera en contrario queda anulada con la simple tramitación judicial de una acción de amparo.
Tomando el valor de la onza de oro a U$S 1000, y un potencial de extracción de 25 millones de onzas, la facturación total de las mineras es de 25 mil millones de dólares. Si la inversión de extracción es de unos 5 mil millones de dólares, ¿cómo calificaremos una ganancia de 20 mil millones de dólares?.
En términos comparativos:
- La explotación agrícola tiene rentabillidad condicionada a factores climáticos, con elevado grado de incertidumbre; la explotación minera no depende del clima.
- El producto de la explotación agrícolaa es perecedero. Si no se lo mantiene con costos adicionales, por ejemplo: rotándolo, secándolo, etc, se perjudica por procesos fermentativos, ataque de ácaros y otros factores.
El producto de la minería es no perecedero. Los recursos minerales del lugar no cambian; si por cualquier razón no se pueden extraer, seguirán allí inalterados.
- La explotación agrícola requiere tiemppos de siembra y cosecha precisos. Si no pueden cumplirse los plazos, se perderá la producción por lo menos por 6 meses, dependiendo del cultivo. En la minería, el único plazo está marcado por el agotamiento del yacimiento y no hay recuperación de lo ya extraído.
- La explotación agrícola necesita rotarr los cultivos y alternar el uso del suelo con la ganadería para no agotar el recurso. La minería, por su naturaleza, extrae los recursos hasta agotarlos.
- La explotación agrícola merece la pruddencia necesaria para que la inversión siga siendo rentable. La minería ya es rentable por sí misma, tanto por el elevado costo del mineral como por el marco legal vigente que la promueve.
En base a lo considerado, se impone con urgencia que el Congreso de la Nación derogue el andamiaje legal que desde la década del 90 garantiza el saqueo minero y equipare las retenciones de la actividad minera (mayoritariamente en manos de transnacionales) con las que tributa la producción agrícola (productores argentinos), a los fines de que todos los recursos nacionales redunden en beneficio de los argentinos y las argentinas, redistribuyéndose las ganancias extraordinarias generadas tal como lo exigen los principios básicos de la justicia social.

Cristina Wilhem

Canarias

Orestes Martí
Recuperando la memoria histórica: "El isleño Valencia. Memorias y reflexiones"
Las Palmas de Gran Canaria
2009-3-26

Memoria gráfica
De izq a derecha: Domingo Santana Armas (Valencia); Félix Martín Arencibia; Roberto Domínguez Lima y Manolo Medina	Enrique Rodríguez Rodríguez
Domingo Santana Armas (Valencia) Manolo Medina

España

España: De cómo jueces y políticos se protegen entre sí
Jaime Richart

Ahí les tienen ustedes... Todos con sus buenas carreras, con su dinero blindado participando de la clase patricia. Y luego dicen que la democracia es el gobierno del pueblo, la voluntad popular. ¿Qué tienen de “popular” todas esas decisiones burlonas de políticos, jueces y gobernantes a todos los niveles?.

En esta democracia, ¿dónde está el pueblo? ¿en la incitación de los medios a los ciudadanos para que se gasten el dinero en opinar por sms? Venga ya... Lo que importa al pueblo está en otras cosas en las que se le ignora. Cada vez que el pueblo aparece inequívocamente tocado, damnificado o agraviado, el político de turno por un lado y los jueces severos con el pueblo pero amigos del político, echan tierra al asunto y aquí no ha pasado nada...

La intervención en la invasión de Afganistán y luego de Irak contra el parecer del 92% de los españoles, el Álvarez Cascos del Prestige, el Trillo del Yakolev, la Aguirre de la trama de Madrid, el Fabra multi-imputado pero como si no, el Zaplana llegado a la política desde el sureste para “forrarse” que se fue de rositas, los corruptos que aparecen día tras otro... No extrañan los sucesos como el de Londres, que sé de oídas, donde un banquero ha sido asaltado por una turbamulta harta de los abusos. A fin de cuentas los opulentos son en número muchos menos que los empobrecidos por su incesante saqueo. Pronto van a tener que gastarse en seguridad todo el dinero que amasan a costa de los confiados y del pueblo...

El último avatar en torno a este anterior punta de vista mío es de la Audiencia Nacional en la pantomima del “caso Yakolev-42”

La Audiencia Nacional y sus jueces parecen más comisarios políticos que funcionarios; sicarios al servicio de la causa de los dos partidos mayoritarios, en ciertas materias, de la causa del PP en otras, y las menos de las veces en la del PSOE. Por eso, en el fondo la actitud del presidente de la AN que a su vez preside ahora la vista oral del proceso seguido por el caso del Yak-42, difiere poco de la mantenida por la odiosa y odiada Aguirre ordenando archivar las investigaciones sobre la llamada “trama de Madrid”.

En efecto, el general Navarro, su defensa, objetó la comparecencia de Trillo en la causa solicitada por los actores “porque la política no debe penetrar en la vista oral”. Y el presidente del tribunal, como no podía ser menos, asume la tesis.

Visto lo visto, en la Política el gobernante es responsable para apuntarse al éxito pero no a los fracasos; como tampoco para asumir la patente culpa temeraria en la primera fase, y la culpa in negligendo en la siguiente cuando el ministro Trillo tomó decisiones despreciando a muchos. La temeraria fue la contratación miserable del Yak-42, y la negligente, reducir la identificación de los cadáveres de los militares muertos en el accidente a un amasijo.

No hace falta decir al Trillo que sufre ahora pánico de comparecer en ese proceso, que así es ministro cualquiera. Así puede serlo cualquier lerdo, cualquier bocazas, cualquiera del Opus Dei como él, cualquiera de la derecha infectada de tipos de su calaña...

Obama anuncia hoy nueva estrategia de guerra para Afganistán Washington, 27 mar (PL) El presidente estadounidense, Barack Obama, anuncia hoy una nueva estrategia para la guerra en Afganistán +Titulares de Democracy now -Administración revelará nuevas regulaciiones financieras -Legisladores recortan presupuesto de Obamma -Clinton admite fracaso de política antiddrogas de EE.UU. -Mueren 11 personas en ataque estadounidennse en Pakistán -EE.UU. e Israel acusados de ataque letal con bombas en Sudán -HRW acusa a Israel de crímenes de guerraa por ataques con fósforo blanco -Grupos indígenas llevan a cabo cumbre soobre el calentamiento global -Moon pide estímulo de 1 billón de dólaares para los países en vías de desarrollo -Paterson y los legisladores acuerdan revoocar leyes sobre las drogas -Gobernador de Vermont promete vetar proyeecto de ley sobre matrimonio entre personas del mismo sexo -Cardin presenta proyecto de ley para resccatar a los periódicos -IBM eliminará 5.000 puestos de trabajo -Erudito afroestadounidense John Hope Frannklin falleció a los 94 años

Audio Lecciones del Exxon Valdez Noticias Democracy now

Estados Unidos de América

Lecciones del Exxon Valdez
Por Amy Goodman

Hace veinte años, el buque petrolero Exxon Valdez derramó al menos 11 millones de galones de petróleo en las prístinas aguas de Prince William Sound, en Alaska. Las consecuencias del derrame fueron desastrozas y lo continúan siendo al día de hoy. El incidente tuvo un gran impacto en el medio ambiente y la economía. En lugar de considerarlo simplemente como un caso de contaminación, Riki Ott cree que el desastre del Exxon Valdez es una amenaza fundamental para la democracia estadounidense.
Ott, una toxicóloga marina y pescadora comercial de salmón, oriunda de Cordova, Alaska, comienza su libro sobre el desastre, “Not One Drop” (Ni una gota), con una cita de Albert Einstein: “Ningún problema puede ser solucionado con el mismo nivel de conciencia que lo generó”.
El masivo derrame se extendió 1.900 kilómetros desde el lugar del accidente, y cubrió 5.150 kilómetros de costa y un área de 25.900 kilómetros cuadrados en total. El 24 de marzo de 1989, Ott, que formaba parte del Consejo Directivo del Sindicato de Pescadores del Distrito de Cordova, estaba inspeccionando la escena desde el aire: “Era una escena surreal. Era simplemente maravilloso, marzo, el amanecer, las montañas de color rosado, brillando con la luz del sol. Y de repente, llegamos al lugar donde estaba la cubierta roja del buque petrolero, que es del largo de tres canchas de fútbol; el agua mansa, de color azul profundo; y esta mancha negra, como de tinta, que se extendía con la marea”.
La noticia del derrame se conoció en todo el mundo, y mucha gente se acercó a Valdez, Alaska para empezar la limpieza. La vida marina quedó devastada. Ott dice que hasta medio millón de pájaros marinos murieron, además de 5.000 nutrias marinas, 300 o más focas de Groenlandia y millones de salmones jóvenes, huevos de peces y peces jóvenes. La muerte de los huevos de peces provocó un impacto de largo plazo, aunque retardado, en la pesca de arenque y salmón en Prince William Sound. En 1993, la industria pesquera estaba en quiebra. Las familias perdieron su sustento luego de haber pedido grandes préstamos para comprar botes y permisos de pesca costosos. Aunque la pesca de salmón mejoró, los arenques nunca volvieron.
Esta situación económica desfavorable es una de las bases de la acción legal contra ExxonMobil, la mayor empresa petrolera del mundo. El complejo litigio se ha prolongado durante dos décadas, y ExxonMobil está ganando. Hay 22.000 actores que demandan a ExxonMobil. Un jurado le otorgó una indemnización de 5.000 millones de dólares a los demandantes por daños y perjuicios, que equivale a lo que eran, en aquel momento, las ganancias anuales de Exxon. Esta cifra fue reducida a la mitad por un Tribunal Federal de Apelaciones, y fue reducida finalmente a apenas poco más de 500 millones de dólares por la Corte Suprema. A lo largo de los 20 años de batallas judiciales, 6.000 de los demandantes originales murieron. ExxonMobil, con sus millonarias ganancias anuales y ejércitos de abogados, puede hacer que el caso de Valdez permanezca en los tribunales durante décadas, mientras los pescadores comerciales damnificados van muriendo de a poco.
El poder de ExxonMobil para librar una batalla contra decenas de miles de ciudadanos hizo que Ott se uniera al creciente número de activistas que quiere poner a las empresas en su lugar, quitándoles su estatus jurídico de “persona”. Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del siglo XIX le dio a las empresas el estatus de “personas”, brindándoles el acceso a protecciones amparadas por la Carta de Derechos. Irónicamente, este derecho surge de la “Cláusula de Protección Igualitaria” de la 14ª Enmienda, adoptada para proteger a los esclavos liberados de las opresivas leyes estatales luego de la Guerra Civil. Históricamente, las empresas eran habilitadas por los estados para realizar sus actividades. Los estados podían revocar el permiso de una empresa si esta inclumplía la ley o actuaba por encima de su habilitación.
Ricki Ott me dijo: “Durante los primeros cuarenta años luego de la aprobación de dicha ley, se presentaron 307 demandas, diecinueve por parte de afroestadounidenses, el resto por empresas. Y en ese momento, cuando la Décimocuarta Enmienda se aprobó para las empresas, surgió esto que se llama persona empresarial. Y la persona empresarial, a los ojos de la ley, puede tener acceso a derechos, derechos humanos, a la Carta de Derechos, a protecciones constitucionales. Eso está mal. La palabra “empresa” nunca aparece en la Constitución ni en la Carta de Derechos. Así es como perdimos la libertad de expresión. Aún tenemos, como pueblo, la Primera Enmienda, pero también la tienen las empresas”.
Se considera que la “libertad de expresión” de las empresas incluye realizar contribuciones a campañas políticas y hacer lobby en el Congreso. Las personas que inclumplen la ley pueden ser encerradas; cuando una empresa incumple la ley – aunque cometa un delito doloso, provocando la muerte – las consecuencias no suelen ser más que una multa, que la empresa puede cancelar mediante el pago de impuestos. Como expresa Ott: “Si la ley conocida como ‘la tercera es la vencida’ puede poner a alguien preso de por vida, ¿por qué no sucede lo mismo con las empresas?” La llamada reforma ‘tort’ del derecho estadounidense está erosionando la capacidad de los individuos de demandar a las empresas y la capacidad de los tribunales de valuar los daños y perjuicios, de modo tal que disuadiría a las empresas de cometer actos ilícitos.
Ott, junto con otras personas, redactaron una “28a Enmienda” de la Constitución que les quitaría el estatus de “persona” a las empresas, sometiéndolas a la misma supervisión que existía en los primeros 100 años de historia de Estados Unidos.
Con la actual crisis económica mundial y la creciente indignación pública por los excesos de los ejecutivos de AIG y de otros beneficiarios del rescate financiero, ahora podría ser el momento de ampliar el compromiso público para terminar con el desequilibrio de poder existente entre la gente y las empresas que ha socavado la democracia.