La mañana del miércoles pasado, la oficina de Oxfam America se movía como cualquier otro día. Si bien fue el centro generador de información, nunca pensó la revolución que plantearía más al sur, cuando algunas llamadas telefónicas confirmaban lo aparecido a través del servicio LI de factortierra.

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El Reporte Moran, tanto tiempo esperado, aparecía con una bucólica fotografía de Tambogrande, como portada, y contenidos que no hacen más que confirmar lo que su autor, el hidrogeólogo Robert Moran, dijo en mayo pasado: la tierra guarda más de lo que dice Manhattan, por lo cual, ésta ha obviado información que descalifica su estudio de línea base.

Esto implica que la tierra, además de oro, plata, cobre y zinc, contiene otros elementos que en contacto con la atmósfera, o las fuentes de agua, puede resultar letal.

Amén de los usuarios de factortierra LI, la mesa de ONGs que monitorean el tema y varios entendidos, el real impacto de la noticia recién se sentirá a partir de hoy, cuando se presente al gran público el íntegro del estudio.

Manhattan, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre el particular, pero no se descarta que lo haga, a su estilo, a partir de este lunes.

Y es que, como Moran lo adelantara hace tres meses aproximadamente, el estudio no favorece en absoluto a la compañía minera: "Manhattan no debe seguir adelante con el proyecto Tambo Grande sin el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones potencialmente afectadas", recomienda.

La razón radica en el hecho que la gente no está de acuerdo con la actuación de la empresa en el valle frutícola de San Lorenzo. De hecho, una encuesta independiente aplicada entre el 2 y el 5 de este mes, en Tambogrande y alrededores, revela que cuatro de cada cinco pobladores están "en contra" de la explotación de la mina en Tambogrande (ver columna a la izquierda).

El sondeo, aplicado por Roldan Muradian, del departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona (España) incluyó una muestra de 415 hombres y 160 mujeres, tanto del campo como de la ciudad de Tambogrande, aunque la proporción no corresponde a la realidad demográfica del distrito (tres habitantes rurales por uno citadino), pues tomó 163 del campo y 412 de la ciudad.

Sin embargo, corrobora lo que Moran sostiene en su informe: "El nivel actual de oposición al proyecto, sugiere que este consentimiento no existe en este momento."

Contra lo que puedan decir Manhattan y sus defensores, el informe hace hincapié en la carencia de información sobre los detalles de las investigaciones, requisitos de acceso a inversión y estándares internacionales de trabajo.

Al respecto concluye que "los ciudadanos interesados no tienen las bases científicas o técnicas con las cuales emitir un juicio sobre las afirmaciones que la compañía Manhattan ha hecho con referencia a los futuros impactos ambientales", por lo tanto recomienda no emitir juicio hasta que no se tenga el conocimiento suficiente para hacerlo.

Pero qué implica tener todo el conocimiento. Basándose en la encuesta de Muradian, siete por cada diez reconoce que falta información sobre los efectos positivos y negativos del proyecto. Eso implica mandar la pelota a campo minero, y exigir juego limpio.

Recientemente, Manhattan ha comenzado a admitir de a pocos la posibilidad de alta contaminación en caso de explotación minera, pero de inmediato ha añadido que las condiciones estarán controladas mediante aplicación de tecnología de punta: cortinas forestales contra el polvo.

Se supone que el estudio de impacto ambiental se presentará al público en una audiencia en diciembre, si es que la empresa no decide seguir posponiéndolo. Moran desde ahora adelanta que basándose en las evidencias anteriores, el estudio podría estar incompleto y por lo tanto ser inválido, o –lo que le duele a la minera—no pasar la prueba de los estándares internacionales.

Tal ‘atrevimiento’ levantó el cotarro y la indignación de la sede de Minera Manhattan (una de las dos empresas que tiene en Perú), y su prinicipal oficial, Roberto Obradovich, quien casi de inmediato, desestimó y desautorizó a Moran, incidente sucedido por una confusión por causa de la acusación de que las ONGs de la Mesa Técnica estaban apoyando al terrorismo.

La respuesta fue la condena del clero piurano, y las ofensas y contraofensas de quienes están a favor y en contra del proyecto minero.

Pero como el Ministerio de Energía y Minas, Manhattan y hasta la Mesa Técnica se han llenado la boca diciendo que la decisión final la toma el pueblo, éste va tomando conciencia de lo que le toca: tres por cada cinco se aferran a la consulta popular como mecanismo para darle o no el visto bueno a la minería en el valle de San Lorenzo.

De ese 58 por cien, un poco más de la tercera parte sostiene que los llamados a participar son única y exclusivamente los pobladores del valle de San Lorenzo, entendiéndose como el área de la irrigación, que abarca todo el distrito de Tambogrande y Las Lomas, el este de Sullana y el norte de Chulucanas.

Si sumamos los que prefirieron a la gente sólo de Tambogrande, de San Lorenzo y Tambogrande, y del distrito de Tambogrande, tenemos un 43 por cien de respaldo frente a un bloque en el que casi cuatro por cada cinco no dejarán que otros que no vivan en el valle decidan su destino, un destino que de ser aunque sea mínimamente desfavorable será rechazado de plano por una proporción similar de pobladores.

El gran problema para el Gobierno es que la población no le tiene confianza.

El terreno está listo para una nueva confrontación, donde otra vez faltarán herramientas para razonar, pero sobrarán razones para agredir.

Y como más vale prevenir que curar heridos, la Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura y Tumbes ha emprendido una campaña de capacitación (sobre estas líneas) dirigida a los pobladores de Tambogrande donde pretende reflexionar sobre el conflicto originado por Manhattan, para ser promovido y comentado en los foros donde la gente se desenvuelva.

Por eso, la metodología busca reunir a la gente de acuerdo a sus especializaciones y trabajar propuestas particular, que luego se articularán en una plataforma que, según los organizadores, deben ponerse en marcha al instante. No hay límite de edad ni conocimiento.

Alejandro Silva, asesor legal de la Diaconía, sostiene que este será uno de tantos cursos: 150 participantes en tres sedes en Tambogrande y otra para jóvenes y comuneros en el caserío de Malingas.

Al final se busca que la población adquiera poder y "mayores elementos para tomar una decisión".

Diaconía no ha descubierto la pólvora, pero está, por así decirlo, proveyendo los ingredientes. La gente está volviendo los ojos a lo valioso de su pueblo –agricultura y conexos en abundancia—y a partir de allí ser los arquitectos de su propio futuro.

El informe Moran, en todo caso, da herramientas de nivel técnico a la gente, para darse cuenta que no pueden confiar en quien no dice la verdad, aunque recientemente la empresa se está cuidando de no repetir errores pasados, como decir cosas distintas a públicos distintos.

Moran, de pronto, ya advirtió: "El Estudio Ambiental de Línea de Base (Julio 2000), es un estudio de calidad extremadamente mediocre, y no sería aceptable como el segmento de línea de base de un Estudio Ambiental en el país de origen de la empresa Manhattan en Canadá, en los Estados Unidos, o en Europa Occidental."

Hasta ahora, la empresa no ha respondido satisfactoriamente a este y otros cuestionamientos, y siempre se ha defendido desautorizando a especialistas, pero no ofreciendo razones de vuelta. Esperar hasta la presentación del EIA es una suerte de ruleta rusa, donde la peor parte siempre la lleva el menos protegido.

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