ITALIA: EL GOBIERNO ESTUDIA UN ACUERDO CON LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
Sorpresa por el reconocimiento de una secta que demoniza al propio Estado
ROMA, 7 dic (ZENIT).- El Gobierno italiano está estudiando la posibilidad de llegar a firmar un acuerdo con la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. La decisión cuanto menos es polémica ya que los testigos profesan creencias que en muchos casos rozan la autoexclusión de la sociedad como es el caso de no permitir las transfusiones de sangre o no aceptar el servicio militar y otras disposiciones legales. Diversos jueces han tenido que fallar a favor de menores, en peligro de muerte por serles negada una transfusión por parte de sus padres pertenecientes a la secta.
Presentes en Italia desde 1903, y considerados la segunda o tercera presencia religiosa más importante (los musulmanes reivindican ser la segunda), los Testigos buscan ahora un entendimiento con el Estado, al que ellos mismos demonizan en su doctrina, considerándolo como obra del mismísimo Satanás y animando a sus miembros a la desobediencia a las leyes en muchos casos.
Este grupo, que algunos consideran destructivo, goza desde 1976 en Italia del estatus de Instituto de Culto, con todas las prerrogativas que comporta: sus ministros pueden celebrar matrimonios con efectos civiles, pueden realizar su apostolado en cárceles y tienen una amplia libertad para llamar a las casas y difundir su doctrina.
En un artículo reciente de «Civiltà Cattolica», el padre Giuseppe De Rosa afirmaba que los testigos de Jehová «no son cristianos» porque han «falsificado la Sagrada Escritura», no tienen una vida «propiamente religiosa» y lo que es quizá peor, sufren de parte de la organización «una especie de plagio mental» que induce a romper toda relación humana con quien no forma parte de su organización. Todas ellas características de una secta o grupo destructivo.
Según afirma hoy en el diario italiano «Avvenire» Elio Bromuri, el Estado italiano debería reflexionar ante la firma de un acuerdo con un grupo que «interfiere en modo negativo u opuesto a las reglas de la convivencia civil». «La libertad de conciencia que el Estado debe garantizar no puede estar en contradicción con la salvaguarda de los demás derechos humanos y civiles que también deben ser garantizados a todos los ciudadanos, incluso a los miembros de estas comunidades o congregaciones, a sus cónyuges y a sus hijos. El estado no debe comportarse con superficialidad en una materia que podría estar impregnada de engaños, sufrimientos e imposiciones».
Desde hace tiempo han nacido en Europa diversos observatorios y comisiones de investigación y estudio de los nuevos movimientos religiosos y de las sectas. Estos organismos cuentan con una abundante documentación sobre estos grupos. El Estado italiano, afirma Bromuri, debería informarse bien a través de estas comisiones formadas por juristas, psicólogos y expertos en el campo religioso, con el fin de evitar que, con su aval, se cometan delitos y abusos.
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