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Política Papá Gobierno sigue siendo un gordito En parte al desinterés de Fox y en parte a los diputados que discretamente han elaborado nuevas leyes al respecto, el adelgazamiento del Estado mexicano ha sido mínimo durante el presente sexenio. Aquí está una peligrosa burbuja inflacionaria para el 2006. Las
privatizaciones fueron las primeras víctimas una vez concluido el sexenio
salinista pues se les relacionó directamente con la crisis económica que
estalló en diciembre de 1994. No obstante lo débil del argumento (el
salinismo fue uno de los régimenes más gastalones; lo que se puso a la venta
representaba menos del 7.4 por ciento del aparato gubernamental total, cifra
bastante baja), la bola rodó hasta convertirse en axioma. Durante los seis
años de Ernesto Zedillo continuaron algunas privatizaciones aunque fueron
perdiendo fuerza conforme envejecía el sexenio. Con su incongruencia característica, el PRI comenzó a
proferir a través de los líderes sindicales de los principales mastodontes
estatales (Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, entr otros) el peligro de que un posible
gobierno foxista "hiciera trizas las conquistas sindicales" y
"pusiera en la calle" a la élite burocrática; Joel Ayala, líder de
la burocracia nacional, fue aún más allá: "Existe hoy más que nunca el
peligro de ver cómo el Estado pierda su razón social en caso que la oposición
alcance el poder". La posición era totalmente incoherente pues el
Ejecutivo, por entonces priísta, estaba convencido de la necesidad de
recortar el gasto público lo cual no hizo por temor a perder votos
electorales, lo que de todos modos ocurrió. "Si el nuevo gobierno pretende arrancar nuestras
conquistas sindicales (traducción: eliminar plazas burocráticas innecesarias)
se topará con un sector obrero organizado y decidido", señaló el recién
fallecido Leonardo Rodríguez Alcaine poco después de las elecciones. Sin
embargo, desde ese día hasta los primeros meses del nuevo gobierno, el sector
burocrático parecía resignado a perder sus cotos de poder. Después de todo el
presidente Fox había mostrado tener gran apoyo popular, pues todavía en aquel
entonces Acción Nacional no utilizaba la fórmula del acarreo. Sin embargo nada ocurrió. El gabinete foxista optó por
mantener el altísimo gasto corriente gubernamental heredado de gobiernos
anteriores, y si bien topó algunos agujeros por los cuales se fugaba gran
cantidad de recursos, la dieta ha sido mínima. La herencia burocrática del
actual gobierno federal será alta, tanto o más que la dejada por Ernesto
Zedillo en el 2 mil. Uno de los economistas más conocidos de México, el
veracruzano Luis Pazos, ha enfatizado en muchos de sus libros la necesidad de
reducir el gasto gubernamental, causante de las espirales inflacionarias que
México experimentó durante los años setenta y ochenta. Aunque eran claras sus
simpatías blanquiazules, Pazos se afilió oficialmente al PAN donde fue
candidato a la gubernatura en su estado natal contra un Miguel Alemán Velasco
quien contaba con muchísimos más recursos y el apoyo implícito de Televisa.
Alemán ganó por un escaso margen. Pazos mantuvo la misma posición atgiburocrática que
incluía, entre otras cosa,s la urgente privatrización de Pemex. Sin embargo en el 2 mil fue elegido diputado federal,
cargo que ocurrió por dos años hasta que uno de los principales ideólogos de
reducir el tamaño del gobierno ocupó la dirección de Banobras,
tradicionalmente un puesto "de consolación" que, sin embargo,
reditúa 65 mil pesos mensuales a quien lo ocupa. La presión de la gordura Durante mucho tiempo el gobierno mexicano anunciaba sus
cifras respecto al número de burócratas sin que nadie las cuestionara. Sin
embargo al finalizar cada sexenio resultaba que los números habían sido
minimizados y, en el mejor de los casos, disfrazados con los argumentos más
inverosímiles. Uno de ellos, que para realizar mejor su labor, el Estado
requiere de mayor personal y más recursos. El argumento es por supuesto una falacia pues, de 1970
a 1992, el Estado incrementó en un 3,400 por ciento su gasto público (1) sin
que ello lo haya hecho más eficiente; en 1970 había en México 106,789
burócratas para una población de 36 millones; 22 años después había 4,308,400
empleados públicos para una población de 80 millones sin que ello haya
representado mayor eficacia por parte de los burócratas ni mejor calidad en
los servicios que presta el Estado. Parte del maquillaje gubernamental de entonces indicaba
que los burócratas eran "sólo aquellos que laboraban a nivel
federal" cuando en realidad debiera incluirse a todo aquél que cobra su
sueldo en una nónima oficial. Aunque los empleados estatales y municipales no
cuentan en las cifras, en realidad también son burócratas pues reciben cheque
del erario federal; lo mismo sucede con el más del milón de personas
registradas en la nómina del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), el más grande de América Latina y del cual muchos de
quienes cobran sueldo ahí rechazarían ser llamados bucrócratas aunque sí lo
sean. La venta de Teléfonos de México, la reprivatización de
la Banca y de Imevisión representaron una disminuición de 55 mil empleados
públicos en total, cantidad muy baja si la comparamos con lo que en realidad
el Estado mexicano necesita adelgazar. Según las cuentas de Pazos, el
gobierno podría cumplir a cabalidad sus compromisos con la sociedad con menos
de 900 mil bucrócratas, lo cual indicaría que tres de cuatro trabajadores en
el gobierno federal están de sobra. Presiones futuras Cuando el gobierno federal engancha un trabajador
prácticamente le transferirá un sueldo durante los siguientes 40 años. Lo
irónico aquí es que, a lo poco trabajado como empleado activo, se deberán
sumar unas dos décadas en promedio transcurridas al retiro del empleado
público, que en el caso del CFE o IMSS, ocurre antes de llegar a los 50 años
de edad. Dicho de otro modo, los contribuyentres deben idemnizar a un ex
empleado con la mayoría de sus facultades cuando en una empresa privada la
jubilación generalmente ocurre a los 65 años. Dada la prolongación de vida del mexicano --en 1940 era
de 59.5 años; en el 2000 se ubicaba en los 67.5 años-- es previsible que del
2015 en adelante las pensiones de los burócratas retirados en edad temprana
se convertirán en peligroso detonante inflacionario. La medida aprobada en el
IMSS el año pasado no es suficiente, máxime si otras instituciones como el
ISSSTE se encuentran técnicamente quebradas por lo cual se ha privado de
material quirúrgico y la compra de material moderno por el pago puntual de
sueldos a sus ex empleados. Si a ello agregamos el alto gasto corriente del
gobierno federal (relativamente controlado pues existe mayor vigilancia en
los recursos y se han evitado las obras faraónicas inútiles), se avizora para
el electoral 2006 una importante burbuja inflacionaria. El peligro aquí estriba en que, en caso de sortear
exitosamente el periodo preelectoral del año siguiente, la administración
entrante pudiera romper esa disciplina fiscal que hasta ahora ha mantenido el
gobierno foxista. En tal caso nos encontraríamos ante un panorama
inflacionario de serias consecuencias. Papá Gobierno sigue siendo un gordito. Si en el futuro
inmediato no se le somete a dietas o, peor aún, se le vuelve a atiborrar de
golosinas populistas la probabilidad de que todos paguemos los efectos de su
gordura serán iguales o peores a la factura que tuvimos que pagar durante la
funesta docena trágica 1970-1982. ----- (1) Zaid, Gabriel, La economía
presidencial, Grijalbo, 1997. |