¿A quien no conviene la transformación universitaria?

 

Reinaldo Bolívar

 

Fuera de juego

En mayo del 2001, a propósito de la toma del Consejo Universitario de la UCV, comenzaron a circular por los correos electrónicos diversas propuestas para la transformación universitaria. A partir de ellas, percibimos que hay una tendencia internacional a revisar las estructuras de la educación superior. Con sus bemoles leímos las propuestas de grupos de España, México y otros países latinoamericanos. En verdad, no somos pioneros, cuestión en nada criticable. Lo malo ha sido que las autoridades universitarias de la UCV, cabalgando sobre el discurso de relacionar a los jóvenes propulsores de la transformación con el gobierno; o la estrategia tangencial de algunos profesores que obviando el fondo del asunto, se dedicaron a vociferar que “los tomistas no tienen propuestas”; Pero ¡Señores! ¿Qué mayor propuesta que pedir una reforma universitaria y abrir el debate para ello?

Pues bien, esos discursos sirvieron para estigmatizar el asunto con los simplones argumentos de intervención, indisciplina estudiantil, un par de conferencias, diez cuartillas sobre cambios de algún trasnochado consejero universitario y la expulsión de los dirigentes estudiantiles que en realidad significó la expulsión de las ideas de transformación universitaria en la universidad venezolana, pues ya el tema lleva dos años en un injusto sueño. Las mezquindades y parcelas universitarias nos han dejado fuera de una positiva tendencia internacional.

Mientras tanto, la obsoleta universidad medieval continúa su involución educativa. Incluso los consejos universitarios ayer órganos todo-poderosos hoy parecen cansados, al punto de delegar en los rectores funciones casi dictatoriales. O evaden sus responsabilidades, como en el caso de la suspensión ambigua de clases en diciembre 2002 y enero 2003, cuando un CU como el de la UCV, la ULA, LUZ, UDO y UC fueron incapaces de pronunciar un sí hay o un no hay clases y se perdieron por horas en las brumas de la ingobernabilidad. Por supuesto, sus subordinados jerárquicos (consejos de facultad y escuela) hechos a imagen y semejanza de los primeros, se adentraron en similares penumbras.

Es decir, que si ayer sosteníamos que estas estructuras de poder debían dar paso a nuevas formas de participación en la toma de decisiones pues venían ejerciendo con torpeza todos los poderes universitarios, hoy añadimos algo más grave: deben desaparecer porque no son capaces ni siquiera de administrar y ejecutar su propio poder.

No ponemos en duda que el actual ordenamiento administrativo y representativo de la universidad venezolana sea legal. Está regido por la Ley de Universidades de 1970. Pero muchos de los aspectos de esa ley ya cumplieron su ciclo histórico y hoy están a la zaga de la Constitución Nacional de 1999.

Ejemplo de ello es la organización de las universidades que convierte a las facultades en republiquitas federadas, el engorroso funcionamiento administrativo, la desequilibrada composición y desmesurada competencia de los consejos; y el sistema electoral, que luce desconectado del crecimiento cuantitativo y de la madurez política de la población universitaria. Estos aspectos merecen algunos comentarios:

Sistema Electoral:

Este último aspecto es fiel reflejo del atraso universitario en la promoción de la democracia. Cuesta creer que el mundo académico exista todavía el voto censitario y más que desde dentro haya oposición a cambiar esta repugnante práctica. En la universidad venezolana a las autoridades y sus consejeros los elige un claustro, a los decanos y sus consejeros una asamblea. Pero lo más alarmante es la composición de esos colegios electorales de los cuales se excluye a los docentes en el primer escalafón (son 5) y a los contratados que junto con los docentes instructores constituyen más del 50% del personal. Por otra parte, el voto estudiantil (todos dicen que sin estudiantes no hay universidad…Pero al parecer sin estudiantes si hay autoridad) representan sólo el 25% del voto profesoral. Por supuesto, por alguna razón inexplicable –que hasta la propia Constitución recogió-, los empleados no votan, cualquiera sea su rango. Son una suerte de eunucos políticos, por lo que siempre estarán enfrentados a un sistema interno que los trata como simple asalariados. Cambiar este estado de incoherencias luce cuesta arriba. En las últimas elecciones decanales, un grupo de profesores instructores y contratados ganó un amparo electoral en el TSJ que fue apelado en Sala Constitucional por las autoridades ucevistas (ósea, profesores impidiendo votar a sus colegas). Ese grupo de negadores del voto son los hoy dicen luchar por “la democracia y libertad universitaria”, algo así como “mírenme y no me toquen”. Hasta un rector ha dicho que la universidad no hay que cambiarle nada.

Ahora bien, a pesar de estos mecanismos excluyentes, la abstención electoral en universidades como la UCV sobrepasa a veces el 80% y en algunas escuelas el 90%. Por lo que muchos consejeros de facultad y universitarios, cuyos nombres son apenas conocidos, pues las campañas se realizan por teléfono entre grupos amarrados, son elegidos hasta con un 10% de los votos válidos. Quiere decir que la representatividad de los organismos de cogobierno no es tal, y menos su legitimidad.

Composición y competencia de los Consejos:

Esta falta de representatividad se hace más grave aún, debido a que por lo general son postulados y electos los docentes y estudiantes de las facultades y escuelas con mayor población estudiantil lo que da como resultados consejos de facultad en los que puede haber una mayoría absoluta de una sola escuela. La situación se agudiza debido a que los directores de escuela no tienen voto y los estudiantes apenas poseen dos. Vale decir que estamos frente a organismos donde no hay un respeto legal por las minorías. En el caso de los consejos universitarios, estos suelen convertirse en escenarios de confrontación entre representantes profesorales y decanos cuya sola presencia hace mayoría absoluta.

En cuanto a la competencia, los consejos tratan cualquier asunto por más nimio que parezca: Desde el presupuesto hasta una carta contra un empleado, una denuncia o un chisme. Su “omnipotencia”, les hace creer que deben discutir, oponerse o aprobar cualquier cosa, lo cual hace que los procesos administrativos, desde su iniciativa, ya nazcan con 15 días de retraso, que es el tiempo que tarda un consejo de facultad en conocerlos y debatirlos, cuestión esta que puede significar meses y hasta años de acuerdo al matiz político que el asunto tenga. Los consejos son especialistas en diferir casos polémicos mientras se cuadran los votos en pro o en contra. A ese tiempo, deben sumarse las semanas que pasará el caso en el CU. Esta inercia y poco eficaz accionar en la toma de decisiones, arrastra consigo a todos los procesos administrativos de la universidad.

Estos organismos, a veces parecen estar de espaldas al ordenamiento jurídico venezolano. Los consejeros son una suerte de parlamentarios con inmunidad total, pueden acusar y juzgar a su acusado porque ignoran el significado de la inhibición. Interpretan y reinterpretan sus propios acuerdos y resoluciones; se alejan o acercan adrede de la ley de procedimientos administrativos. Pero lo más insólito del caso, es que estos funcionarios se distraen de sus verdaderas tareas ocupados en pequeños detalles de su encogido mundo. De tal manera que relegan los grandes problemas y asuntos de la docencia, la investigación y la inserción universitaria en el desarrollo de las localidades y el país.

¿Cómo iniciar la transformación?

Sin embargo, a pesar de ser los organismos de cogobierno y buena parte de las autoridades universitarias, secundados por el clientelismo universitario, los principales obstaculizadores de los procesos de transformación de la universidad, estas instancias, principalmente el CU, aún tienen la oportunidad histórica de decretar desde adentro la renovación, transformación o reestructuración o como quisieren bautizarla. Deben descongestionar sus funciones mediante la creación de nuevos y dinámicos organismos de cogestión y de mayor participación. Para ello los consejos universitarios tienen necesariamente que aprobar un período breve de transición lo cual, obviamente, significa su disolución tal y como están concebido. Claro está que para ello es imperativa una amplia convocatoria de voluntades y de ideas. Una transición que vaya de la mano con una nueva ley de universidades y de educación superior. Pero, es fácil deducir que este escenario, presenta toda la oposición que podamos imaginar por parte de los que hoy ejercen y quisieran seguir en el ejercicio del poder universitario.

Ahora bien, si los organismos de cogobierno no tienen la hidalguía histórica de tomar esta iniciativa, entonces quedan dos escenarios posibles: El primero, que ya está en el ambiente, el de un movimiento interno creciente de universitarios que empuje las reformas. Una verdadera revolución interna que motorice los cambios con propuestas y movilizaciones constantes. El segundo sería la presión externa, en la cual la sociedad, el pueblo, reclamará de sus universidades que se pongan en sintonía con las tendencias internacionales y con los procesos de cambios que vive el país. Estos reclamos, no vendrían precisamente del gobierno, sino de los sectores académicos, de la sociedad civil organizada, de los jóvenes, de los padres y madres que más temprano que tarde exigirán cambios en la legislación universitaria.

Lo deseable sería que el proceso comience desde adentro e integre a todos los interesados hasta llegar a los necesarios consensos donde los haya y la superación de los disensos por vías democráticas. Porque si la universidad venezolana no emprende de manera visible y con resultados palpables su reestructuración, inevitablemente perderá su esencia universal, su diversidad; continuará aislándose de la realidad nacional y mundial y se desdibujará como espacio para la discusión de los grandes asuntos de la humanidad y de sus alternativas de solución. Los universitarios (a) integrales, los que han hecho de la búsqueda del saber su vocación y razón de ser estamos obligados (a) evitar tan oscura posibilidad.

 

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