LIAN TIMOR (Noticias de Timor)

BOLETÍN DE TIMOR HAMUTUK

38-Mayo de 2005

 

FALLECIMIENTO DE JUAN PABLO II

 

         Con ocasión del fallecimiento de Juan Pablo II no podemos dejar de recordar su contribución a la solución del conflicto timorense. Durante la ocupación, se negó a nombrar un nuevo obispo para la sede vacante de Díli, nombrando en su lugar un administrador apostólico, lo que en la práctica venía a implicar un no reconocimiento de la anexión del territorio a Indonesia. Cuando viajó a este país en 1989, su deseo de visitar Timor suscitó un no desdeñable problema para las diplomacias vaticana e indonesia. Finalmente Juan Pablo II accedió a no besar el suelo en Díli, como acostumbraba hacer cuando llegaba a un Estado, pero también se eludió el uso de la lengua indonesia para mostrar un rechazo a la anexión. Además, al final de la misa del Papa en Taci-Tolu, aprovechando la presencia de numerosos medios de comunicación, se produjo una manifestación de los asistentes que demostró al mundo que el deseo de independencia estaba lejos de haberse apagado, acabando con la pretensión del régimen indonesio de aparentar que el la antigua colonia portuguesa se había logrado una normalización.

         El gobierno decretó tres días de luto y ordenó erigir una estatua del Papa en Taci-Tolu. En la catedral de Díli se celebró una misa a la que asistieron 5.000 fieles, los miembros del gobierno, con Mari Alkatiri al frente y el cuerpo diplomático.

 

CONFLICTO IGLESIA-GOBIERNO

 

         Poco después de estos acontecimientos, se ha registrado una fuerte tensión entre la Iglesia y el gobierno, que se enfrenta al mayor movimiento de protesta desde la independencia.

         La reciente iniciativa gubernamental para excluir la asignatura de religión del currículo escolar ha sido la culminación de una serie de desencuentros con el gobierno. El 21 de febrero una Nota Pastoral constituía una primera crítica. Una figura tan popular como Domingos Soares, el Padre Maubere, que se hizo célebre por su defensa de los derechos de los timorenses durante la ocupación indonesia, pronunció el 7 de marzo una conferencia emitiendo duras críticas al gobierno y posteriormente mostró su malestar por una nota del Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação de 24 de marzo que minimizaba el papel de la Iglesia en la lucha para la liberación. Tras unas protestas del nuncio, el 11 de abril fueron los dos obispos quienes se sumaron.

         El 19 comenzó una manifestación ante el Palácio do Governo. La causa inicial de la misma fue desbordada y los manifestantes pasaron a realizar una protesta global contra la política gubernamental, pidiéndose la dimisión del presidente del gobierno. El ministro Horta acusó a miembros de la embajada estadounidense

         Se han realizado encuentros entre los dos obispos, Alberto Ricardo da Silva (Díli)y Basílio do Nascimento (Baucau) y Mari Alkatiri, pero no han conseguido solucionar la situación, como tampoco el intento de mediación del presidente Xanana, que en cualquier caso negó que las manifestaciones pudiesen cuestionar la victoria del FRETILIN en las urnas.

         No se han desarrollado incidentes entre los manifestantes y la policía que les separa del Palácio do Governo, pero se registra una escalada verbal desde el inicio de las manifestaciones. Los obispos se han declarado abiertamente en contra de la Comisión de Verdad y Amistad, porque no garantiza la reparación moral de las víctimas. Han acusado al gobierno de promover una democracia marxista. Desde la FRETILIN se aventó el peligro de guerra civil, recordándose la que en 1975 antecedió a la ocupación indonesia. Lu-Olo, presidente del parlamento timorense, ha acusado a la Iglesia timorense de tener sus propias cárceles el 30 de abril, tras una reunión del Comité Central del FRETILIN.

 

ONU

 

         El Consejo de Seguridad de la ONU decidió el 4 de abril prorrogar un año más su presencia en el más joven Estado del mundo. Sin embargo, están aún por determinar la magnitud de esta presencia o incluso la denominación que recibirá.

         Por otro lado, a la llegada de una comisión de peritos de la ONU para investigar los sucesos de 1999 se produjo una manifestación pidiendo justicia. Annan ha pedido la cooperación de las autoridades timorenses e indonesias. Mientras las primeras han aceptado, las segundas estiman que con la creación de la Comisión de Verdad y Amistad la iniciativa de la ONU carece de sentido. El mes de abril se produjo además el nombramiento como portavoz del ejército indonesio de Tono Suratman, uno de los 50 militares sospechosos para la ONU de ser responsable de crímenes contra la humanidad.

 

DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA CON AUSTRALIA

 

         Se ha acordado que no hay acuerdo. Timor y Australia posponen la delimitación de su frontera marítima hasta 2055. Entre tanto, los acuerdos provisionales seguirán en vigor, lo que favorece a los intereses australianos. Ciertamente, veníamos temiendo que Australia terminase haciendo valer sus intereses como potencia regional, forzando a su pequeño vecino a aceptar un acuerdo desventajoso, que no deja de ser el precio para pagar la “amistad” australiana ante un eventual giro de la política indonesia hacia Timor. Para cuando pueda abordarse la firma del tratado definitivo, los pozos del Mar de Timor habrán dejado de extraer hidrocarburos. A cambio Timor recibirá una compensación económica por parte de Australia, que podría incrementarse en función de los precios del petróleo.

        

 

PAISES DONANTES

 

         Según un informe publicado este mes Portugal continúa siendo el primer país donante desde 1999 con 199 millones de dólares. Japón, con 191, ha relegado a Australia a la tercera posición, con 186. El Banco Mundial estima que el país registra importantes avances y recomienda al gobierno estimular la economía para que no exista una excesiva dependencia del petróleo. También muestra preocupación por las altas tasas de crecimiento demográfico que puede implicar un aumento de la pobreza.

         Días después de estas recomendaciones el gobierno creó cinco secretarias de Estado para garantizar la correcta aplicación de los fondos de países donantes.