Serie publicada por el Lcdo. Luis Dávila Colón
La Nueva Mordaza
| Presuntos implicados Oct, 22/2001 | Procesamiento selectivo Oct. 25/2001 |
| La mano que aprieta Oct. 23/2001 | Cortina de humo Oct. 26/2001 |
| El Paredón federal Oct. 24/2001 | La mano negra de la justicia tuerta Oct. 27/2001 |
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Luis Dávila Colón Analista político EL VOCERO 10/22/2001
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Luis Dávila Colón Analista político EL VOCERO 10/23/2001
En mayo 19 del año 2000, una primera plana de El Nuevo Día en tono histérico, le asestaba el segundo gran golpe a la integridad de Carlos Pesquera, pretendiendo implicarlo en graves delitos de corrupción: ‘Gran Jurado cita a Pesquera, Fortuño, Morgan Stubbe y Woodroff en investigaciones de Puertos y Vivienda’. El titular gordo lo decía todo: "Citan pejes gordos". Aunque Pesquera al otro día aseguró que no era sospechoso, el FBI de Marlene Hunter se encargó de interrogarlo y de colar le a la prensa imperial la fortuita coincidencia. En mayo 26 del 2000, el senador Kenneth McClintock’acusó al gobierno federal de estar timoneando las elecciones y de estar persiguiendo estadistas por conducto del FBI y Fiscalia (EVp.22). Nadie le hizo caso. Al día siguiente, los periódicos de las empresas Ferré, con otras fitraciones de los federales, volvian a cuestionar en primera plana la integridad del candidato penepé. "Pesquera sabía nexo con Freddie", decía la portada de Primera Hora. La historia era totalmente falsa. ¿Cómo sabía el periódico lo que pensaba Pesquera y cómo era posible si tuviera conocimiento de delito que no fue se acusado por el gobierno federal? A finales de mayo del 2000 y 48 horas antes de que un Gran Jurado radicara cargos criminales por fraude en Vivienda contra el ex senador Freddie Valentín, en un programa de comentario radial, prácticamente se filtraban los detalles del pliego acusatorio. En junio 5, un titular de este rotativo decía: "Casos corrupción afectarán las elecciones: En ebullición caso CRIM y Vivienda". Ese mismo día, ENDp.29, Eudaldo Báez Galib afirmaba, que de ganar las elecciones, el Partido Popular investigaría los grandes contratos otorgados por el PNP y los ocho empresarios que manejaban más de $1,000 millones en contratos, incluyendo a Alvaro Cifuen tes, Ramón Flores, etc. En junio 24 del 2000, ENDp.34, David Noriega le imploraba a los federales que por favor no cerraran el caso del SIDA, porque "todavía están en la calle los responsables" y los funcionarios del PNP están "embarrados". El 4 de agosto, cuatro días antes de conocerse los detalles del escándalo del CRIM, El Nuevo Día adelantaba por filtraciones el contenido de declaraciones ante Gran Jurado y el potencial explosivo de un caso, que se radicó a unas trece semanas de la elección general, se llevó por el medio dos alcaldes del PNP y eximió otros tantos del Partido Popular que también habían recibido dinero de la misma fuente. Al día siguiente, el gobernador Pedro Rosselló acusó al Fiscal Federal de interferir en las elecciones y un molesto Guillo Gil ripostó con su célebre frase, "la corrupción tiene nombre y apellido y son del PNP". Con las acusaciones del CRIM, el Partido Popu lar se puso extático. En medio del ambiente triunfalista, Sila acusó a Pesquera de ser "débil y pusilánime", defendió al fiscal Gil y pidió al PNP que restituya millones. "Jaque mate al PNP", sentenció David Noriega. Al día siguiente, en un mensaje televisado, Calderón acusó al PNP de sostener un patrón de robo y prometió la "Blue Ribbon Committee". David Noriega tendría cartera de ministro. En una columna del 16 de agosto, Noriega aseguró que "ni el médico chino salvará a Rosselló ni a su partido podrido; este es el inicio del derrumbe final del PNP". David se había ganado en la campaña los galones para convertirse en el director del aparato represivo del régimen Calderón. Como perro de presa de la campaña antipenepé, David Noriega había hecho su trabajo. Para octubre del 2000, con sus declaraciones, juicios festinados y exabruptos, el autodenominado "fiscal del pueblo" había involucrado virtualmente a todos los presidentes del PNP y potenciales candidatos al máximo liderato en casos de corrupción y escándalos vergonzosos invocando las supuestas investigaciones federales. Rosselló, Corrada, Romero, Pesquera, Edison Misla, Fortuño, Leo Díaz, etc., etc. Derrotados en campaña, el próximo paso seria meterlos presos. Si había duda de la intervención o de las intenciones del gobierno federal en la campaña electoral del año 2000, sólo hay que buscar algunos titulares de octubre. En octubre 7, a cuatro semanas antes de las elecciones, Marlene Hunter de Pereira y el FBI otorgaron un premio a la Policía Municipal de San Juan, a Sila Calderón y a Jorge Collazo por "su participación en la lucha contra el narcotráfico". El pago se adelantó. Entonces como ahora, la señora Hunter negó tener propósito electoralista. Su marido, hoy diredor de Puertos, era mano derecha de Gil. Coincidentalmente, mientras esto ocurría en Puerto Rico, el FBI se encontraba bajo asedio y bajo fúego en los Estados Unidos por llevar agendas de violación de derechos civiles y de procesamiento selectivo en contra de minorias. Los casos de Richard Jewel y del alcalde de Atlanta, Bill Campbell, y del científico chino Wen Ho Lee, eran voz populi en la prensa nacional. Las minorías allá protestaron y lo convirtieron en causa. En Puerto Rico era impensable. En octubre 28, a nueve días de las elecciones, la Fiscalía Federal radicó una demanda en cobro de dinero por préstamos estudiantiles contra el representante PNP, Anibal Vega Borges, por una deuda que data de 1984. Vega Borges acusó a Fiscalía de llevar una agenda política, de no haberle avisado y de haberle filtrado selectivamente la demanda a Primera Hora. Por otro lado, en el frente periodístico en septiembre 21 del 2000, Ileana Colón Carlo defendió la intervención de Sila Calderón en el caso Bromon y dos días más tarde comparecía ante el Centro de Libertad de Prensa del Sagrado Corazón y de El Nuevo Día presentando el libro "Periodistas y Democracia". Colón Carlo endosó en anuncios de página completa a Sila el día 2 de noviembre. Calderón ganó las elecciones. Continuaremos. Ahora es que se pone bueno... |
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Luis Dávila Colón Analista político EL VOCERO 10/24/2001 La corrupción del sistema de justicia federal colonial y la simbiosis entre el FBI, la Fiscalia federal, el "Blue Ribbon Committee", la Legislatura y el Departamento de Justicia colonial para aniquilar, apresar y perseguir minorías, recrudeció después de las elecciones de 2000. El asesinato de reputaciones, el intercambio de informaciones y desinformaciones entre todas estas agencias y la filtración selectiva y maliciosa de comprometedores testimonios, documentos de los sumarios fiscales y de los procedimientos ante gran jurado, se han convertido en el modus operandi de la cacería de "corruptos" del año 2001. El 21 de noviembre de 2000, EV-p.12, los federales filtraron a la prensa que vendría una "parranda" de acusaciones federales en los casos de Vivienda que involucraría a prominentes políticos del PNP. Cuando se nombró la comisión de talibanes presidida por David Noriega e Ileana Colón Carlo, Noriega hizo muy claro que esa fiscalía privatizada tenía constante comunicación e intercambio de datos con la Fiscalía federal y el FBI. Al nombrar esa comisión el 23 de diciembre de 2000, Sila Calderón declaró "una guerra sin cuartel contra la corrupción". En una entrevista exclusiva concedida a El Nuevo Día el 29 de diciembre de 2000, David Noriega afirmó que sería implacable, que veia la comisión como un intento para descriminalizar el independentismo, que comenzarían a trabajar con las investigaciones del Comité de Transición y que todo el que robó en la pasada administración sería castigado. Dicho y hecho. La inquisición comenzó sin piedad ese mismo día, cuando todos vimos en la víspera de año otro insólito operativo represivo navideño en el que el FBI y Fiscalía federal filtraron a la prensa el anunciado arresto de la entonces alcaldesa PNP de Coamo, Margarita Nolasco, por alegados escándalos en el recogido de escombros tras el huracán Georges. Los telediarios matutinos presentaron a la jauría de prensa apostada en el humilde hogar de la alcaldesa en Coamo desde las tres de la mañana. Ella llorosa, no sabía nada. Desesperada salió para San Juan con sus abogados con una caravana siguiéndole el rastro. El FBI filtró que le había impartido órdenes de no salir de la zona metropolitana. La Alcaldesa voluntariamente quería entregarse, salió en primera plana y por tres días anduvo en un inhumano correcorre, seguida por la comparsa de periodistas. Los federales se negaron a desmentir la historia. Hoy, diez meses después, el arresto no se ha consumado y la dignidad de Nolasco aniquilada. El 4 de enero de 2001, a los dos días de llegar al poder Sila Calderón, salió una pequeña nota en EL VOCERO señalando "Investigan en Washington a Fiscal federal por el procesamiento selectivo y violación de derechos civiles de minoría". Nada más se supo de esa historia. El 7 de febrero de 2001, la prensa volvió a publicar contenido del testimonio que el acusado federal Freddie Valentín le había revelado al FBI y se prometía un "cuadro de corrup ción explosivo", a pesar de una orden de mordaza emitida por el juez Casellas.El patrón de persecución, hostigamiento e investigación criminal de la minoría estadista comenzó a materializarse a principios de año en 6 foros distintos, pero que entre bastidores intercambiaban evidencia y se comunicaban entre sí: 1) el foro privatizado del Comité "Blue Ribbon"; 2) la Fiscalía federal, el Gran Jurado y el FBI; 3) quince comisiones legislativas que ventilaban los escándalos como circo; 4) el politizado Departamento de Justiciabajo el mando de Anabelle Rodríguez; 5) los casos referidos al Fiscal Especial Independiente, y 6) un programa radial favorecido por los federales y las primeras planas de la prensa amarillista. Ya para primavera comenzaba el debate sobre el conflicto ético y la ilegalidad del "Blue Ribbon". El 10 de marzo de 2001, ED-p.34, la senadora Margarita Ostolaza exigía a la Legislatura y a la Comisión Noriega que investigaran los corruptos regentes de la Universidad y del Museo de Arte de Puerto Rico. El día antes, Justicia pedía un fiscal especial para el penepé Chu Valle, ex asesor de Edison Misla, por alegadamente regalar ilegalmente terrenos del gobierno. El 11 de abril de 2001, ED-p.17, la directora de Edificios Públicos, Lilliam Rivera, pidió que se implotara y se radicaran cargos criminales contra los que construyeron el Coliseo de Puerto Rico. El 17 de abril de 2001, ED-p.34, la Comisión Noriega filtró que investigaba a Angel Morey por otorgar contratos preferenciales a compañías de desperdicios sólidos. Al día siguiente, por segundo día consecutivo en historia filtrada a El Nuevo Día, se informaba que la Comisión Noriega había recibido peticiones de inmunidad y tenía encaminadas 5 investigaciones. La historia decía que los investigadores de Noriega coordinaban con Fiscalía federal y el PBI. Nuevamente se apuntaba a Angel Morey como tarjeta de investigación por contratos otorgados a una compañía que, por esas casualidades, competía con una empresa propiedad de la familia Ferré-Rangel, dueños de El Nuevo Día. Morey había sido uno de los demandados por El Nuevo Día en el caso de los anuncios que les quitó Rosselló. La historia decía a la vez, que el ex Secretario de la Gobernación era investigado simultáneamente por comisiones legislativas. A la par, el 20 de abril de 2001, mientras se discutía en Washington quién iba a ser el sustituto del fiscal federal Guillermo Gil, éste a su vez citaba ante un Gran Jurado a Luis Plaza, socio de Chemi Gaztambide. Ese burdo acto sirvió para descarrilar en Washington el nombramiento de Gaztambide como sucesor. Gil explotó su poder de citación para beneficiarse, quedarse en el cargo durante este año y descarrilar un potencial enemigo. Mientras el molinillo de procesamiento federal continuaba su desatinado rumbo, el 5 de mayo de 2001 la prensa informó que David Noriega, en representaeión de un cliente privado, había logrado que el Departamento de Salud cambiara una Resolución final y firme. El 10 de mayo, la comisión de talibanes evacuó su primer informe imputándole conducta criminal a los ex jefes de agencia de Rosselló, Jorge Aponte y Danny Pagán, por la compra del edificio de Recursos Naturales. Ese caso se ventilaba a la vez en investigaciones legislativas, donde se hizo trizas la reputación de los presuntos imputados. |
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Luis Dávila Colón Analista Político 10/25/2001
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Luis Dávila Colón Analista Político 10/26/2001 Del patrón de acoso y de persecución de estadistas bajo la excusa de investigar corruptos que hemos establecido esta semana, surge otra conclusión adicional. En la medida en que el gobierno popular va cayendo en desprestigio y según van deteriorando las condiciones sociales y económicas, el Régimen va incrementando su diseño represivo. Ese afán de liquidar por la vía criminal y con el escarnio periodístico a todo el liderato estadista, continuó el 31 de agostn de 2001, (END-p.6) cuando al mencionarse que Marimer Olazagasti podría convertirse en vicepresidenta de Carlos Pesquera, el Fondo del Seguro del Estado volvió a anunciar que las transacciones de Olazagasti en su proyecto Parque Escorial y la Emisión de Bonos AFICA que lo financió, fueron referidas a las oficinas del FBI. Olazagasti es una mujer de intachable reputación, que nunca había sido mencionada como tarjeta pólitica. Al día siguiente, el Departamento de Justicia colonial exigió un fiscal especial para Víctor Fajardo por haber contratado una escolta de seguridad con fondos federales (EV-p.l). El Contralor había recomendado que se procediera por la vía civil, pero el Estado sacó la controversia fuera de toda proporción y la criminalizó. Trascendió también que Fajardo estaba siendo investigado por Fiscalía federal y el FBI. El Nuevo Día le dedicó una portada y 15 páginas al seudoescándalo. El 7 de septiembre de 2001, la Comisión de Integridad Pública del Senado enjuiciaba y condenaba al presidente de lá Unión del FSE, Richard Rodríguez, por apropiación ilegal de fondos públicos. A la vez, Marlene Hunter, jefa del FBI, aseguraba que su trabajo no es político y que ella no sabe nada de las investigaciones de Puertos que su marido había radicado (END-pp. 16 y 44). Simultáneamente, la Legislatura, en coordinación con los investigadores de la "Blue Ribbon", abría una investigación sobre el proyecto de Plaza Universitaria citando fallas de contratación en el gerente, Pedro Vázquez, otro ex funcionario del gobierno del PNP. Vázquez cuestionó la legalidad de la "Blue Ribbon" y David Noriega, en una entrevista radial, se quejó de "la cantaleta" de sus investigados. El 16 de septiembre de 2001, Carlos Ignacio Pesquera acusó a la Comisión Noriega/Colón Carlo de ser un "comité de odio" desprestigiado, cuyo único propósito es perseguir estadistas. Dos días más tarde, el ex senador del PNP, Nicolás Nogueras, obtenía una victoria procesal en una demanda federal de derechos civiles, en la que alegaba que Fiscalía federal y el FBI lo habían encausado viciosa y sélectivamente con agentes y fiscales corruptos (EV-p.22). Mientras que la Legislatura pasaba por la piedra con la evidencia suministrada por, la "Blue Ribbon" a los ex funcionarios de la UPR por el proyecto Plaza Universitaria, Sila Calderón refería al Departamento de Justicia para procesamiento criminal el informe secreto que le había suministrado la "Blue Ribbon", pero que entre bastidores fue filtrado a todos los medios de prensa. El 21 de septiembre de 2001 (EV-p.18) nuevas filtraciones de Fiscalía federal involucraban a un empresario de computadoras que había contratado el acusado Freddie Valentín para que lo representara en asuntos ante el FSE. Otro caso de la fiscal Rebeca De Jesús, cuyos trámites investigativos llegaban misteriosamente a la prensa. El 22 de septiembre de 2001, David Noriega anunciaba que había mantenido todo el tiempo informadas a las comisiones legislativas sobre los detalles que la "Blue Ribbon" investigó en el caso de Plaza Universitaria. En reuniones secretas, ambos cuerpos habían intercambiado evidencia en sus sumarios fiscales. Y mientras el Departamento de Justicia ya tenía ante sí las recomendaciones, la Legislatura acribillaba en vistas la reputación de los presuntos implicados. Curiosamente, el 1ro. de octubre de 2001, El Nuevo Día recibía los detalles del informe secreto de Plaza Universitaria que había evacuado la "Blue Ribbon". "Por la libre Plaza Universitaria"; "Multimillonario contrato a Pedro Vázquez", leían los titulares amarillentos. El 2 de octubre de 2001, la "Blue Ribbon" hacía entrega de su informe final a la comisión legislativa, mas no así a sus acusados (END-p.10). Ese mismo día, El Nuevo Día publicaba una historia fabricada involucrando a la compañera analista de noticias Zoraida Buxó en un alegado escándalo de contratos verbales (ENDp.22). Cuando denunciamos el operativo desinformador, END tuvo que retractarse. Lo que nos trae a la semana pasada. Justo en el momento en que colapsaban las estrategias de Sila Calderón en cuanto al "ni un tiro más" de Vieques y la 956, la campaña de exterminio ideológico arreciaba. El asesor de pacotilla de la Cámara de Representantes, ilegalmente y de forma totalitaria recomendaba cargos éticos contra el representante Angel Cintrón por sus estudios de leyes. Cintrón era ahora el nuevo Secretario del PNP y de momento se había convertido en tarjeta para castigo. Simultáneamente, una comisión cameral sentaba en el banquillo al presidente del PNP, Carlos Ignacio Pesquera, para que explicara por qué razón había ordenado la construcción de una estación del Tren Urbano frente a la UPR. El circo legislativo pretendió humillar a Pesquera, al punto de que ilegalmente vinieron a cogerle el juramento después que éste había testificado. La orden de citación incluía también a la vicepresidenta del PNP, Norma Burgos, para que justificara por qué razón había concedido la consulta de ubicación de esa estación mientras dirigió la Junta de Planificación. Presidente, Vicepresidenta y Secretario, todos en el banquillo cameral. Por primera vez en la historia, el liderato completo de un partido político minoritario, incluyendo su plantilla ejecutiva, su plantilla legislativa, sus ex funcionarios, ex coordinadores de campaña, recaudadores y empresarios donantes, se encontraba en la hoguera del odio, la criminalización, el asesinato de caracteres y la aniquilación política. La corrupción se había tornado en una orgía y en una cortina de humo para proteger al Régimen de su incompetencia... |
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Luis Dávila Colón Analista Político 10/27/2001 La meticulosa cronología que les he dado en los últimos 6 días, sobre la forma en que las autoridades federales y locales han explotado el problema de la corrupción, no debe dejar duda de los claros objetivos ilegales, corruptos, ideológicos y políticos detrás de esa conspiración. Indudablemente, la guerra santa de lacorrupción que convenientemente se levantó en los años 99 y 2000, dejó de ser hace rato una mera campaña política o una legitima causa en el interés público. En algún punto en el desarrollo de la justicia criminal, la corrupción se convirtió en una excelente excusa para aniquilar y destruir a la minoría política estadista. El fanatismo ha llevado al Régimen colonial y a sus alicates dentro del sistema de justicia federal criollo, a explotar, abusar y utilizar su inmenso poder investigativo y represivo para selectivamente encausar, desprestigiar y criminalizar toda una estirpe politica. Estamos pues, ante un abominable programa de violación de derechos civiles y humanos que no se había visto desde La Mordaza. Ya no se trata meramente de castigar pillos, defraudadores y delincuentes. Ahora virtualmente todo el que esté en el liderato de la oposición, todo el que haga aportaciones políticas, todo el que dirija campañas, todo el que sirva en el gabinete, todo el que se preste a representarlo políticamente, está expuesto al exterminio. Ya no se trata meramente de Rosselló y sus empresarios. Si algo ha quedado demostrado con el patrón de persecución selectiva que les he presentado, es que todo el liderato del PNP ha sido blanco de la infamia y de la histeria. Al día de hoy, virtualmente todos han sido citados ante comisiones, agencias o entidades investigativas. Pedro Rosselló, Carlos Ignacio Pesquera, Norma Burgos, Ángel Cintrón, Carlos Romero, Ángel Morey, Carlos Díaz Olivo, Luis Fortuño, Morgan Stubbe, Oscar Ramos, Pedro Vázquez, Norman Maldonado, René Vázquez Botet, Anibal Vega Borges, Margarita Nolasco, Chú Valle, Edison Misla, el socio de Chemi Gaztambide, Jorge Aponte, Danny Pagán, Xenia Vélex, Víctor Fajardo, Marimer Olazagasti, Manuel Díaz Saldaña, empresarios del PNP procesados por donativos en exceso, empresarios de1 PNP procesados porque sus planillas no coincidierbn con sus ingresos, y los que faltan. Ha quedado establecido también que esta campaña de exterminio no es aislada y que no está limitada únicamente a las agencias represivas del Régimen colonial. Las investigaciones están coordinadas, compartidas y calibradas en seis distintos niveles de fusilamiento político que se comunican entre si tras bambalinas: 1) el "Blue Ribbon Committee" de la Gobernadora, que no tiene un solo estadista entre sus miembros; 2) el Departamento de Justicia de Anabelle Rodríguez; 3) quince las comisiones legislativas investigativas, 4) la Fiscalía Federal; 5) el FBI; y 6) ciertos elementos de la prensa, que preferencialmente reciben las filtraciones y que adelantan procedimientos, testimonios, citaciones, evidencia y estrategias e informes que surgen de los sumarios fiscales de cada uno de esos organismos. Esa divulgación prematura a su vez crea opinión pública adversa a los derechos de los potenciales acusados. Hemos probado también que la Fiscalía Federal y el FBI han declarado que "la corrupción tiene nombre y apellido y se llama el PNP", que la administración del Partido Popular está libre de toda corrupción y que existe una estrecha colaboración entre las agencias investigativas del régimen colonial y esas agencias federales para procesar criminalmente funcionarios de la pasada administración, aún cuando no estén envueltos en las acusaciones, fondos ni programas federales. Esa relación inmoral e ilegal nos ha traído una Jefa del FBI local, cuyo hogar depende de los ingresos públicos que le paga el ELA a su marido ex fiscal federal. El récord periodístico también demuestra que este "Star Chamber" federal ha procesado discriminadamente los casos y ha convertido en artesanía el juego de las filtraciones selectivamente colocadas con periodistas amigos para destruir reputaciones y anunciar el progreso de las deliberaciones e investigaciones ante el Gran Jurado. Ese deporte de asesinar reputaciones y formar opinión pública hostil por gotereo, viola todos los principios fundamentales de la presunción de inocencia, del debido proceso de ley y del derecho a obtener un juicio justo, imparcial y equitativo. Bajo la Regla del Distrito Número 109, los procedimientos ante un Gran Jurado son estrictamente confidenciales. Las Reglas de Ética que rigen a fiscales y agentes también prohíben que se filtre información del sumario fiscal antes de que se radiquen cargos. El estudio que hemos hecho prueba también que el famoso "Blue Ribbon Committee" es: 1) una entidad privada, al servicio de empresarios, 2) que tiene burdas conexiones a un solo medio de prensa y que sus miembros comparten manifiestos prejuicios ideológicos, partidistas y conflictos éticos; 3) que en su operación y deliberaciones ese comité de talibanes ha violado e ignorado la orden ejecutiva que la creó y el reglamento interno que no protege derechos de acusados; 4) que el Comité Noriega ha violado derechos civiles a mansalva, ya sea filtrando sus informes – que por orden ejecutiva son estrictamente confidenciales – comentando politicamente el resultado de sus hallazgos para afincar el procesamiento criminal, igtercambiando ilegalmente información con otras comisiones o entidades investigadoras del legislativo, del ejecutivo o del poder federal y conduciendo pesquisas en coordinación y simultáneamente con otras investigaciones públicas y notorias; 5) que se convierten a su vez en circos políticos en los que se destruyen la dignidad y la reputación de los presuntos implicados mucho antes de que estos tengan oportunidad de defenderse o que se presenten acusaciones. El nefasto legado de este operativo destructor es que en Puerto Rico la guerra política ya no termina con las elecciones. El gobierno de Sila Calderón ha sentado el precedente de que el fin primordial de los gobiernos electos es perseguir, aniquilar y criminalizar todo el liderato de la minoritaria oposición. Y en la consecución de ese objetivo no hay salvaguarda legal, no existen parámetros constitucionales, no surgen consideraciones de derechos humanos, no se respetan linderos de la separación de poderes, no se respetan las jurisdicciones federales y estatales y no se guarda el más mínimo recato. Nuestro ordenamiento jurídico siembra hoy el odio. Puerto Rico sufre hoy la mano negra de su nueva justicia tuerta... |