IUC: Argumentario diario
Sábado, 23 de mayo de 2009
Si hay una herramienta tecnológica que está transformando
nuestra forma de entender el mundo y la forma de configurar no sólo la
información y la comunicación, sino incluso la economía y las relaciones
humanas, es sin duda Internet. La importancia cada vez más creciente de esta
tecnología nos obliga a una reflexión y una toma de posicionamiento sobre
algunos aspectos cada vez más controvertidos.
Universalización de Internet.
En Izquierda Unida entendemos que el acceso a la información
y el conocimiento debe ser universal, por lo que trabajaremos por su
democratizar el acceso, trabajando para que no exista discriminación alguna por
razón de territorio o renta en su acceso. Actualmente, nuestro estado se sitúa
por debajo de la media europea en penetración de la banda ancha y con uno de los
precios más altos tanto en adsl como en telefonía móvil.
Desde Izquierda Unida pretendemos situar a este país en la
vanguardia en el acceso a Internet y por ello, dentro de un plan global
proponemos Definir Internet como Servicio Universal Gratuito para el
conjunto de los ciudadanos pues el desarrollo de las redes y su importancia
para el avance de la Sociedad de la Información impone que el actual servicio
universal sea ampliado para incluir el acceso a Internet con una velocidad
mínima de 1 Mega, ampliable a medida de la mejora tecnológica.
Para ello, La implantación de Servicio Universal Gratuito
se llevará a cabo priorizando los territorios y capas sociales más
desfavorecidos e incluirá una ayuda integral para la incorporación a la
Sociedad de Información que consistirá, además de en el citado acceso gratuito a
Internet, en créditos a largo plazo sin intereses para la adquisición de
ordenador y cursos gratuitos de Informática e Internet, medidas sin las cuales
el mero acceso a Internet sería perfectamente inútil.
Estas medidas anteriores habrán de verse reforzadas con un
Plan de Alfabetización Digital, cuyo objetivo sea superar la brecha digital
entre generaciones y con respecto al resto de Europa.
Software Libre.
El imparable uso de las herramientas de la informática y las
nuevas tecnologías de la información han conformado, en demasiadas ocasiones,
monopolios y sistemas restrictivos con los que no podemos estar de acuerdo.
Frente a ellos, existen alternativas creadas que permiten, con un menor coste y
sobre todo una menor o nula dependencia tecnológica, usar perfectamente estas
herramientas.
El Software Libre brinda a los usuarios la oportunidad de
usar, copiar, modificar y adaptarlo a las necesidades concretas y distribuir
libremente estos programas de modo que el conjunto de la comunidad de pueda
beneficiarse, socializando y democratizando el acceso a las nuevas tecnologías.
Es por ello que desde Izquierda unida impulsaremos El
Fomento del Software Libre, estableciendo el uso preferente de programas de
código fuente abierto en las Administraciones Públicas, superando situaciones
monopolistas de dependencia tecnológica.
También Nos oponemos a la implantación de las patentes de
software, por favorecer a las grandes multinacionales del ramo y a los
grandes bufetes multinacionales, causando además un perjuicio al movimiento del
software libre, tanto a los programadores individuales como a las pequeñas
empresas que producen este tipo de programas.
Propiedad Intelectual.
Si Internet ha tenido un efecto ampliamente beneficioso para
la comunidad ha sido en el acceso a la Cultura y a los productos culturales.
Probablemente, en la historia de la humanidad, los hombres y mujeres no habían
tenido acceso a tantas obras culturales de todo tipo, de una manera tan simple
como un clic.
Frente a ello, determinadas industrias siguen teniendo una
concepción restrictiva y en muchos casos monopolísticas de este acceso.
Pretenden seguir controlando lo que se ve y lo que se escucha, sin atender que
Internet ha roto esas barreras y hoy son los usuarios los que deciden el qué y
el cuando oyen y ven su propia mediateca, que conforman de manera libre. Creemos
que el sector audiovisual debe afrontar una reconversión de su modelo de
negocio, que tenga en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, que articule
otras estrategias comerciales compatibles con los derechos de los usuarios de la
red y que evite el enfrentamiento y los intentos de criminalización de estos.
Hay que dejarlo claro: nuestra posición no es contraria a los
derechos de los autores y a que estos perciban una compensación justa por su
trabajo, pero consideramos que el actual sistema no contribuye precisamente a
ello por lo que proponemos la Modificación del sistema de defensa de la
propiedad intelectual que actualmente se realiza a través de la implantación del
llamado canon digital, buscando alternativas más justas en beneficio del
interés general, compatible con el respeto de los derechos de los creadores, los
de la industria tecnológica y los de los consumidores.
Esto supone un Cambio profundo del modelo vigente
propiedad intelectual, priorizando los aspectos sociales y colectivos de
toda obra, pues el vigente, concebido en un principio para proteger el trabajo
del creador individual, se ha convertido principalmente en un instrumento de
maximalización del beneficio de grandes empresas de carácter multinacional.
De forma paralela, Izquierda Unida propone fomentar el uso de
nuevas licencias para la gestión de los derechos de autor, tal como las
licencias Creative Commons y apoyar el Copyletf.
Sobre el p2p y las descargas.
Compartir no es delito. Entendemos que la filosofía en la que
se basan las redes p2p es la de intercambiar archivos y según nuestra
legislación, siempre que no sea con ánimo de lucro, esta práctica está
perfectamente amparada por las leyes.
Pero en Europa, al albur de la presión de la industria del
entretenimiento, sobre todo la norteamericana, con Joe Biden a la cabeza, está
presionando a los gobiernos para que establezcan restricciones a las descargas y
al libre intercambio de archivos. De ahí la aprobación de la ley Hadopi en
Francia, por ejemplo, que castiga incluso con la desconexión a los usuarios o la
inclusión de España en listas negras como forma de presión comercial al
gobierno.
Es nuestro país, la industria de la música y el cine y las
sociedades de gestión de derechos de autor, con la connivencia y el apoyo de
sucesivos ministerios de Cultura, han organizado campañas que intentan
criminalizar a los usuarios relacionándoles insistentemente con la piratería.
Las negociaciones entre las operadoras y parte de la industria, sin presencia de
usuarios ni consumidores nos preocupan, tanto más cuando son alentadas desde el
gobierno como una forma de legislar de espalda a los intereses generales de los
ciudadanos. Rechazamos estas prácticas y apostamos por la No penalización del
libre intercambio de archivos siempre que no tenga un fin lucrativo, de
acuerdo con la actual doctrina jurisdiccional, y apoyo al derecho a la copia
privada.
Fondos culturales.
El patrimonio cultural de nuestro país es inmenso y las
posibilidades de digitalización permiten que haya una inmensidad de obras que
puedan ser puestas a disposición de los ciudadanos y ciudadanas, facilitándoles
el acceso y el disfrute de las mismas. Por otro lado, entendemos que el estado y
las administraciones públicas juegan un papel decisivo, mediante la financiación
y subvenciones que otorga, a la hora de estimular la creación cultural.
Por ello proponemos la Digitalización de los fondos
culturales e históricos propios de la Administración General del Estado y su
puesta a disposición de manera libre y gratuita de los ciudadanos en la Web,
permitiendo además la descarga digital de los fondos de las bibliotecas
estatales. La publicación de estos fondos se realizará mediante licencias
libres que aseguren una difusión de los mismos sin las restricciones que
impone el actual modelo de propiedad intelectual.
De la misma manera, proponemos el Fomento, apoyo y desarrollo
de plataformas culturales libres. Cualquier subvención pública a cualquier
manifestación artística, cinematográfica, musical o literaria debe ir asociada a
su libre distribución cultural, sin copyright, avanzando hacia una sociedad
donde la cultura sea realmente patrimonio de todos y todas, regida por el
principio del arte y no por el principio económico. Éste mismo criterio debe
establecerse a la hora de la cesión de cualquier espacio público europeo,
independientemente de cual sea la entidad pública de la que dependa.
Seguridad en la Red.
La deriva autoritaria de muchos gobiernos del mundo a partir
de los atentados de 1.991 ha tenido su correlación en Internet. Con la excusa de
la lucha contra el terrorismo, muchos gobiernos han pretendido acabar con alguno
de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en la red, intentando establecer
controles y acabar con muchas de las características que hacen de internet una
herramienta valiosísima para el desarrollo de las sociedades. En algún caso,
estas restricciones ni siquiera tienen que ver ese objetivo, y vienen siendo
demandadas e impuestas por los lobbys de presión de la industria del
entretenimiento.
Bien es cierto que hay que apoyar todo esfuerzo que se haga
en la lucha contra la pornografía infantil, la pedofilia y otros ciber-delitos
que se cometen utilizando la red, pero entendemos que la defensa de los derechos
y libertades también han de ser garantizadas también en el espacio cibernético,
por lo que desde Izquierda Unida rechazamos la red Echelon y la autorización del
Parlamento Europeo para el control e intercepción de las comunicaciones
que se autorizó tras el 11 S. Nada justifica hoy esa intromisión en el derecho a
la libre expresión, intimidad y comunicación.
Nos oponemos a la “represión preventiva” y a los “archivos
preventivos de datos personales” (Tratado Prim.), que crean sospechosos y
otorgan a las fuerzas policiales y judiciales, a las empresas de seguridad
privadas e incluso a los servicios secretos, el derecho a usar datos personales
a través de la más grande base de datos creada, bajo el pretexto de la defensa
de la seguridad pública.
De la misma manera, nuestro grupo se ha opuesto al Paquete
Telecom, que pretende acabar con la neutralidad en la red y el control de
contenidos. Hemos apoyado la enmienda 138 que impide que ningún ciudadano
europeo pueda verse privado de Internet sin una orden judicial y seguiremos
apostando por la Neutralidad de la Red impulsando leyes que garanticen este
principio fundamental para el desarrollo de la sociedad de la información e
Internet.