La asociación que solicita, se queja con base en los artículos 9, 10, 11 y 14, de la suspensión de su registro y actividades religiosas, y con base en el Artículo 6, se queja de negación de acceso a la Corte. La asociación solicitante también se queja, invocando Artículos 9 y 10 de la Convención de una supuesta campaña de los medios de comunicación en su contra.
La asociación solicitante sostiene que la suspensión de su registro y actividades constituye una interferencia con sus derechos bajo los artículos 9, 10 y 11 de la Convención, y que tal interferencia es ilegal pues no persigue ningún objetivo legítimo, y en todo caso, desproporcionado ante cualquier intención legítima.
Obraron en seguimiento de una enmienda a la Ley adoptada en 1994, en virtud de la cual, las asociaciones de naturaleza religiosa tienen que obtener una autorización del Consejo de Ministros y renovar su registro. El Consejo de Ministros rechazó la solicitud de la Asociación aplicante, para registrarse nuevamente. La asociación solicitante apeló, sin éxito, a la Corte Suprema. Acto seguido las autoridades dispersaron sus reuniones, arrestaron a algunos de sus miembros en varias ocasiones, confiscaron libros religiosos y tomaron otras medidas para suprimir sus actividades.
La Asociación solicitante sostiene que la decisión del Consejo de Ministros de 24 de Junio de 1994 que rechazó la solicitud de registro de la asociación era arbitraria e ilegal, tomada de manera secreta, y que no contenía razones. Esta decisión fue interpretada por las autoridades como una prohibición oficial para practicar la religión de los testigos de Jehová, y dió base a una supresión brutal y persistente de sus actividades mediante acciones ilegales de la policía. Lo que es mas importante se lanzó una campaña en los medios de comunicación contra los Testigos de Jehová.
Con relación al supuesto involucramiento de niños, la asociación solicitante sostiene que los niños no pueden ser miembros de la asociación, sino que solo participan, junto con sus padres, en las actividades religiosas de la comunidad. Respecto al rechazo de las transfusiones de sangre, la Sociedad solicitante sostiene que no existen sanciones religiosas para los Testigos de Jehová que escojan aceptar sangre, y por tanto el hecho de que la doctrina religiosa de los Testigos de Jehová esté contra las transfusiones de sangre no puede incluirse como amenaza a la "salud pública".
Respecto al rechazo de los Testigos de Jehová a portar armas, la asociación solicitante afirma, inter alia, que la Constitución búlgara provee servicio alternativo para objetores de conciencia, y que por tanto el rechazo a portar armas no puede ser ilegal o contrario a la seguridad nacional, de acuerdo con la ley búlgara. También la asociación solicitante, niega la acusación de que los Testigos de Jehová buscan y promueven una sociedad teocrática.
La sociedad solicitante sostiene que las autoridades ni siquiera han intentado buscar un equilibrio entre los intereses individuales y públicos. Mas allá Bulgaria es el único miembro del Consejo Europeo que se ha rehusado a registrar a los Testigos de Jehová.
La Sociedad solicitante también sostiene que se ha quebrantado el Artículo 6 de la convención debido a que su derecho a ser registrada como persona legal fué determinado por el Consejo de Ministros, y que la Corte Suprema declinó examinar los méritos de la disputa.
El gobierno se sostiene en la que la Solicitud de Registro es inadmisible.
El Gobierno sostiene que la sociedad solicitante no tiene locus standi para efectuar una aplicación bajo el Artículo 25 de la convención, debido a que no tiene personería legal, y por tanto, no puede quejarse de supuestas violaciones a sus miembros.
El gobierno sostiene además que la Sociedad aplicante no ha agotado todas las posibilidades internas, de acuerdo con el significado del Artículo 26 de la Convención, debido a que no ha sometido una solicitud para renovar el registro ante la Corte de la Ciudad de Sofía. Desde el punto de vista del gobierno la suspensión del registro de la Asociación no proviene de la decisión del Consejo de Ministros de rechazar la autorización, sino que sucedió el 22 de Mayo de 1994, cuando venció el plazo de tres meses fijado por la Corte de la Ciudad de Sofía para la renovación de registros.
El Gobierno sostiene además que la solicitud es extemporánea debido a que ha expirado el tiempo límite, de seis meses, establecido por el Artículo 26 de la Convención que empezó a correr desde el 22 de Mayo de 1994, debido a que fue introducida cuando el término había vencido.
El Gobierno también sostiene que ni la Sociedad aplicante ni sus miembros han agotado los mecanismos internos existentes que tienen disponibles, con relación al hecho particular de supresión de sus actividades.
El Gobierno también afirma que las quejas están manifiestamente mal fundadas. Sostienen que no ha habido interferencia con lo derechos señalados en el Artículo 9 de la Convención, debido a que la suspensión del registro y actividades no tiene nada que ver con el derecho de cada individuo testigo de Jehová de practicar su religión. Con relación al Artículo 14 de la Convención el Gobierno sostiene que la autorización no fue negada debido a que la asociación solicitante representa una amenaza a la sociedad, ni basado en el hecho de que represente una religión “no tradicional”. Toma en cuenta que un número de cultos y asociaciones de varias tradiciones religiosas han sido registrados en Bulgaria.
El gobierno afirma que la tarea de dar autorización a asociaciones religiosas ha sido encargado al Consejo de Ministros, que examina sus ideas y prácticas. La decisión del Consejo de Ministros fué publicada sin las consideraciones, debido a que bajo la ley búlgara el Consejo de Ministros no tiene obligación de dar a conocer las razones de sus decisiones. Con relación a los procedimientos ante la Corte Suprema Administrativa, el gobierno sostiene que la corte no era competente para examinar “lo correcto” de la decisión. En vista de la competencia limitada de la Corte Suprema Administrativa, y teniendo en cuenta la ausencia de un requerimiento explícito por parte de la asociación, el Consejo de Ministros, en estos procedimientos no presentó evidencia de las prácticas peligrosas e ilegales de la asociación solicitante.
Sin embargo, el gobierno sostiene que la doctrina religiosa de los testigos de Jehová contiene ideas y cánones que son contrarios a la Constitución y que ponen en peligro la salud pública, la seguridad nacional, y los derechos y libertades de otros.
El Gobierno sostiene que los niños participan en las actividades religiosas de la asociación sin el consentimiento de sus padres, que los profesores y maestros que pertenecen a la asociación predican en las escuelas a los menores, que los Testigos de Jehová enseñan irrespeto a las instituciones democráticas, emblemas nacionales, e instan a sus adeptos a desobedecer la ley si es contraria a la “ley divina”, que los testigos de Jehová rehusan portar armas y prestar servicio público, y que buscan el establecimiento de una sociedad teocrática. El Gobierno también considera que la doctrina de los Testigos de Jehová no tiene respeto por la vida humana, debido a que requiere que sus miembros rechacen transfusiones de sangre aunque esto conlleve a la muerte.
El Gobierno concluye que la suspensión del registro de la asociación solicitante era una medida preventiva necesaria. En vista de la doctrina peligrosa y el proselitismo de los Testigos de Jehová, las autoridades búlgaras debieron actuar sin espera a que sus actividades generaran consecuencias graves e inevitables.
La Comisión considerará los méritos de la solicitud y se declara a disposición de las partes con mira a lograr un arreglo amistoso de este asunto con base en el respeto a los derechos humanos, como los define la Convención (Artículo 28 par.1(b)). Si se tiene éxito en la obtención de un arreglo amistoso, la Comisión enviará un informe al Comité de Ministros del Consejo Europeo, que contenga un resumen breve de los hechos y del acuerdo alcanzado. (Artículo 29 par. 2)
De otra parte, si no se logra una solución, la Comisión emitirá un Informe de los hechos y manifestará su opinión sobre si los hechos evidencian una violación del Gobierno de Bulgaria a sus obligaciones bajo la convención. El Informe se transmitirá al comité de Ministros que decidirá el asunto a menos que se envíe el caso a la Corte Europea de derechos Humanos, por parte de la Comisión o del Gobierno de Bulgaria.
Analice usted mismo el contenido de este acuerdo en el caso de la Asociación Cristiana de "Testigos de Jehová" v. Bulgaria
