RECOMENDACIONES
En primer lugar, debe
definirse un marco que permita generar un entorno más competitivo. Si el Estado
quisiera promover la participación de un mayor número de entes de financiación
debe diseñar un acuerdo institucional que limite su propia potestad
discrecional y permita una mayor coordinación entre los agentes económicos.
En tal sentido, debe
garantizarse a través de un instrumento, la existencia de reglas que determinen
las atribuciones del regulador e indiquen la forma cómo serán resueltos los
conflictos entre el regulador, los regulados y los terceros, ya que la
existencia de un entorno regulatorio ambiguo provoca una subinversión en el
sector, además de elevar la posibilidad de comportamientos oportunistas en la
búsqueda de influencias, al momento de escoger los entes de financiación y las
condiciones sobre las cuales se desarrollara el proceso.
La incertidumbre de los
derechos de propiedad genera la aplicación de un premio por riesgo, de parte de
los inversionistas, que es creciente en la medida que es mayor la ambigüedad.
De igual forma, esta incertidumbre puede generar la atracción de cierto tipo de
inversionistas capaces de afrontar riesgos excesivamente altos a cambio de
captar rentas en desmedro del sector.
No existe un esquema único en este sentido, pues el mismo dependerá en gran medida del entorno institucional. Sin embargo, una definición clara es crucial para generar incentivos suficientes que permitan la participación de nuevos inversionistas en el sector, ya que se reduce en gran medida la incertidumbre a la que los agentes económicos están sometidos.
Para alcanzar un eficiente
proceso de aprobación de recursos en este sector, es necesario contar con una
agencia reguladora independiente y fortalecida, capaz de superar exitosamente
las eventuales presiones comerciales a las que se verá sometida en el ejercicio
de sus funciones.
El diseño debe garantizar un
balance entre la capacidad de introducir directrices adecuadas que faciliten la
competencia y la existencia de garantías lo suficientemente creíbles asegurar
la discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones. Para ello, es necesario
la genuina independencia del ente financiación, y por parte de la empresa
ejecutora del proyecto, es necesario que se cuente con recursos suficientes que
le permitan atraer y mantener al mejor personal calificado y adecuar su
funcionamiento a los nuevos requerimientos del sector.
Otro elemento relevante es la
independencia, aunque fuese limitada de la empresa ejecutora del proyecto. En
la medida que se propicie la generación de sus propios recursos, se evitan
posibles interferencias ya que ésta no dependerá de las asignaciones
presupuestarias que el Ejecutivo tenga a bien realizar. Si a pesar de ello, se
optara por el esquema de aportes para conformar el presupuesto del organismo,
será necesario fijarlos en el propio texto de la ley que regule el sector, a
través de cuotas o porcentajes de producción.
La incorporación de la
inversión privada por sí sola no puede verse como la condición necesaria y
suficiente para alcanzar un desempeño óptimo de sector. Si se quiere promover
una economía de mercado más competitiva, los procesos de incorporación del
sector privado, a través de las privatizaciones deben ser apropiadamente
integrados con las políticas de competencia y otras regulaciones necesarias
para generar beneficios sociales mediante la competencia entre diversas
empresas operarias del servicio.
Una de las principales
estrategias de promoción de la inversión en el sector eléctrico es la redefinición
de los procedimientos de planificación de proyectos y la correcta y oportuna
utilización de las informaciones que acera de los proyectos se manejan en los
departamentos encargados. En la medida que las normas e instituciones
existentes sean capaces de disminuir la incertidumbre y los costos de
transacción mayor será la participación de nuevos inversionistas. En este
sentido, no es coincidencia observar cómo en países donde no existe estabilidad
política, el sistema judicial no se considera independiente y donde no ha
existido una tradición de agencias regulatorias autónomas y profesionales, la
inversión privada en sectores con economías de escala e inversiones específicas
ha sido considerada como excesivamente riesgosa.
Entre los aspectos más importantes
al diseñar una propuesta óptima que promueva la participación privada está la
de remover los obstáculos al comercio y el corrector manejo e interpretación de
los datos técnicos financieros que componen el proyecto. La intervención del Estado debe estar
orientada a disminuir los impedimentos para la libre celebración de contratos o
soluciones consensuadas, con la finalidad de la efectiva aplicación de la
propuesta diseñada en el presente trabajo.