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| CAPITULO V Una invitación de la policía secreta Jaime Alonso, abogado de la ultraderecha española, medió en el tráfico de armas chilenas En 1987, el Gobierno chileno tomó una decisión desesperada para no perder Jaime Alonso, abogado español vinculado a Fuerza Nueva, y un conspicuo simpatizante del general Pinochet en Chile convencieron a Bemard Stroiazzo de que su historia podría servir para conseguir "una compensación" por mantener en silencio el caso «Foxtrot» y lograr que algunos grupos de poder ganaran fuerza dentro del régimen militar chileno. La rocambolesca gestión acabó, para el francés, ante el despacho del jefe de la policía secreta chilena. Esta es la última entrega de esta investigación de EL MUNDO sobre el "Pinochetgate". JOHN MÜLLER Stroiazzo no quería saber nada más de Chile y de Irán después de su fuga. Estaba dolido, pero dispuesto a asumir las enormes pérdidas que le había supuesto la frustrada venta de bombas chilenas al régimen de Jomeini. Pero, a mediados de 1988, dos nuevos personajes toman contacto con él a través de Dino Sefarian. Se trata del chileno César Hidalgo Calvo y de Jaime Alonso, un abogado español que se presenta como asesor de Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), el sindicato del grupo ultraderechista Fuerza Nueva. La organización apenas representa ya nada en la vida política española, pero el abogado debió pensar que era una buena carta de presentación ante unos "duros" implicados en el proceloso mundo del negocio de las armas. En el despacho que Alonso tiene en la madrileña calle de Natalia Silva, 1, Hidalgo y el abogado español le ofrecen a Stroiazzo "contar su historia a algunas autoridades chilenas" con el fin de obtener alguna "cornpensación» por todo lo que le ha ocurrido en Irán. Crudamente, los dos ultraderechistas le exponen que se trata de usar su peripecia como una forma de sacar dinero y fortalecer a ciertos grupos de poder dentro del régimen militar chileno. Strolazzo acepta que Hidalgo le prepare una entrevista con un alto oficial chileno para tratar el terna de la "compensación", pero deja en sus manos la vertiente política del asunto. INVITA LA POLICIA SECRETA.- El 18 julio de 1988, Stroiazzo recibe en Madrid una invitación del brigadier general del Ejército chileno, Hugo Salas Wenzel, para que se traslade a Chile entre el 16 y el 20 de agosto con el fin de "considerar materias de interés común". Salas, un oficial de confianza de Pinochet, dirigía desde el mes de octubre de 1986 la Central Nacional de Informaciones (CNI), policía secreta del régimen militar. En la fecha indicada, el ingeniero francés llegó a Chile. En la vieja casa que servía de cuartel a la CNI, Salas recibió amablemente a Stroiazzo: "Bueno -dijo Salas mientras se sentaba detrás de su escritorio-, cuénteme usted su historia». Stroiazzo comenzó a relatar detalladamente todo lo que había ocurrido hasta que consiguió escapar de Irán. Tras exponer su caso, Salas le responde en tono pausado que se trata de un momento muy crítico para el régimen militar y le explica que el general Pinochet desea ganar el plebliscito que se realizará en el mes de octubre. «Si se conociera, una historia como la suya podría causar mucho daño». UN DESIERTO.- Acto seguido, Salas pregunta: "Bien, ¿qué cree que podríamos hacer para compensarle?". El militar pone como condición que no se trate de dinero. Stroiazzo responde que una buena forma de resarcirle de todo lo ocurrido es otorgarle una concesión de terreno en el desierto de Atacama, situado al norte de Chile, lugar que parece reunir las condiciones adecuadas para instalar una planta de reciciaje de residuos tóxicos. "Ya sabe usted, general, que el asunto de los residuos es un tema complejo en Europa, debido al creciente interés por la ecología», añade el ingeniero francés. Salas se entusiasma con la idea. Entregar en concesión durante 99 años un gran trozo de desierto a cierta empresa extranjera que además invertirá en Chile le parece una solución inmejorable para el caso «Foxtrot". Desde su despacho y ante Stroiazzo, Salas telefonea al coronel Guillermo Letelier, vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo, holding estatal chileno) y le ordena que arregle los detalles de la concesión. Pocos días después, el coronel Guillermo Letelier firma las cartas dónde Corfo se compromete a entregar la licencia de explotación de los terrenos antes del 13 de noviembre de 1988. El propio Salas entrega los documentos a Stroiazzo. El acuerdo se cierra con una cena en un céntrico restaurante de Santiago. El 5 de octubre, las aspiraciones del general Pinochet de continuar otros ocho años en el poder son derrotadas por la oposición democrática en un insólito plebiscito en el que los mecanismos de control de los opositores les permiten impedir un fraude en las urnas. Como consecuencia, el 15 de noviembre, Corfo no concede la licencia prometida. Strolazzo vuelve a Chile en diciembre y se entrevista nuevamente con Salas. El general chileno ha sido ascendido y ha cambiado su viejo cuartel de la CNI por el gigantesco edificio de la Escuela Militar de Santiago. Cuando Salas se entera del retraso, da instrucciones a su ayudante, el coronel Arturo Ureta, para que se aceleren los trámites. ACUERDO PRELIMINAR.- Las gestiones de Salas dan resultados y los representantes de Corfo acceden a firmar un acuerdo preliminar, donde se fijan nuevas condiciones para la concesión de terrenos. Entre estas concidiones figura el envío de una comisión de expertos internacionales que analizaría el terreno en cuestión y el cumplimiento de las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el depósito de residuos tóxicos. Con el acuerdo en la mano, Stroiazzo viaja a Londres donde constituye la empresa World Energy Recycling Enterprise International (WERE). En total, el francés invierte más de un millón de dólares en poner en marcha la empresa, contratando a los expertos que deben visitar el lugar, encargando estudios geológicos y en otras formalidades legales. Sin embargo, las ganancias previstas en tan sólo cinco años compensaban la inversión. Se preveía que las utilidades antes de impuestos podrían llegar a 493 millones de dólares. Con el fin de cumplir con leyes chilenas que establecen límites a la propiedad extranjera, Stroiazzo crea una filial denominada WERE Chile, que pertenece en un 50% a WERE International y donde participan, con otro 50% César Hidalgo y Jaime Alonso. Pero la concesión de la licencia se convierte en un problema para Corfo. Después de la derrota en el plebiscito, el Gobierno chileno quiere asegurarse que en las elecciones del 14 de noviembre de 1989 el candidato oficialista Hernán Büchise imponga ampliamente. RETRASO.- La creación de una planta de tratamiento de residuos tóxicos puede convertirse fácilmente en una bandera electoral de los pequeños pero bien organizados grupos ecologistas chilenos y de la oposición democrática. La decisión definitiva sobre la licencia se retrasa. Hidalgo, que es representante de WERE en Chile comunica a Stroiazzo al menos en dos ocasiones que la comisión de expertos no puede visitar Chile porque Corfo no está preparada para recibirlos. Poco antes de que se cumpla el plazo para cumpljr los requisitos destinados a obtener la licencia, César Hidalgo insiste en que los expertos no pueden visitar el lugar y se producen retrasos considerables cuando el chileno envía mapas equivocados y estudios geológicos de zonas que no coinciden con el terreno que se piensa utilizar. En el mes de mayo, Corfo, que había obstaculizado el cumplimiento de sus propios requisitos, informa a Stroiazzo que la licencia no le será concedida por no haber cumplido a cabalidad las condiciones. El francés ve clara la jugada, pese a que Hidalgo y Alonso le prometen que buscarán una solución. Dos grupos de chilenos visitan a Stroiazzo en Madrid en el período que va de mayo a octubre de 1989. El primero, formado por el abogado Pedro Félix de Aguirre y el ex agente de Ferrimar, Femando Pérez, llega a España el 13 de septiembre y se presentan como "hombres próximos al candidato presidencial oficialista, Hernán Büchi" y aseguran que tienen influencia en el presidente del partido Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, que había optado por una línea moderada y reformista frente al régimen militar. De Aguirre y Pérez aseguran que el caso "Foxtrot» y la concesión de WERE la pueden negociar por 25 millones de dólares. Según ellos, cuentan con el apoyo de un grupo de militares entre los que figuran el general Jorge Ballerino, jefe del poderoso Comando de Institutos Militares del Ejército chileno y el general Jaime Lúcar, actualmente representante del Ejército en el poder legislativo. UN MILLON DE DOLARES.- También están el brigadier Ramón Castro lvanovic ("hombre de paja" de Pinochet en un escándalo inmobiliario ocurrido a comienzos de la década de 1980) y el brigadier general Guillermo Garín. El segundo grupo que llega a Madrid el 25 de septiembre, lo forman el dirigente ultraderechista chileno Pablo Rodríguez Grez, abogado de Corfo, que llega acompañado por otro abogado: Gabriel Cáceres Squella, cuyo despacho funciona en la calle Infanta Merced, 90, de Madrid. Rodríguez y Cáceres son los primeros en mencionar a Stroiazzo la posibilidad de llegar a un acuerdo entre WERE y Corfo sin acudir a los tribunales de Justicia. Rodríguez le ofrece a Stroiazzo un millón de dólares para resolver el caso WERE. El francés se muestra de acuerdo, pero le advierte que eso no soluciona lo ocurrido con "Foxtrot». "Entonces no hay trato -dice Rodrlguez-, porque tendré que volver a negociar el caso 'Foxtrot' después". Tras una breve discusión, el abogado de Corfo se marcha. Pocos días después, Rodríguez llama desde Chile para hacer una oferta definitiva: cinco millones de dólares a cambio del silencio total en torno a los mencionados casos WERE y "Foxtrot". Stroiazzo duda. Decide, trasladarse a Chile con su abogado en el mes de noviembre de 1989. Entre tanto, los chilenos hacen una nueva oferta: "una compensación consistente en un avión Hércules C-130 , valorado en 15 millones de dólares, que estará disponible en Ciudad de Panamá no antes del mes de marzo de 1990". Más tarde, Stroiazzo se enteraría en Chile que la operación no contó con el apoyo de algunos militares influyentes y próximos al general Pinochet. El 28 de noviembre de 1989, Stroiazzo llega a Santiago. Se dirige a la oficina de Rodríguez, en el edificio que Corfo tiene allí. El abogado es cortante: "Me alegro de verle señor Stroiazzo, pero usted es especialmente incómodo en este momento". Rodríguez tenía razones para estar angustiado. Tan sólo faltaban dieciséis días para que las primeras elecciones democráticas definieran el futuro del proyecto de los militares en Chile. Rodríguez trata de dilatar las negociaciones. Vuelve a ofrecer un arbitraje entre Corfo y WERE, en que la suma a repartir sería de cinco millones de dólares. Corno el árbitro sería nombrado por los chilenos al igual que las condiciones, Stroiazzo se negó. La discusión terminó en medio de amenazas. Los días que precedieron a su partida, Stroiazzo y su abogado se pasaron las oras vigilando la mirilla de la puerta de su habitación y no salieron del hotel. PINOCHET, INVOLUCRADO.- El 14 de diciembre, Patricio Aylwin, el candidato de la oposición democrática, ganó las elecciones generales y Stroiazzo, ya en Europa, recibió nuevas ofertas. Sin embargo, Stroiazzo se negó a aceptarlas y, muy por el contrario, dio instrucciones a su abogado en Santiago de Chile, Jorge Ovalle Quiroz, para que presentara una demanda judicial contra Corfo por incumplimiento de los citados acuerdos. Los militares chilenos siguen negando la operación, pese a que en el folio nueve de la demanda de Stroiazzo hay un párrafo donde se indica que todas las gestiones contaron "con la aprobación y el apoyo de las más altas esferas, incluido en ellas el propio Comandante en Jefe del Ejército", general Augusto Pinochet. |